Santos Cerdán ha comparecido a las 10.00 de la mañana en el Tribunal Supremo para declarar por primera vez como investigado por la supuesta trama de reparto de mordidas a cambio de la adjudicación irregular de obra pública en la época de José Luis Ábalos como ministro de Transportes.
El exdirigente socialista ha llegado al alto tribunal, a las 09:49 horas, entre gritos de "corrupto" y "sin vergüenza", para su cita ante el juez Leopoldo Puente. Investigado por presunta organización criminal y cohecho, el exnúmero tres del PSOE ha negado tajantemente su implicación en ningún reparto de mordidas y, a preguntas de su abogado, ha negado haber intervenido en adjudicaciones públicas a cambio de supuestos cobros irregulares.
Cerdán denuncia una persecución política
Tras negar los hechos por los que se ha declarado en calidad de investigado, y que le sitúan a la cabeza de la presunta trama, Santos Cerdán ha atribuido la apertura de la investigación judicial a una persecución política por haber negociado la investidura de Pedro Sánchez con PNV y EH Bildu.
Durante su declaración ha afirmado que el siguiente en ser perseguido será el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por haber negociado con Junts, según informan fuentes jurídicas. Sobre uno de los principales indicios de esta causa -las conversaciones que durante cuatro años grabó Koldo García- Cerdán se ha limitado a anunciar que solicitará una prueba pericial de dichas grabaciones.
Tras escuchar su versión de los hechos, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado que dictamine prisión provisional sin fianza ante la existencia de riesgo de fuga y reiteración delictiva, y por su supuesto liderazgo de una presunta organización criminal.
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que en el caso de Cerdán existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Las acusaciones populares, cuya dirección letrada dirige el PP, también han reclamado al instructor que ordene el ingreso en prisión. Cabe destacar que tras escuchar a Ábalos y Koldo García, ni juez ni Fiscalía vieron necesario dictaminar el ingreso en prisión para ninguno de los dos.
Informe Cerdán
La comparecencia del exsecretario de Organización del PSOE se produce tras revelarse el contenido del denominado 'informe Cerdán'El informe de la UCO fue hecho público el pasado 12 de junio.
Cautelares
El magistrado ya avanzó que, tras tomar declaración a Santos Cerdán, valoraría la adopción de medidas cautelares como hiciera con los otros investigados: Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama. A los tres, a petición de Fiscalía, les impuso la prohibición de salir del Estado español, les retiró el pasaporte y dictamino su comparecencia cada 15 días ante una sede judicial.
Ábalos niega los audios y Koldo calla
José Luis Ábalos, en su declaración ante el juez, dijo que no se reconocía en los audios recogidos en el informe de la UCO, sugiriendo que podrían estar manipulados. El exministro también negó cualquier implicación en adjudicaciones irregulares o el cobro de comisiones, mientras que su exasesor, Koldo García, optó por guardar silencio en su segunda comparecencia ante el Supremo.
Según los agentes de la UCO la implicación de Cerdán en el caso es clave y la presunta trama habría nacido en 2015 en Navarra, área de influencia de Cerdán y Koldo García. Los agentes de la Guardia Civil sitúan a ambos como protagonistas de una trama que creció a medida que ellos y, posteriormente Ábalos, fueron ganando relevancia política.
Los investigadores de la UCO sostienen que el rol de Cerdán en estas supuestas corruptelas fue modificándose con el paso de los años. Tras el ascenso de Ábalos y Koldo al Ministerio de Transporte su papel habría menguado al de un gestor de "pagos", pero tras la caída de ambos Santos Cerdán habría vuelto a tomar los mandos.
La Guardia Civil sostiene que los contratos de obra pública que se investigan fueron adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros, aunque se les adeudarían 450.000 euros.
Servinavar
Uno de los puntos del interrogatorio a Cerdán se ha centrado en el contrato privado hallado el pasado 10 de junio, en el registro de la casa del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola. El documento, aportado al Supremo, refleja que en 2016 -un año después de que se iniciara la presunta trama- el exdirigente socialista adquirió por 6.000 euros el 45% de Servinabar.
El informe del UCO refleja que esta empresa, en la que Alonso Egurrola figura como administrador único, recibió más de 75 millones de euros en adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno navarro. Fuentes de la defensa de Cerdán cuestionaron la validez de dicho documento, al reducirlo a "un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público" y, por tanto, "no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno".
Sin embargo, el Consejo General del Notariado ha explicado que los contratos privados no elevados a escritura pública, como sería el caso, surten efectos entre los firmantes, aunque no ante terceros, al tiempo que ha advertido de que suelen buscar la ocultación del verdadero propietario. La tanda de declaraciones de imputados que desencadenó el 'informe Cerdán' seguirá el próximo viernes, con las de los empresarios Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de OPR, y José Ruz, vinculado a LIC. El 7 de julio será el turno del Alonso Egurrola y Fernando Merino, ex directivo de Acciona Construcción.
