Cuatro periodistas de 'El País' han asegurado en el Tribunal Supremo que sabían que Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— tenía intención de reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto con la Fiscalía antes de que lo supiera el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. También han manifestado que dicha información no la obtuvieron de la Fiscalía General del Estado, sino de fuentes fiscales vinculadas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Fuentes presentes en el interrogatorio han confirmado a Europa Press que así se han pronunciado este viernes durante su declaración como testigos en la causa en la que se investiga a García Ortiz y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, investigados por el presunto delito de revelación de secretos que habrían cometido contra el novio de Díaz Ayuso.
Los testigos han ratificado ante el magistrado Ángel Hurtado el acta notarial que "recoge y autentifica el contenido de los mensajes de WhatsApp y correos electrónicos" que intercambiaron con el abogado Carlos Neira, quien envió el 2 de febrero de 2024 el correo en el que ofrece que González Amador reconozca dos delitos a cambio de un pacto con la Fiscalía. Se trata del correo electrónico por el que está investigado el fiscal general.
Las conversaciones recogidas en dicha acta notarial también fueron incluidas en una noticia publicada por 'El País' el pasado 20 de enero: "Las pruebas de un 'secreto' difundido al menos 31 horas antes de que lo reclamara el fiscal general".
En ese texto, los periodistas relataban que tenían conocimiento del acuerdo de conformidad que proponía la defensa de González Amador antes de que el fiscal general reclamara dicha información a sus subordinados con la intención de desmontar la noticia de 'El Mundo' que decía que había sido la Fiscalía quien había ofrecido el pacto. Los de 'El País' aseguraban también que se habían enterado por fuentes fiscales vinculadas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la Audiencia de Madrid; no por la Fiscalía General.
Este viernes, los redactores han ratificado ante el Supremo que son los autores de dicha información periodística y han defendido la veracidad del texto. Según han insistido, la fuente no era la Fiscalía General del Estado y la información la tenían el 12 de marzo, a las 13.30 horas; es decir, 31 horas antes de que García Ortiz reclamara el cruce de correos entre la defensa y el Ministerio Público para llegar a un pacto.
Las fuentes consultadas, además, han indicado que los periodistas aportarán al procedimiento otros mensajes —que no están incluidos en el acta notarial—. Se trata de conversaciones que demostrarían que también contactaron con el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, la noche del 13 de marzo.
La Abogacía del Estado pidió al magistrado que citara a dichos periodistas al considerar que el acta notarial es "especialmente relevante para acreditar que la información relativa a la voluntad de reconocimiento de los presuntos delitos fiscales" por parte de González Amador y su abogado "era ya conocida por diversos profesionales de la información con anterioridad a cualquier intervención o conocimiento por parte" del fiscal general del Estado.
Recta final
Se espera que estas sean una de las últimas pesquisas que se celebren en la causa que comenzó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La investigación se centró en un principio en la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 para dar detallada cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal a cargo de la investigación fiscal, Julián Salto.
Cuando el caso saltó al Supremo el pasado octubre, el alto tribunal abrió causa contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, pero descartó la entidad delictiva de dicha nota de prensa.
No obstante, en los meses transcurridos desde que el Supremo encausara a García Ortiz, los hechos investigados se han ido ampliando hasta abarcar otra vez el citado comunicado y las presuntas filtraciones de las propias pesquisas contra González Amador y del correo electrónico que su defensa envió el 2 de febrero de 2024 ofreciéndose a reconocer los delitos fiscales a cambio de pactar.
