Cuando falta poco más de un año para que se celebren las elecciones municipales y forales de mayo de 2027, la investigación judicial a tres exconcejales del PNV en Getxo por el derribo de un palacete y el suministro de vacunas caducadas a un centenar de bebés en Osakidetza han entrado de lleno en la batalla política. Y este contexto ha servido a Arnaldo Otegi para tratar de presentar otra vez a EH Bildu como un partido con “cero” casos de corrupción y para reivindicar que, además, fue su grupo quien sacó a la luz en los medios de comunicación lo ocurrido con las vacunas. Pero el PNV quiso frenar este viernes su ofensiva y desactivarla constatando varios hechos: que EH Bildu tiene sentencias en su contra en Aramaio por irregularidades en la contratación pública aunque dice que tiene cero casos de corrupción y que, además, según denunció Esteban, aplica un doble rasero cuando los casos se producen en sus propias filas. El jeltzale le recriminó que solicitara la puesta en marcha de una gestora en el ayuntamiento de Getxo aunque la alcaldesa jeltzale no está siendo investigada y, por el contrario, Otegi exime de toda responsabilidad a una exalcaldesa de su partido en Zaldibar, que sí está siendo investigada. EH Bildu trata de debilitar la posición del PNV con el argumento de que los técnicos de la Diputación de Bizkaia liderada por los propios jeltzales redactaron los informes que validó la exalcaldesa de Zaldibar, pero el PNV se limita a constatar que no está respetando la presunción de inocencia que sí practica para los suyos.
En menor medida y en una breve referencia a preguntas de los medios de comunicación en su rueda de prensa sobre el curso político, el líder del PSE, Eneko Andueza, también interpretó que “la actitud de algunos no es la misma cuando las cosas ocurren en su casa”. Se refería al caso de Zaldibar, donde los socialistas quieren pasar factura a EH Bildu por la presión que ejerció sobre sus filas tras el colapso del vertedero. El departamento de Medio Ambiente lo dirigía Iñaki Arriola, y el alcalde de la localidad colindante de Ermua era Juan Carlos Abascal, que ahora es viceconsejero y ha recordado en sus redes sociales cómo aparecieron pintadas en las paredes que lo acusaban de ser un “terrorista medioambiental”.
Getxo y Zaldibar
Que el foco informativo permanezca sobre estas cuestiones no es un escenario cómodo para el PNV. Se enfrenta a la disyuntiva de encajar las críticas de la oposición, o bien rebatirlas y contraatacar en un momento político tan delicado como este en puertas de unas elecciones municipales. El riesgo de esa segunda opción es de que lo acusen de poner el ventilador y de incurrir en la estrategia del “y tú más”, que los propios jeltzales critican a PP y PSOE en el Congreso de los Diputados. Lo que hizo este viernes el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, fue aprovechar una pregunta en Euskadi Irratia para constatar en qué punto están las investigaciones que afectan a municipios de uno y otro partido. Le preguntaron si la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, tiene que dimitir. Y él contestó que debe mantenerse en el cargo porque “no está siendo investigada”, y “ha dado todos los pasos que debía dentro de la ley según lo establecido por los técnicos”. De inmediato, añadió que Bildu pide su dimisión, pero en el caso de Zaldibar su exalcaldesa está siendo investigada y no le pide responsabilidades.
Un juzgado de Getxo está investigando el derribo del palacete Irurak Bat de Algorta en agosto de 2024, a pesar de que fuera un edificio protegido a nivel municipal. Los tres concejales investigados han dejado el cargo, y dos de ellos formaban parte de la cooperativa que iba a construir unos pisos. La cuestión es que, en lugar de realizar una rehabilitación que mantuviera elementos como las fachadas originales, la promotora terminó derribando totalmente el palacete. Lo que dijo Esteban es que la alcaldesa “no dio autorización para derribar el edificio”, sino que “está bastante claro” que lo hizo “el promotor” sin autorización. El meollo de la cuestión es esa autorización, porque en algunos ámbitos se pone incluso en duda que pudiera derribarse parcialmente el edificio. De todos modos, Esteban añadió que, si surgieran nuevos datos, el PNV tomaría “medidas”. Pero, por lo que él sabe hasta ahora, la alcaldesa actuó con el aval de los informes técnicos, que solo contemplaban una rehabilitación parcial, una versión que también defendía estos días el PSE.
El presidente del EBB contrapuso esa actitud y la de EH Bildu, por ejemplo, en Zaldibar. El vertedero se derrumbó en 2020, y costó la vida a los trabajadores Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. La discusión que afecta a EH Bildu atañe al plan de general de ordenación urbana que reflejaba una realidad previa: el vertedero venía ocupando más terreno del que estaba permitido. Arnaldo Otegi dijo el jueves que la alcaldesa Arantza Baigorri se limitó a consolidar una situación que venía de lejos y que era “irreversible”, y que EH Bildu rechazó ampliar el vertedero. Según dijo, el plan tenía el aval de todos los técnicos, incluidos los de la Diputación de Bizkaia, y “la alcaldesa firma y suscribe lo que le ponen sobre la mesa”. “La alcaldesa dimitió después por cuestiones personales”, dijo, para desmentir que fuera una medida ejemplarizante. La exalcaldesa está siendo investigada.
Aramaio
Esteban añadió que, aunque Otegi dice que EH Bildu no tiene casos de corrupción, hay “condenas” que afectan al ayuntamiento de Aramaio, no solo investigaciones o denuncias. Habló de “dos condenas por corrupción en la contratación pública”. Se refería a las sentencias por la contratación de dos trabajadoras de Kultur Etxea y de una técnica en materia de euskera que, según se denunció, era allegada de la exalcaldesa Lierni Altuna. El PNV denunció en su momento que la sentencia acredita que los requisitos fijados en las bases para adjudicar la plaza “se cambiaron sin aviso una vez iniciado el proceso y, lo más grave de todo, la relación personal de la adjudicataria de la plaza con la anterior alcaldesa pudo ser determinante”.
Vacunas
Por otro lado, a Esteban le preguntaron si el asunto de las vacunas caducadas no tendría que haberse hecho público antes. Aquí no cuadran las versiones, porque EH Bildu dice que tuvo conocimiento de los hechos por sus propias fuentes entre el personal sanitario de Gipuzkoa, fue su grupo quien llamó al consejero para que se lo confirmara, y registró una batería de preguntas en el Parlamento e informó a la prensa. Esteban dijo que el consejero decidió dar a conocer el caso a los grupos, y que “era importante no generar alarma social”, pero EH Bildu “ha hecho lo contrario”. Atribuyó lo ocurrido a “un punto de inocencia” del consejero porque es un profesional sanitario (jefe de anestesistas en Cruces) y lleva poco en política. “Pensó que todos iban a actuar como él”, aseguró.
