El Gobierno de Pradales comienza a atajar la conflictividad en el sector público

El Gobierno vasco comienza a “desatar los nudos” de la conflictividad con los trabajadores del sector público, uno de los objetivos que se marcó el equipo de Imanol Pradales al comienzo de su andadura. El lehendakari fue investido el 20 de junio de 2024, y su primer aniversario se va a cumplir en un clima más sosegado en la Ertzaintza y en la educación tras los acuerdos que ha alcanzado su Ejecutivo con la representación sindical para actualizar sus condiciones laborales. 

Eran dos grandes focos de desgaste político para el PNV por la repercusión mediática de las protestas y por su afección en la ciudadanía, sobre todo, en el caso de la educación, donde sí se puede ejercer el derecho a la huelga, al contrario que en la Ertzaintza (aunque, en el caso de la Policía vasca, se temió un eventual paro encubierto a través de bajas médicas en la salida del Tour de 2023). 

En cuestión de dos meses, han cuajado el nuevo acuerdo regulador en la Ertzaintza para el periodo 2025-2028, que no se había renovado desde 2013 al margen de algunas mejoras puntuales; y el acuerdo con la enseñanza pública no universitaria, que se alcanzó en la noche del viernes para desactivar las huelgas que iban a empezar este lunes. El pacto en la enseñanza, a su vez, pone la guinda a una secuencia de alianzas con el sector que comenzó a finales del año pasado con la educación especial, haurreskolak, y el personal de limpieza y cocinas, tres ámbitos que llevaban entre 16 y 20 años sin acordar sus convenios. 

Ertzaintza: abandona el bucle de la subida lineal

En el caso de la Ertzaintza, el conflicto se remontaba al año 2013. El pacto con el departamento de Seguridad de Bingen Zupiria se basa en una subida salarial de 4.200 euros al año para cada agente como mínimo, aunque se va a plasmar por la vía del aumento de los complementos, es decir, en función de determinadas variables (por trabajar por las noches, trabajar en días libres, espectáculos, atención ciudadana...). 

Los aumentos salariales lineales, que eran la aspiración inicial de los sindicatos, son competencia del Estado español. Aunque el PNV tenía avanzado un compromiso con Pedro Sánchez para asumir esa potestad, el adelanto de las elecciones catalanas en 2024 y la renuncia de La Moncloa a aprobar unos nuevos Presupuestos han impedido que se materialice a día de hoy. En la anterior legislatura vasca, la negociación en la Ertzaintza había encallado en este punto, en el choque con los sindicatos sobre la posibilidad o no de acordar una subida lineal, hasta que finalmente ha sido posible el acuerdo sobre los complementos, aderezado también con grandes cifras: el impacto global de este convenio asciende a 45 millones. Zupiria, además, está inmerso en otra negociación con los sindicatos para que, en el año 2030, la plantilla alcance los 8.000 agentes, que es el máximo que permite el acuerdo firmado con el Estado en la Junta de Seguridad.

¿Por qué el acuerdo sí ha sido posible ahora? Los sindicatos Erne, Esan y Sipe atribuyeron el éxito de los contactos a una mayor voluntad de acuerdo de este Gobierno, y llegaron a decir que es el mejor acuerdo que han firmado en más de cuatro décadas en la Ertzaintza. Desde el mismo día en que tomó posesión del cargo, Zupiria apostó por el talante, se propuso alcanzar un acuerdo “razonable” con la Ertzaintza y, en entrevistas posteriores, se mostró comprensivo con la queja sindical sobre los 13 años sin convenio. Sin embargo, Zupiria venía de ser el portavoz del Gobierno de Urkullu, conocía los intentos de su antecesor Josu Erkoreka, y matizó públicamente que hasta hace poco los sindicatos no habían querido entrar en una negociación que no contemplara una subida salarial lineal, que no es legalmente posible. En ese sentido, recordó que Erkoreka ya intentó explorar el camino de los complementos salariales, sin éxito. Es un dato objetivo y público que Seguridad ofreció a los sindicatos en la pasada legislatura más dinero por trabajar en libranzas y festivos navideños; todo ello, dentro de un listado de 37 medidas con un impacto de 18 millones de euros. También es público que el Gobierno de Pradales había situado entre sus objetivos más inmediatos reducir esta conflictividad, y el impulso político parece claro.

Un contexto adverso en la anterior legislatura

Al anterior Gobierno le tocó lidiar en sus últimos compases con una concatenación de citas electorales (municipales y forales y generales, hasta las autonómicas de abril de 2024), así como con la creación de un colectivo asindical, Ertzainas en lucha, que pudo añadir un elemento distorsionador y de competencia con los sindicatos. Urkullu se quejó de manera reiterada de la conflictividad pública y privada y llegó a hacer un recuento de 2.700 huelgas desde 2012. La última legislatura del Gobierno de Iñigo Urkullu puso a prueba la resistencia de sus integrantes con un contexto mundial endiablado que pronto se hizo sentir en Euskadi, con las secuelas del coronavirus muy presentes en las listas de espera de Osakidetza, en medio de un ciclo electoral sin fin que contribuyó a encender los debates, y la lógica aspiración sindical de que los comicios ejercieran presión sobre las institucionesa la hora de aceptar sus demandas, lo que a su vez pudo alimentar la conflictividad en el sector público. Esa situación de tormenta perfecta era el momento idóneo para apretar y para desgastar.

Enseñanza

En el caso de la enseñanza pública no universitaria, el Gobierno vasco ha evitado un nuevo paro, una semana de huelga que iba a empezar este lunes. El acuerdo, del que se ha desmarcado ELA, que tampoco participa en la mesa de salud, contempla una disminución de ratios de alumnos por aula, mejoras en las jubilaciones, y una subida salarial del 7% en tres años (un 2% desde el mes siguiente a la firma del convenio hasta agosto de 2026; y un 2,5% en los próximos dos cursos). 

En la anterior legislatura, el entonces consejero, Jokin Bildarratz, por ejemplo, alcanzó un acuerdo el 26 de mayo de 2022 con Steilas, LAB, CCOO y UGT para adelantar el aprendizaje de la asignatura de inglés desde los 4 años hasta los 3, incrementar los expertos en necesidades educativas especiales, o la reducción de los alumnos por aula en infantil y primaria, además de las OPE convocadas y la reducción de la interinidad. Sin embargo, los sindicatos convocaron protestas para pedir una mejora de las condiciones laborales y exigieron al Gobierno vasco que buscara una solución con el Estado para que los salarios de los funcionarios vascos se pudieran decidir desde la comunidad autónoma. Exigían una mesa de negociación tras más de una década sin renovar el convenio, aunque el Gobierno apelaba a la mesura en un momento de incertidumbre y demanda de recursos para responder al coronavirus y sus secuelas, y para ayudar también a las empresas privadas y cooperativas, porque los recursos no eran “ilimitados”. 

En lo que va de año, los sindicatos habían extendido este marcaje al nuevo Gobierno vasco, y se habían producido ya una decena de paros con esa finalidad. Además, EH Bildu se había alineado con las protestas y había pedido a la consejera Begoña Pedrosa que “abandone la propaganda y la unilateralidad”. Ese posible flanco de desgaste ha quedado desactivado.

Brecha entre lo público y lo privado

En cualquier caso, el Gobierno de Pradales no pierde de vista la otra derivada que deja esta fotografía: la brecha que existe entre las personas que trabajan en el sector público y las que trabajan en el sector privado. La comunidad autónoma vasca no tiene competencias para fijar un salario mínimo propio y diferente al del Estado español, y todo queda al albur de un acuerdo entre los agentes sociales que la patronal no quiere abordar.

Los llamamientos del lehendakari a abrir todos los debates, también el absentismo, no han bastado para desbloquear la situación. Los trabajadores públicos alcanzan ya los 160.000, y su ritmo de crecimiento es superior a los nuevos cotizantes en la empresa privada. Una de las lecturas que se han realizado es que el sector público resulta más atractivo.

Queda una tercera pata en lo que concierne al sector público. Se trata de Osakidetza. En este caso, al menos, el Gobierno vasco ha logrado apaciguar la discusión pública al dirigirla a un ámbito más discreto y alejado de los focos, la mesa para alcanzar un pacto sanitario sobre el futuro del sistema, una mesa con agentes sociales y partidos políticos que debería alumbrar un consenso al respecto el mes que viene, si se consigue.