El Gobierno de Pedro Sánchez cree que los jueces y fiscales tienen que aplicar la ley de amnistía “en los justos términos” en los que esta norma salió del Congreso de los Diputados y considera que no caben interpretaciones porque la voluntad del legislador es clara. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se pronunció en estos términos al ser preguntada ayer, en concreto, por los fiscales del procès, que la víspera expresaron su oposición a amnistiar el delito de malversación que se atribuye, entre otros, a Carles Puigdemont, al entender que es “improcedente” porque hubo ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros de la Unión Europea.

La ministra María Jesús Montero. EP

Montero confía en que el sistema judicial sea “leal” y aplique la normativa en base a unos términos que están “bastante claros” y “no caben muchas interpretaciones”. Sobre si considera que detrás de la actuación de los fiscales hay razones políticas, la dirigente socialista sostuvo que todos tienen “obligaciones” ante la ley y el sistema judicial –incluidos los fiscales, precisó– tiene que aplicar la voluntad del legislador.

Entrevista en RNE

En una entrevista en RNE, la dirigente socialista indicó que la ley ha entrado en vigor esta misma semana y por tanto los juristas tienen que analizar “con detalle”, su alcance, dimensión y contenido, pero reiteró que tienen que aplicarla “en los justos términos en los que el Congreso de los Diputados sacó la ley”.

Montero manifestó además que ahí no cabe ningún tipo de discusión y, de este modo, la número dos del Gobierno y del PSOE replicó a los fiscales del procés, que incluso han pedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que si aboga por aplicar la amnistía debe plasmarlo por escrito y convocar a la Junta de Fiscales para debatirlo.

Ley de derechos de autor

Por otra parte, Junts retiró la enmienda a la totalidad contra la Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, ya que han conseguido “blindar” las competencias de Catalunya en la norma tras una negociación “intensa y larga”.