A la espera de que la Comisión Mixta de Transferencias firme el lunes que viene las tres competencias acordadas entre los gobiernos vasco y español, este pacto ya se da por amortizado y las miradas comienzan a elevarse más allá, hacia otro horizonte más amplio: la negociación del resto de materias pendientes que recoge el Estatuto de Gernika, cerca de una veintena, que tienen que llegar a Euskadi en dos años. El Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido una parte de su acuerdo de investidura al acordar las tres primeras materias que tenían que llegar en tres meses pero, de ahora en adelante, ambas partes tienen que navegar en un océano más amplio y profundo. Unas horas después de que el ministro Bolaños se comprometiera a respetar ese plazo de dos años para cumplir el Estatuto en “pleno”, la pregunta ahora es qué materias van a centrar en el corto plazo esos contactos, un asunto que por ahora no ha tenido mucho protagonismo en este momento de impasse preelectoral y de interregno. Pero el candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha señalado este miércoles cuatro materias “muy importantes” para el futuro de Euskadi: los aeropuertos, los puertos, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y las materias recogidas en el artículo 12, para un marco propio de relaciones sociolaborales.

Pradales destacó estos cuatro puntos en una entrevista en Euskadi Irratia, donde se le preguntó si la gestión de los aeropuertos tendría que ser el siguiente hito. El jeltzale confirmó su importancia, aunque ya venía de protagonizar un acto en Gasteiz donde había citado ese traspaso para reforzar la red de infraestructuras vascas, tras haber conseguido ya los trenes de cercanías. Se da la circunstancia de que, en enero de 2020, tras el traspaso de la AP-68, también pasó a ser 100% vasco el mapa de las carreteras en la comunidad autónoma, en este caso de titularidad foral. Si se produjera también la cesión de los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia, además de los puertos de Pasaia y Bilbao, las instituciones vascas asumirían una red de transportes que les brindaría un margen mayor de maniobra para organizar el transporte de pasajeros y de mercancías, con lo que ello supondría para la competitividad.

En cuanto a la Seguridad Social y el marco sociolaboral, Pradales ya había destacado el carácter estratégico que ve a las materias de los artículos 18 y 12. Hay cuestiones relacionadas con el Fogasa, el fondo que paga los salarios en las empresas en quiebra; o el pago de prestaciones por el cuidado de hijos con cáncer, por riesgo en el embarazo, etc, además de las propias pensiones. El portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, dio a entender hace unas semanas que ya había contactos discretos sobre la Seguridad Social, pero se da por hecho que exigirá tiempo. Por tanto, comenzar a negociar ya no significa necesariamente que los primeros traspasos sean esos.

El Gobierno español ratifica que se transfiera la Seguridad Social

El Gobierno español, por su parte, en una respuesta por escrito al PP recogida por Europa Press, defiende que la Constitución “autoriza” que las comunidades autónomas asuman competencias ejecutivas sobre la gestión de la Seguridad Social. Todo ello, con sujeción a los límites fijados por el Tribunal Constitucional y respetando la competencia exclusiva del Estado para regular la normativa y mantener así “la caja única y solidaridad financiera”. Confirma su “voluntad” de trabajar en el traspaso.

Acuerdo para ir con fuerza a Madrid

Por otro lado, a Pradales se le preguntó si el acuerdo sobre el nuevo estatus puede producirse solo entre iguales, en referencia a un pacto PNV-Bildu, un punto donde insistió en la necesidad de ampliar el consenso del Estatuto de 1979, donde la izquierda abertzale y el PP “se quedaron fuera”. “Es importante para ir con otra fuerza a Madrid”, dijo, en una referencia implícita a que el estatus debe conseguir una mayoría en el Congreso.