La apuesta de los territorios por tener voz en Europa ha dado un paso sin precedentes. Ha sido el lehendakari quien ha abierto la espita y ha aprovechado su viaje oficial a Bruselas para presentar una propuesta concreta y articulada de protocolo. Se plantea que las regiones y nacionalidades con competencias legislativas se inscriban en un registro que les dará derecho a participar en la toma de decisiones de la Unión Europea y en la elaboración de las leyes, a que sus lenguas sean reconocidas, a recurrir a los tribunales comunitarios y, en el caso de las nacionalidades, a contar con una circunscripción propia y unos escaños asegurados en las elecciones europeas. La propuesta, que tiene el respaldo del Gobierno vasco formado por PNV y PSE, se plantea como un anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión, alcanza un nivel de concreción inédito hasta la fecha, y da un impulso renovado a las demandas del colectivo Rleg de regiones con competencias legislativas liderado por el lehendakari y formado por varios gobiernos subestatales europeos, algunos de ellos socialistas.
La propuesta llega en un momento de reflexión de la propia Unión sobre su futuro y Urkullu se la ha entregado este martes en Bruselas a la vicepresidenta de la Comisión, Dubravka Suica, y a la comisaria Elisa Ferreira, para su debate a largo plazo. El texto lo componen 16 artículos y, en primer lugar, plantea elaborar un registro de regiones con competencias legislativas y nacionalidades constitucionales, el club que podría acogerse a este protocolo. La idea del registro la planteó el profesor de la UPV/EHU Igor Filibi el año pasado en el encuentro de Rleg en Bilbao, y parece que la propuesta en general bebe en gran medida de sus aportaciones. La propuesta del Gobierno vasco establece que los territorios con competencias legislativas “tienen el derecho a ser inscritos en un registro oficial de la Unión Europea a tal efecto”, y en esa lista se registrarán también las “nacionalidades” que hayan sido reconocidas como tales por el ordenamiento constitucional de cada Estado. En el caso del Estado español, tienen esta consideración, entre otras, la comunidad autónoma vasca, Catalunya y Galicia. Estas nacionalidades tendrían un plus: se les reconocería la circunscripción electoral propia.
Los estados comunicarán el listado a la Comisión, aunque habrá que incluir más datos con la participación de los propios gobiernos territoriales. De hecho, la ficha incluirá las competencias exclusivas o compartidas de esos territorios (en este caso, la redacción le corresponde a la Comisión en colaboración con los gobiernos estatales y subestatales), y si cuentan con una lengua oficial. El documento lo tendrán que aprobar el Parlamento y el Consejo. Hay mecanismos de seguridad para las dos partes, para el Estado y para los territorios: “en ningún caso” el protocolo podrá empeorar las condiciones de participación que los territorios hayan podido acordar en su Estado miembro, y el Estado, a su vez, puede incorporar un anexo detallando las condiciones en que el protocolo afectará a sus territorios.
El mecanismo de voto
La región o nacionalidad constitucional “participará en los comités, grupos de trabajo preparatorios y formaciones a nivel de ministros del Consejo de la Unión que traten materias de su competencia, con la fórmula que acuerde cada estado miembro”. Esa coletilla final da pie a que el Estado establezca un mecanismo que no sea darle un asiento propio al territorio, o que consista en comunicar la posición de ese territorio a través de los representantes estatales, como se prevé que suceda en el Coreper, el Comité de Representantes Permanentes.
Pero aquí se introduce un punto crucial. El Estado no podría limitarse a exponer la posición de Euskadi o de cualquier otro territorio simplemente a título de inventario y para cubrir el expediente: cuando se produzca una votación que requiera mayoría cualificada sobre una materia que sea competencia de un territorio (por ejemplo, la fiscalidad en el caso de la CAV y Nafarroa), si ese territorio no está de acuerdo con el sentido de voto del Estado, podrá comunicarlo y se restará su población a la hora de computar los apoyos. En el caso de las competencias compartidas, se tomaría una decisión salomónica y se restaría la mitad de la población del territorio. La lista de materias y habitantes la aprobaría el Estado a propuesta de la comisión y “en colaboración” con el territorio. Los territorios podrán acudir al Tribunal de Justicia de la UE si creen que no se está aplicando el principio de subsidiariedad. Bastaría con tener la aprobación del Parlamento territorial.
Proceso legislativo
Esos territorios formarían parte de un foro permanente dentro del Comité de las Regiones: el Comité Permanente de Regiones y Nacionalidades Constitucionales. El texto concreta que cada territorio tendrá un representante y que los dictámenes que redacte ese foro con un respaldo mayoritario tendrán carácter “vinculante”. Esta cláusula les da una fuerza que va más allá de lo puramente cosmético. El número de dictámenes o las cuestiones sobre las que incidan dependerán de las mayorías que articulen estos gobiernos. El criterio general, en cualquier caso, es que solo podrán hacerlo sobre materias que sean de su competencia.
A este comité se le reconocerá su “plena legitimación activa frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea” y, para recurrir a él, necesitará contar con “una mayoría” de sus miembros. En las materias de su competencia, serán consultados por la Comisión durante la fase de elaboración del borrador de las propuestas legislativas, y los territorios podrán hacer recomendaciones. Además, sus parlamentos territoriales podrán formular aportaciones sobre los proyectos que tenga entre manos la Eurocámara.
Circunscripción y lengua
En cuanto a las nacionalidades, cada una constituirá una “circunscripción propia” dentro del Estado en las elecciones europeas. Hasta la fecha, la circunscripción es única, estatal, lo que obliga a forjar coaliciones para asegurarse el escaño y supone una desventaja que además no es acorde con el modelo autonómico. La circunscripción “comprenderá el número de escaños correspondientes a la media de población por escaño”, redondeándolo "hacia arriba (el número entero, sin decimales, más uno)”. Además, las nacionalidades serán invitadas a participar en los foros de reflexión, como la Conferencia sobre el Futuro de Europa, con dos representantes (uno del gobierno y otro del parlamento) y participará en las convenciones para reformar los tratados con un representante.
Por otro lado, la inscripción en el registro de territorios “implicará el reconocimiento como lengua oficial de la Unión de las lenguas oficiales en el territorio”. La Comisión tendrá que elaborar en un año un documento con todas las medidas necesarias para el empleo de esas lenguas en la Unión. Los fondos estructurales se aplicarán en estrecha colaboración con los entes locales.
