Desde el punto de la legalidad penitenciaria, ¿en qué situación se encuentra el colectivo de presos vinculado a la desaparecida ETA?
La primera referencia que queremos hacer y de ello, posiblemente, se derive como consecuencia la actual situación, es que el control jurisdiccional de los presos vascos continúa en manos de órganos judiciales ubicados en Madrid: Ministerio Fiscal, Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (JCVP) y la Sala Primera de la Audiencia Nacional. Son órganos judiciales excepcionales en la medida en que se arrogan la competencia que, hasta la aprobación de la Ley General Penitenciaria 5/2003, correspondía al juez natural o juez propio del lugar. Es decir, a aquellos ubicados en la CAV o en Nafarroa. En términos generales, por lo tanto, se constata que la legislación de excepción se sigue aplicando de manera contundente. Se trata de una legislación pensada en la lucha antiterrorista, concebida y aprobada hace 20 años, para unas circunstancias que nada tienen que ver con la situación actual. ETA cesó en sus actividades en 2011, y se disolvió en 2018.
Llama la atención que se mantenga una legislación pensada para un contexto absolutamente diferente al actual.
Se trata de una legislación que contraría absolutamente la filosofía de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) de 1979 y del Régimen Penitenciario de 1996. Desconoce los principios constitucionales de resocialización, reeducación y reinserción social, y busca única y exclusivamente el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, entendido el mismo como cumplimiento entre rejas. Convirtiendo así la ley en un instrumento de venganza y no de justicia.
¿La progresión de grado sigue siendo el problema principal?
La realidad es que frente a la filosofía y la literalidad de la LOGP, no se progresa al tercer grado a quien se encuentra en condiciones de volver a la sociedad, a quien ofrece un pronóstico favorable de reinserción social, sino exclusivamente –con determinadas excepciones, casi siempre ligadas al hecho de que a la persona presa le queda poco tiempo para finalizar su condena– a quien cumple, de acuerdo con la interpretación que hacen órganos excepcionales como lo son el Ministerio Fiscal, JCVP y la Sala Primera, los requisitos de la LO 7/2003. Continúan con la misma actitud de confrontación hacia las decisiones de las Juntas de Tratamiento de las prisiones, recurriendo una gran parte de las decisiones que éstas adoptan, en relación a las progresiones a tercer grado y a permisos penitenciarios. En esta práctica judicial, los órganos a los que nos hemos referido, ubicados en la Audiencia Nacional, ignoran y menosprecian el trabajo y los informes de los técnicos (psicólogas, educadoras y trabajadoras sociales) de los centros penitenciarios, así como las opiniones y decisiones o propuestas de las Juntas de Tratamiento y del propio Gobierno Vasco.
¿Ha cambiado la situación en la CAV desde el que el Gobierno Vasco asumió la competencia de Instituciones Penitenciarias?
Sí. En los dos o tres últimos años, se ha producido una evolución positiva. La transferencia penitenciaria asumida por la Administración vasca va desarrollándose, en lo que se refiere a estos presos, desde parámetros de normalidad. Se dijo por parte de los responsables del Gobierno Vasco que en relación a estos presos se iba a proceder sin privilegios y sin excepcionalidades. Se están dando pasos importantes, pero aún alejados del posible resultado de la aplicación de una política penitenciaria ordinaria a todos aquellos presos vascos que, por el tiempo de cumplimiento, deberían encontrarse en semilibertad o libertad condicional. Calculamos que serían unos 115 presos. Por tanto, es importante recordar que no es el Gobierno Vasco quien directamente decide estas progresiones de grado. Lo que hace la Administración Penitenciaria Vasca es, en su caso, aprobar lo que los profesionales de los centros penitenciarios proponen (psicólogos, asistentes sociales, juristas,...). Ellos son los que conocen la evolución del preso o presa y no precisamente quienes a 400 km de distancia toman de manera permanente la decisión de recurrir lo que son propuestas basadas no solo en la legalidad, sino también en la profesionalidad de quienes las adoptan.
En Nafarroa se quejaban hace un año de que el director de la cárcel había impedido la progresión de los presos. ¿Ha cambiado la situación con la llegada del nuevo director?
Creemos que ha habido algunas mejoras. Principalmente la puesta en funcionamiento del módulo de respeto masculino, y del taller de caucho que emplea a los presos dentro de prisión, o las mejoras en las comunicaciones. Pero el acceso a la progresión penitenciaria sigue encontrándose muy limitado. Han comenzado a conceder los primeros permisos y esperamos que el acceso a los terceros grados no se demore tanto. Cuando nombraron el nuevo director, pudimos comprobar que se trataba de una persona que apostaba públicamente (artículos, intervenciones, etc) por un sistema penitenciario que tienda realmente a la reinserción y resocialización de los presos. Y por la aplicación del régimen abierto. Sin embargo, estamos viendo que los tímidos cambios que ha habido en Pamplona se quedan muy lejos de esos planteamientos. Y por eso desde Sare quisiéramos emplazarle a que ponga en práctica efectivamente esa postura en pro de la reinserción, se eliminen antiguas inercias y obstáculos que siguen prevaleciendo en Pamplona y se profundice y agilice la progresión tratamental de los presos.
¿Desde Sare y Etxerat hay conversaciones con el Ministerio del Interior para evitar estas situaciones?
No.
¿Hay esperanzas o expectativas de que se deje de aplicar la excepcionalidad penitenciaria a este colectivo de presos?
¿A quién le conviene esta situación? ¿Quién tiene interés en que esta situación se perpetúe? Los mismos que dijeron que finalizada la violencia de ETA todo se reconduciría (las legislaciones de excepción se concibieron, según quienes las aprobaron, para ello, para forzar la desaparición de dicha violencia), ahora se empecinan en que nada cambie, en que todo siga igual. La política de alejamiento se ha mantenido hasta diez años después de la decisión de ETA de poner fin a su actividad. Política de alejamiento de la que también dijeron durante décadas que no atentaba contra los derechos fundamentales de los presos y sus familias, y a la que renunciaron simple y llanamente porque la misma ya carecía de sostén social. Y ahora se enrocan en el cumplimiento íntegro de las penas, sin más objetivo que provocar dolor.
¿Ve en el horizonte un final sin presos? ¿Qué tendría que darse para conseguirlo?
Del total de personas presas por delitos de motivación política, son una veintena las que tienen arraigo en Navarra. Son números que permiten ya visualizar en un horizonte más o menos cercano la solución a uno de los problemas que más ha enconado la convivencia en nuestra tierra durante los últimos 45 años. Nos corresponde a todas y a todos dar pasos en ese camino. Desde luego, hace falta voluntad política para dar solución a un problema que a día de hoy sigue conculcando derechos y obstaculiza el retorno a casa de presos y presas vascas. Pero también son necesarios los acuerdos entre diferentes y la movilización social. Es a esa mayoría social navarra a la que apelamos para que tome en su mano la llave de las soluciones también en materia de política penitenciaria. Para que más pronto que tarde podamos celebrar todo un hito como el que sería la eliminación de la ecuación política navarra de la existencia de estas personas presas. Entre todas y todos tenemos fuerza suficiente para conseguirlo. El próximo día 13 de enero tenemos una cita en las calles de Bilbao.
