Hace un año por estas fechas, todavía 14 de las 173 personas presas condenadas por pertenencia a ETA padecían la dispersión. La cifra no incluía a las 12 encarceladas en Francia, que estaban en Lannemezan, en el centro penitenciario más cercano a Iparralde, pero que dista unos 330 kilómetros de sus casas. Hoy el alejamiento está superado y el número de internos sigue su curva descendente. Son 142 los reclusos que hay en la actualidad –31 menos que 12 meses atrás– y están repartidos por las cárceles de la CAV y Nafarroa (Martutene, Basauri, Zaballa e Iruñea), salvo los ocho que permanecen en Francia: siete en Lannemezan y uno en Reau.
Superado, por lo tanto, el ciclo de la dispersión, que se aplicó durante más de 34 años, queda pendiente que se den los pasos que permitan la reinserción plena de estas personas. Pese a que la Ley Orgánica General Penitenciaria recoge expresamente que la resocialización de estas personas es el principal objetivo de la política penitenciaria del Estado español, sin embargo, sigue habiendo trabas que impiden que este proceso se facilite como está recogido en el propio texto normativo.
Es verdad que ya ninguna de estas 142 personas presas sufre el primer grado –aquel que se aplicaba de manera más o menos generalizada incluso después de que ETA depusiera las armas en octubre de 2011 y que añadía el aislamiento a la dispersión– , pero tanto la Audiencia Nacional como el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y el Ministerio Fiscal continúan resistiéndose a la concesión del tercer grado a personas que reúnen las condiciones para alcanzarlo.
108 en segundo grado
En la actualidad, la mayoría del colectivo de presos vascos pertenecientes al EPPK (siglas en euskera del Colectivo de Presos Políticos Vascos) cumple sus condenas en segundo grado. En concreto, 108 de los 142 están en esa clasificación, si bien a 21 de ellos se les aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que les permite poder salir fuera del centro penitenciario a trabajar, a pesar de no estar todavía en régimen abierto.
Además, de los 23 (el 16,1% del total) que están clasificados a día de hoy en tercer grado, 11 de ellos tienen aplicado el artículo 86.4. Ello implica que el interno queda eximido de pernoctar en la cárcel tras aceptar ser controlado mediante dispositivos telemáticos o de otro tipo que establezca la Junta de Tratamiento en su programa individualizado. En total, hay 19 personas en libertad condicional.
27 progresiones de grado
En el último año, 27 personas presas han sido progresadas al tercer grado. Pero no todas han consolidado esta situación, ya que se han presentado diez recursos contrarios a esta decisión, lo que ha causado seis regresiones de grado y en otros dos casos se ha suspendido la progresión mientras se resuelve el expediente. Hay otros diez presos que estaban ya en tercer grado y que han podido continuar en esta situación pero aceptando el control telemático. En definitiva, todavía hoy no se ha normalizado la política penitenciaria que se aplica a este colectivo, que continúa padeciendo medidas de excepcionalidad.
Hay datos que hablan por sí solos de que en este aspecto queda camino por recorrer. Prueba de ello es que a día de hoy más de 45 personas presas podrían estar en libertad condicional por haber cumplido ya tres cuartas partes de la condenada, según los cálculos de la red de apoyo a estos reclusos Sare, Y prácticamente la mitad –unos 70 de los 142– estarían en condiciones de acceder al tercer grado al haber permanecido en prisión la mitad del tiempo para el que fueron condenadas.
Con respecto a la procedencia de los presos, a día de hoy una veintena de los 142 son navarros o con arraigo a la Comunidad Foral. De media, estas personas llevan 19 años entre rejas. La que menos tiempo acumula privada de libertad está encarcelada desde hace 13 años y la que más supera los 25.
Todas ellas, excepto seis, cumplirán en un máximo de dos años las condiciones objetivas que exige la ley penitenciaria para acceder a la libertad condicional. Pero a ninguna de ellas se le ha concedido la opción de acceder a ese régimen al que tendrían derecho, excepto tres, que gozan de permiso para salir por el día a trabajar o estudiar y pernoctar en prisión.
