Había dos maneras de recorrer este camino: rápido y en solitario, o más despacio y en compañía. Elegimos la segunda opción, y acertamos. A lo largo de los tres años que hemos invertido en pasar del folio en blanco a un documento de 101 artículos, la educación se ha convertido en un elemento cohesionador como pocas veces había sucedido.
El protagonismo ha sido para el diálogo, para las discusiones, el intercambio de ideas –en ocasiones discretas, otras públicas–, las cesiones, y el entendimiento. Quiero agradecer públicamente a todas las asociaciones, colectivos, profesionales de la educación, sindicatos y partidos políticos que durante todo este tiempo han decidido sumar, sin pensar en ningún tipo de rédito diferente al que la sociedad vasca iba a obtener.
El pasado miércoles, la Comisión de Educación del Parlamento Vasco aprobó el texto definitivo que será votado el próximo 21 de diciembre. Ese día, Euskadi contará con una nueva Ley de Educación que fortalecerá todo el sistema educativo, y que dará el relevo a la Ley de 1993 vigente durante los últimos 30 años. El paso de los años, los continuos avances educativos y pedagógicos y la propia transformación de la sociedad obligaba a ello.
Con el único objetivo de lograr la mejor educación posible para nuestro alumnado, esta futura ley – la primera en acoger a todo el sistema educativo de manera integral, tanto centros públicos como concertados, prestatarios del Sistema Público Vasco de Educación– persigue una serie de logros que requieren de un soporte normativo del que dispondremos a partir de ahora.
Hablamos de una escolarización equilibrada, especialmente del alumnado vulnerable; de una mayor autonomía de los centros, también a la hora de planificar su propio proyecto lingüístico; de fijar el objetivo de alcanzar la competencia suficiente en lenguas tomando como eje el euskera; de promover una mayor participación de los ayuntamientos; de impulsar un Plan Estratégico para el conjunto del sistema educativo, y en particular para la red pública; o de profesionalizar a los equipos directivos.
En definitiva, esta ley dotará a nuestro alumnado de las herramientas necesarias para afrontar su etapa adulta con garantías, logrando de cada alumno, de cada alumna, su máximo potencial.
Todos estos elementos, así como el resto de contenidos que recoge la ley, cuentan con un importante apoyo. Tomando como base el acuerdo del 7 de abril de 2022, el proyecto del Ley de Educación aprobado por el Gobierno vasco y remitido al Parlamento Vasco para su desarrollo y debate ha permitido afinar un texto articulado con el que tres de las cuatro formaciones que suscribieron el pacto educativo se deberían sentir coautoras.
La realidad es que, más allá del sentido del voto final de cada grupo parlamentario, esta Ley de Educación contará con 101 artículos cuyo contenido ha suscitado un amplio consenso entre los partidos que sustentan el Gobierno vasco y también entre la principal fuerza de la oposición.
El debate mediático que en los últimos meses ha buscado escenificar una confrontación en torno a la ley no tiene la más mínima base, no se sustenta en el contenido de la ley. Y esto es algo que puede comprobarse fácilmente.
Es fácil decir públicamente que no se está de acuerdo con la ley. No obstante, vote lo que vote, lo cierto es que esta ley también contará con la importante aportación de EH Bildu; también será su ley, aunque el esfuerzo en borrar su vinculación al contenido de la misma ha llegado a un extremo ciertamente sorprendente.
Valga señalar el hecho de que, tras la ponencia y antes de la última votación del texto en la comisión de educación del Parlamento Vasco, EH Bildu hizo llegar al PNV y al PSE una “propuesta de mínimos”, con la supuesta intención de acercar posturas. Durante la votación, fueron aprobadas y/o negociadas un total de 75 enmiendas de EH Bildu.
Sin embargo, decidió votar en contra de su propia iniciativa, es decir, en contra de incorporar las mejoras a la ley que la propia formación había propuesto. Por tanto, paradójicamente, la ley contará con las propuestas de mejora de EH Bildu gracias a los votos favorables del PNV y del PSE.
Con respecto al debate mediático, y que fundamentalmente se ha centrado en una supuesta discrepancia en torno a los modelos lingüísticos, vayamos a su contenido real.
Más allá de que la mención a los modelos lingüísticos se recoge en la parte descriptiva de la exposición de motivos de la ley –y no en sus objetivos y principios ni tampoco en el articulado, que es donde se sustenta la base jurídica de una ley–, que su mención ni pone ni quita, dado que los modelos lingüísticos seguirán vigentes se mencionen o no (su vigencia pende de la Ley del Euskera de 1982), decir que con esa redacción el PNV y el PSE consolidan los modelos lingüísticos y que EH Bildu exige su derogación es sencillamente falso.
Tan solo expondré dos elementos que lo confirman: en el citado documento de “acuerdo de mínimos” remitido al PNV y al PSE –documento que EH Bildu no ha hecho aún público–, presenta una propuesta en que también se recoge explícitamente la vigencia de los actuales modelos lingüísticos. De hecho, apenas existen diferencias entre la enmienda original del PNV-PSE y su última propuesta. Si les quitáramos los membretes, no sería fácil identificar la autoría de uno y de otro.
Echemos una breve mirada atrás, en concreto al 29 de abril de 2021. Ese día, el Parlamento aprobaba una proposición no de ley para la defensa de la libertad de elección de los modelos lingüísticos. El texto aprobado recogía lo siguiente: “…Seguir asignando los modelos lingüísticos a impartir en los centros teniendo en cuenta la normativa vigente”.
La PNL contó con el apoyo del PNV, PSE, Elkarrekin Podemos, y también de EH Bildu. Ahora, la sola mención a los modelos –que no hay más– en la exposición de motivos es, según parece, la razón del rechazo a toda una Ley del Sistema Educativo Vasco.
Con todo, nuestra Ley de Educación será una realidad en breve, para beneficio de nuestra sociedad, de toda la comunidad educativa vasca. Euskadi debe seguir avanzando, y la educación seguirá siendo su principal fortaleza.
Esta herramienta estratégica nos permitirá dotar a nuestro sistema educativo de los recursos necesarios, y es responsabilidad de todos y de todas sumar y colaborar en este reto de país. Y ello porque esta ley no es de nadie en concreto, es de todos los grupos, personas y partidos políticos que la han trabajado pensando en el mejor futuro para nuestros hijos e hijas y para las próximas generaciones.
