Además de la agenda clásica del PNV en Madrid, jalonada de reivindicaciones relacionadas con el autogobierno, las transferencias que recoge el Estatuto de Gernika, el respeto al marco competencial vasco o las infraestructuras clave, en los últimos años se ha abierto paso de manera cada vez más nítida en su hoja de ruta la ampliación de las garantías democráticas y la transparencia. Es una cuestión que ya estaba presente, pero que ha adquirido un peso cada vez mayor en su discurso, en buena medida porque el presidente español, Pedro Sánchez, no ha llegado a plasmar sus promesas en ese terreno y esa laguna ha dejado el camino expedito al PNV para proyectar un liderazgo, y también contribuyen en esa dirección las discrepancias entre los partidos de izquierda que han dado al traste con los posibles acuerdos. Este debate volverá a convertirse en uno de los ejes de la actuación del PNV tras las elecciones generales del 23 de julio.
Los jeltzales volverán a registrar una reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que data del periodo franquista, y dedicarán una parte amplia de su programa electoral a los derechos civiles y las garantías democráticas tras haber intentado en esta misma legislatura una reforma del CNI, poner límites a la inviolabilidad del rey y eliminar los aspectos más lesivos de la ley mordaza de Rajoy.
Su portavoz en el Congreso y candidato a la reelección por Bizkaia, Aitor Esteban, dejó caer esta idea en una entrevista concedida la semana pasada en Radio Nacional de España, donde siguió considerando necesarias las reformas de los secretos oficiales, el CNI, la inviolabilidad del rey y la ley mordaza. Fuentes del grupo jeltzale consultadas por este periódico solo pueden confirmar que volverán a presentar una proposición de ley para reformar la Ley de Secretos Oficiales, como ya anunció Esteban el pasado fin de semana en el homenaje a Lauaxeta. Eso sí, sobre el resto de cuestiones, las mismas fuentes aseguran que “siguen estando presentes” para los jeltzales. Estos debates siguen estando presentes en su acción política, a falta de concretar en los próximos días el programa, y a falta de que se pueda también materializar en el transcurso de la legislatura el formato específico de las reivindicaciones que se vayan a plantear, ya sean proposiciones de ley u otro tipo de iniciativas.
Secretos Oficiales, tarde y con plazos dudosos
La legislatura de Sánchez ha tocado a su fin de manera prematura por el adelanto electoral decretado por el propio presidente tras la debacle socialista en las municipales y autonómicas. En este tiempo, no han visto la luz ninguna de las cuatro reformas planteadas por el PNV. Los jeltzales habían registrado una propuesta para que entrara aire fresco en la hermética Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, del periodo franquista, pero el Gobierno español respondió presentando la suya propia, la Ley de Información Clasificada, algo que ya de por sí obligaba a empezar de cero y para rizar el rizo lo hizo tarde, a mediados del año pasado, y en puertas de un ciclo electoral. Además, su contenido dejaba serias dudas sobre la posibilidad real de sacar a la luz información sobre el golpe de Estado fallido o la muerte de Mikel Zabalza por los plazos de desclasificación.
En paralelo, el PNV ha preguntado de manera reiterada al presidente español y al ministro Marlaska por qué no sacan a la luz los documentos sobre Zabalza, una posibilidad que los socialistas condicionan a que se lo pida un tribunal. Sánchez no ha mantenido una actitud proactiva, y tampoco dio órdenes a la Fiscalía para reabrir el caso tras el informe del Gobierno vasco que apuntaba a su posible muerte como consecuencia de torturas padecidas en Intxaurrondo. Mientras tanto, se han producido movimientos inexplicables para el PNV como el ascenso del guardia civil Arturo Espejo, uno de los custodios de Zabalza.
La 'ley mordaza', sin acuerdo
En el caso de la reforma de la ley mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana del PP de Rajoy que ponía un corsé a la capacidad de protesta, la propuesta del PNV sufrió varios retrasos por la ampliación del periodo de enmiendas en el Congreso. Cuando entró en la recta final y existía ya un consenso entre los jeltzales, el PSOE y Unidas Podemos para condicionar la desobediencia a criterios más objetivos e identificar a los policías que utilizaran pelotas de goma, el texto saltó por los aires por el rechazo de ERC y EH Bildu, que lo consideraron insuficiente.
Sánchez da marcha atrás con el CNI
En cuanto a la reforma del Centro Nacional de Inteligencia, el presidente Sánchez trató de apagar el incendio del espionaje a los soberanistas catalanes con el programa Pegasus prometiendo una modificación de la Ley del Control Judicial de los espías, pero al parecer cambió de idea, porque la propuesta no apareció en el Plan Anual Normativo de 2023 que recogía las leyes y decretos que pretendía aprobar el Gobierno español. El propio ministro Félix Bolaños dio por cumplidos los objetivos en una respuesta a Aitor Esteban que pretendía dar carpetazo a este debate.
El PNV había llevado al Congreso su propia proposición de ley y el PSOE había votado en contra, con el argumento de que una iniciativa de ese tipo debía nacer del propio Gobierno español y contar con informes técnicos. Parecía anticipar que el Ejecutivo español iba a presentar la suya. Pero, como el perro del hortelano, ni presentó la suya ni permitió tramitar la del PNV. Los jeltzales planteaban hacer un seguimiento de los medios empleados para el espionaje y su proporcionalidad, en lugar de darle barra libre con una autorización judicial previa que después no se encarga de fiscalizar o controlar cómo se está llevando a cabo ese espionaje. La sensación que quedó fue que Sánchez carecía de voluntad.
El 'candado' de la inviolabilidad del rey
Algo parecido ocurrió con la inviolabilidad del rey español, porque el PNV intentó ponerle límites por dos vías siguiendo algunas pistas que le había dado el PSOE en sus respuestas, y ni siquiera así se abrió el melón. Primero lo intentó modificando un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el rey solo tuviera inmunidad ante los tribunales por sus actos institucionales y no por su vida privada, pero la propuesta no se admitió a trámite con el argumento de que semejante reforma exigía retocar la Constitución. El PNV tomó entonces la palabra de quienes defendían esta posición y aprovechó la reforma constitucional en curso, la que pretendía reemplazar el término “disminuidos” del artículo 49 por “personas con discapacidad”, para introducir el punto de la inviolabilidad.
Pero PSOE y PP acordaron circunscribir la reforma constitucional al artículo 49 para que el debate no terminara por otros derroteros que les son más incómodos, como la organización territorial del Estado. Lo llamativo de este carpetazo es que Unidas Podemos, el partido que inició su andadura pidiendo romper el “candado de 1978”, se declaró dispuesto también a ceñir la reforma al punto 49. Así lo acordaron el ministro Félix Bolaños y el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, con el argumento de que era un compromiso adquirido con las personas con discapacidad para no poner en riesgo la reforma. Una reforma que, nuevamente, de todos modos, ha quedado en el cajón.
