Laura Borràs cree que la Fiscalía filtró el nombre de uno de sus peritos judiciales, el ultraderechista Emilio Hellín, condenado por el asesinato de Yolanda González, para “desviar la atención” sobre el contenido de su informe en la causa por fraccionar contratos. La suspendida presidenta del Parlament habló ayer por vez primera sobre este polémico asunto reconociendo que fue “terriblemente doloroso e incómodo” enterarse de que sus abogados le habían contratado, pero no quiso “entrar en la cuestión”. La líder de Junts afirmó que el peritaje “cuestiona la autenticidad” de los correos electrónicos, una de las principales pruebas en su contra.

Borràs explicitó que se enteró de la contratación de Hellín en el momento en que apareció en los medios de comunicación y admitió que se trata de una situación “incómoda”, aunque, en declaraciones a TV3, reiteró su confianza en sus letrados, Gonzalo Boye y Isabel Elbal, que contrataron a este perito por su “profesionalidad”. “La Fiscalía conoce los nombres de los dos peritos desde hace dos años”, señaló después de que el ministerio público solicitara apartar a Hellín de la causa. Borràs cree que se cuestiona el perito “para no abordar” el peritaje, un informe que desvela “sorpresas” y cuestiona uno de los argumentos con más peso de la causa: los correos electrónicos. La dirigente de Junts recalcó además que nadie puede poner en duda su “antifascismo” ni tampoco el de sus abogados.

El juicio por el supuesto fraccionamiento de contratos mientras estaba al mando de la Institució de les Lletres Catalanas arrancará el próximo 10 de febrero, a expensas asimismo de la respuesta del tribunal por la solicitud de recusación del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos. El juicio de la Mesa del Parlament del 1-O tendrá que repetirse precisamente por la falta de imparcialidad de Barrientos y otro magistrado. “Debe ser casualidad que todos los jueces y fiscales de mi causa están vinculados en otros procesos contra independentistas”, censuró Borràs.