La reforma del delito de sedición emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez para reconvertirlo en una modalidad agravada de desórdenes públicos apunta a la desinflamación del conflicto en Catalunya y a la distensión con el Govern, al tiempo que convulsiona la política en el Estado y genera una nueva pulsión dentro del independentismo. El PSOE, cercado también por un sector de sus barones, sabe del posible coste electoral pero confía en que sus votantes entiendan el objetivo de la iniciativa; mientras que, desde la Generalitat, Pere Aragonès ha aplaudido el paso pero con matices, advirtiendo al líder socialista de que “aún queda mucho camino por recorrer”. La supresión del artículo 544 del Código Penal, y la consiguiente modificación del artículo 557, supone fijar penas para las autoridades de 3 a 5 años de prisión, frente a los 10 a 15 años vigentes, e inhabilitación de 6 a 8 años, frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual.
El president ha señalado que quedan “cuestiones abiertas” citando expresamente abordar el delito de malversación u otros tipos por los que también han encausado a dirigentes soberanistas. “Damos un paso muy importante para poner fin a la represión y ahondar en la desjudicialización, si bien habrá que hacer más. Seguimos comprometidos con los efectos de la amnistía”, ha sintetizado, para añadir que tocará profundizar en la necesidad de que Catalunya decida su futuro en un referéndum. Con la eliminación de la sedición será “más difícil perseguir injustamente y arbitrariamente al independentismo”, ha destacado, entendiendo que se cumple el pacto de la mesa de diálogo, aunque miembros de su partido, como la exiliada secretaria general de ERC, Marta Rovira, cree que es insuficiente porque “no podría volver a casa con garantías”. “Trabajaré con determinación para ampliar los acuerdos y que haya nuevos”, ha respondido Aragonès, que ha llamado a la unidad independentista, escuchados los reproches de Junts y la CUP.
En el marco de la proposición, el PSOE y Unidas Podemos justifican su intención amparándose en “la escasa aplicación” que hasta fechas recientes ha experimentado el delito de sedición y en “el marco penal en el que se mueven estos delitos en otros ordenamientos jurídicos europeos”, realizando una comparativa con el Derecho de los países del entorno: Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica o Portugal. La anunciada modificación siembra nuevas incógnitas en la historia judicial del procés: desde los plazos de prescripción que podrían beneficiar a Carles Puigdemont o a la propia Rovira, hasta las rebajas en las penas de inhabilitación. Por un lado, se abre la revisión inmediata de las condenas impuestas a los ya indultados, con Oriol Junqueras a la cabeza; y por otro la situación de los exiliados, entre ellos el expresident de la Generalitat. Todo hace prever que el Tribunal Supremo tendría que reunirse una vez se apruebe la reforma para estudiar si los hechos probados en su sentencia se adecuan al nuevo delito. Pero los cálculos en las nuevas penas no serían tan automáticos, sobre todo en el caso de los condenados también por malversación, que pasaría a ser el delito más grave. Sus nuevas condenas, tanto de cárcel como de inhabilitación, vendrían determinadas por este delito y el tribunal debería estudiar caso por caso. En cuanto a los exiliados, puede facilitar su extradición para ser juzgados en el Estado, pero difícilmente se librarían de la prisión provisional debido al riesgo de fuga y de una eventual condena por malversación y desórdenes públicos. Lo que sí podría beneficiarles es la reducción de los años de prescripción, que se quedarían en 10 en vez de los 20 actuales. En todo caso, el futuro judicial de los ahora residentes en Bélgica está en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que próximamente deberá pronunciarse sobre la cuestión prejudicial que planteó el magistrado del Supremo Pablo Llarena respecto el alcance las euroórdenes.
Tensión en el independentismo
Precisamente Puigdemont ha lamentado que con el anuncio de Sánchez “no se desjudicializará nada” porque contempla igualmente penas de cárcel. “Si te condenan a prisión por organizar y convocar un referéndum, qué más da si son 15 años de cárcel o son cinco: están criminalizando un derecho”, ha sentenciado, matizando que las penas más bajas constituyen una “ganancia individual” pero no implican una mejora en el terreno político. Además, ha acusado al líder del PSOE de ser “un maestro en el arte del engaño”, por lo que insta a leer bien la letra pequeña: “Los anuncios de Sánchez nunca son lo que parecen”. Su postura no es más que un choque frontal con ERC. De hecho, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha afirmado que “vete tú a saber si el remedio de los desórdenes públicos agravados no sea peor que la enfermedad de la sedición”, y el secretario general del partido, Jordi Turull, ve “un vestido a medida para decir que el 1-O fue delito”. Desde la CUP se ha acusado a Aragonès de “vender como victorias los juegos malabares del PSOE”.
En paralelo, en Ferraz se abrieron grietas con la posición de los barones socialistas que siempre van a la contra de Sánchez. Los presidentes de Aragón, Javier Lambán, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, así como el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, han rechazado la reforma bajo una impresión: No les gusta “nada de lo que le guste al independentismo”. “En plena escalada de precios, lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución”, ha ironizado el segundo de ellos. En la réplica, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha apelado a la mejora de la convivencia en Catalunya, por lo que “la traición estaría en no intentarlo”. Ha desvelado que cuando se rompió el pacto por el CGPJ, fue cuando ERC “deja de hablar de suprimir y empezamos a hablar de europeizar el delito de sedición”. “No volverá a haber santuarios para quienes comentan atentados contra el orden público”, ha zanjado, jactándose de haber acabado con la unidad de acción del independentismo y “el victimismo” de esas fuerzas. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha puntualizado además que aún están vigentes el 155 y el delito de rebelión.
El PP promete revertirlo
La derecha se agarra al temor de que se cumplan las previsiones que han deslizado desde Unidas Podemos, ya que Jaume Asens asegura que sin esa figura penal nadie podría ser “acusado y juzgado” por los hechos acaecidos en el procés. Vox habla de “repugnancia e indignación”, Ciudadanos es partidaria de una moción de censura, y el PP se aferra a este clavo para azuzar su combate con el Ejecutivo. El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado que revertirá la reforma del Código Penal en caso de llegar a La Moncloa. En una declaración sin preguntas en Génova, ha considerado que Sánchez “ha superado todos los límites” y que su “único proyecto es ganar tiempo” y, por ello, emplaza a los socialistas a que encaren “esta aberración como un deber moral”. “Sánchez desarma la nación para proteger a los sediciosos, pero el PP lo revertirá”, ha espetado.
