Carlos Lesmes parecía destinado a aguantar contra viento y marea en la presidencia del CGPJ, donde se ha pasado casi cuatro años ejerciendo en funciones sin ningún tipo de reparos. Sin embargo, algunos acontecimientos de las últimas semanas convertían ya su situación en insostenible y no le han dejado otro remedio que presentar su dimisión.
Para empezar, ha influido todo lo relativo a los nombramientos para el Tribunal Constitucional que el CGPJ tiene pendientes, ya que Lesmes no ha conseguido levantar el veto que ejerce el sector conservador del órgano, que se niega a presentar una lista de candidatos al TC.
El plazo legal para que el CGPJ propusiera sus dos magistrados para el Constitucional venció el mes pasado sin haber arrancado siquiera las negociaciones entre los bloques conservador y progresista del Consejo y, aunque Moncloa confía en un acuerdo próximo, el choque entre las dos corrientes del órgano sigue presente.
Asimismo, la permanencia en el cargo del hasta ayer presidente del Poder Judicial se había complicado con la creciente preocupación por parte de la UE hacia la crisis de la Justicia española, que se canalizó con la visita a Madrid del comisario Didier Reynders hace dos semanas.
El propio Carlos Lesmes ya había dado cuenta de su hartazgo con toda la situación en el discurso que ofreció en el acto de apertura del año judicial el pasado 7 de septiembre, en el que planteó un ultimátum a las formaciones políticas para que acometieran de una vez la renovación pendiente en el órgano de Gobierno de los magistrados.
