La incertidumbre es alta en estos tiempos de crisis energética y en cualquier curva asoma el vértigo. No es que el cataclismo que viene augurando la derecha esté cerca de convertirse en realidad, al menos no más de lo que lo podía estar hace unos días. Pero algunos de los nubarrones que asomaban en el horizonte empiezan a tomar forma de tormenta. Y eso no es una buena señal.
Volkswagen es un buen ejemplo. Los temores expuestos por el comité de empresa parecen haberse confirmado con el anuncio, todavía no oficial, de que 50.000 de los coches que anualmente se iban a producir en Navarra lo harán en la fábrica de Seat de Martorell. La medida entra en el campo de actuación de la empresa, que tiene margen para repartir su producción como considere más oportuno. Pero puede poner en riesgo parte del empleo fijo que actualmente hay en la planta y la contratación futura de eventuales para cubrir los picos de trabajo.
Si a ello se suma que la producción de un vehículo eléctrico, que se prevé empezar a fabricar a partir de 2026, requiere menos empleo que uno de combustión, el futuro de la planta se antoja complicado. El proceso de transición energética no será doloroso si el mercado responde y la reducción de la plantilla se lleva a cabo por vías no traumáticas, como prejubilaciones o salidas pactadas. Pero aun así, los temores de que la factoría navarra acabe convertida en un centro menor dependiente de Barcelona parecen coger forma.
El asunto tiene además su derivada política. La transición hacia el coche eléctrico cuenta con financiación europea, repartida por el Gobierno de España a través de paquetes de ayuda que ha denominado Perte. Y lo que debía ser una bandera del Ejecutivo foral, que ha vendido como un éxito propio la asignación de los dos modelos eléctricos a Navarra que garantizan el futuro de la factoría, puede acabar volviéndosele en contra.
Porque en toda esta operación surge la sospecha de que el Gobierno central, y por extensión el PSOE, puedan estar favoreciendo a Seat, que tiene un exceso de plantilla muy superior a la que pueda haber en Landaben. Y que requiere de mayor volumen de producción para evitar un conflicto laboral en una comunidad políticamente estratégica. Rescate de Martorell a costa de una reducción del empleo en Navarra. Todo, con el silencio prudente y confiado del Gobierno foral.
Conviene en cualquier caso no sobreactuar ni dramatizar en exceso. La implantación del modelo eléctrico está en una fase inicial pero importante, la de la toma de decisiones, y politizarlo con interés electoral es un error que en poco ayuda al futuro de la plantilla. Ni el triunfalismo ni el catastrofismo aportan en un momento que requiere unidad institucional y apoyo decidido.
Es ahí donde se echa en falta una posición más clara por parte del Gobierno de Navarra, que siempre ha presumido de su capacidad de influencia en Madrid desde una relación leal y discreta. Tal vez haya sido así –el papel de Santos Cerdán siempre ha sido de gran ayuda–, pero quizá esta vez no sea suficiente. La discreción puede parecer inacción si los resultados no son favorables, y fiarlo todo a la buena voluntad del PSOE resulta cuando menos arriesgado. A fin de cuentas, en Moncloa tienen su propio interés electoral.
PENDIENTES DE MADRID
Algo similar ocurre con el TAV y la conexión con la Y vasca. Tras años especulando sobre si el enlace debía ser por Ezkio o por Vitoria, resulta que no se habían hecho los estudios suficientes para poder tomar una decisión anunciada para junio, y que se retrasa ahora un año más. Difícil de entender y difícil de explicar. Y aunque avanzar en los trámites administrativos hasta Alsasua permite ganar tiempo, hacerlo sin las conexiones garantizadas, ni por el norte ni por el sur, difícilmente se va a poder vender como un éxito político.
La situación no es muy distinta en lo que se refiere a la transferencia de Tráfico o la actualización del Convenio Económico. Otras cuestiones que el Gobierno de Navarra tiene pendientes de acordar con el Gobierno de España, y que acumulan también varios años de retraso. Está previsto que ambas se concreten en breve –Tráfico está “a punto de llegar”, asegura Javier Remírez–, pero lo harán tarde y sin que el Ejecutivo foral haya mostrado, al menos públicamente, reproche alguno.
Nadie duda del compromiso del Gobierno de Navarra y del PSN en particular en que todas estas cuestiones, de Volkswagen al TAV, de Tráfico al Convenio Económico, se resuelvan cuanto antes y del lado de los intereses de la Comunidad Foral. Pero surge el interrogante de si la estrategia de discreción sigue siendo políticamente acertada y, lo que es más importante, si realmente resulta productiva para el futuro de Navarra.
De poco sirve asumir como propio el éxito de las negociaciones de otros partidos en el Congreso –ni la gestión de Tráfico, ni la del Ingreso Mínimo Vital ni ahora la del impuesto a las energéticas son cosa del PSN–, si a la posición del Gobierno foral le falta claridad y firmeza. Y si los mensajes que salen del Palacio de Navarra parecen más dirigidos a reforzar el relato socialista que a afrontar la realidad tal y como es. Tan malo es ser alarmista como trasladar una sensación de conformismo para no incomodar al PSOE en Madrid. Convendría no generar dudas en este aspecto.
