En estas circunstancias, ¿a usted se le ha pasado por la cabeza dejar de asistir a las conferencias multilaterales entre el Gobierno español y las comunidades?

Se nos pasan por la cabeza muchísimas cosas, pero tomamos decisiones consensuadas entre todos nosotros. Sí me gustaría mencionar que, por un lado, las conferencias sectoriales no pueden sustituir a las bilaterales. Euskadi reclama una bilateralidad que tiene reconocida, y que no se está dando. Independientemente de que puedan existir conferencias sectoriales, la bilateralidad es imprescindible dada nuestra singularidad. En lo que respecta a las sectoriales, yo creo que las conferencias se han utilizado en bastantes ocasiones no tanto para contrastar opiniones como lugar de encuentro de todas las comunidades autónomas para debatir políticas; sino que se ha ido a hechos consumados, y se han trasladado a las comunidades decisiones que previamente ya estaban adoptadas desde la Administración General del Estado. Hay que reformular la cogobernanza. 

¿A qué se refiere?

La cogobernanza reside en que podamos debatir las cuestiones que son interés de ambos, y de alguna manera en igualdad de condiciones. Lo que no cabe es simplemente asumir las decisiones que vienen impuestas.

¿Tiene la sensación de que las comunidades autónomas son convidadas de piedra en esas reuniones?

Tengo la sensación de que no se escucha lo suficiente a las comunidades en esas reuniones.

¿Qué ha pasado con el plan de eficiencia energética? La consejera Tapia salió de la conferencia sectorial con la sensación de que las comunidades podían aprobar sus planes, pero ahora resulta que hay que asumir el plan del presidente Sánchez. ¿El Gobierno vasco lo entendió mal, o el Gobierno español no ha querido dejar margen de actuación?

Yo creo que es un muy buen ejemplo de falta de cogobernanza. Nosotros hemos dado muchísima importancia durante décadas al ahorro energético, nuestra ciudadanía tiene muy interiorizado todo este proceso, y pusimos encima de la mesa un plan alineado con las directrices europeas que, además, contrastamos con las diputaciones y ayuntamientos. Y nos encontramos con un real decreto ley que no ha sido compartido con las comunidades autónomas, con Euskadi, cuando lo coherente, a lo que hubiera llevado la cogobernanza, es a que esas normas con carácter previo hubieran sido puestas en común y se dejara una cierta capacidad a las comunidades para su desarrollo o, al menos, para dar su opinión. No ha sido así.

"Le trasladé a la ministra que el proceso transferencial debe ser absolutamente independiente de la negociación de los Presupuestos"

¿Que haya que asumir el plan de Sánchez supondrá también que habrá que multar?

Seguimos pensando que la ciudadanía es responsable. Es importante señalar que no ha habido oportunidad de hablar con los sectores. Toda vez que el Estado ha dictado una norma, habremos de ver cómo se ratifica y se cumple.

¿La cogobernanza es un eslogan porque en la práctica no se lleva a cabo?

Tenemos que reformularla en el día a día, en la forma de deliberar, tomar decisiones y escuchar a las comunidades. Y, en el caso de Euskadi, más allá de eso, atender la bilateralidad que también es parte de esa cogobernanza.

¿El Gobierno vasco ha formalizado alguna propuesta para esa cogobernanza al Estado?

Tuve ocasión de plantear a la ministra Rodríguez en la reunión del 29 de julio que no se podían llevar las cuestiones desarrolladas a las conferencias. Hay otro ejemplo: prácticamente nos enteramos por la prensa de que algunas ciudades de Euskadi iban a albergar actos de la presidencia del Consejo de la Unión Europea del señor Sánchez. Estos temas hay que hablarlos. 

Sánchez presenta el hecho de localizar las conferencias en distintas ciudades del Estado como un ejemplo de implicación de las comunidades. Pero no le concreta a usted si Euskadi va a poder tener asiento en el Ecofin, el Consejo europeo de Ministros de Finanzas.

Efectivamente. Estamos escuchando lo uno, y viendo lo contrario. Tenemos unas haciendas reconocidas de pleno derecho, tanto a nivel de la Administración del Estado como a nivel europeo. Tenemos un Concierto Económico. En el Ecofin se debaten aspectos que luego nosotros tenemos plena competencia para aplicar. Que Euskadi tenga presencia no sustituye a nadie, y aporta la visión de todas las haciendas.

"Voy a seguir con mi estrategia de enviar ofertas de traspasos, no hay otro camino. El Estado no avanza y me he obligado a ser proactiva"

¿La respuesta que dé Sánchez permitirá testar si su compromiso de involucrar a las comunidades autónomas es real?

Creo que debería hacer un esfuerzo. Además, somos un país que siempre ha sido muy europeísta, y creemos que nuestra presencia ahí, además de ser necesaria, puede aportar mucho.

En cuanto a la bilateralidad, el Gobierno español se ha saltado el procedimiento del Concierto Económico, de concertar con Euskadi los impuestos a la banca y las energéticas, y dice que son prestaciones patrimoniales y no impuestos. ¿Se están cruzando líneas que parecían sagradas en el autogobierno?

Se está evitando el Concierto Económico. Hay empresas domiciliadas en nuestra comunidad autónoma, pero jurídicamente lo han definido como una prestación patrimonial y no como un impuesto. Creo que no es de recibo. Hay que actuar con mayor lealtad institucional. 

Las diputaciones forales han recurrido al Concierto para responder a esta crisis deflactando el IRPF, pero el lehendakari decía hace poco que las rebajas fiscales, como las de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, van en detrimento de los servicios públicos. ¿Esta medida de deflactación del IRPF es ‘ayusista’?

Yo no creo que sea una medida ayusista. Es una medida dentro de los mecanismos que nos ofrece el Concierto Económico, que va a afectar a la ciudadanía con especial hincapié en las personas más vulnerables para conseguir una mayor cohesión y evitar una penalización fiscal. De los 250 millones que se detraen, 110 van a sectores más vulnerables.

Tras su reunión con la ministra Isabel Rodríguez, constató que no había voluntad para realizar transferencias. ¿Es coyuntural, porque la ministra decía que la reunión era protocolaria, o este bloqueo va para largo?

Ella tildó la reunión de protocolaria en un principio, pero a mi entender era una reunión muy importante, porque era a petición mía y la causa era que habíamos trasladado unas propuestas de traspasos, y el proceso estaba paralizado. Planteaba la reunión para que el Gobierno español diera un viraje. La falta de respuesta denota una falta de voluntad política para el cumplimiento del Estatuto de Gernika. Y también para el cumplimiento de la palabra dada: hay un calendario de traspasos propuesto por el propio Estado y tampoco se está cumpliendo.

"Lo coherente con la cogobernanza hubiera sido que el plan energético se hubiera puesto en común y se dejara cierta capacidad a las comunidades"

El ministerio se abrió a hablar sobre el litoral y las autorizaciones iniciales de trabajo en migración, pero eran dos de las transferencias que Pedro Sánchez dijo que no eran negociables. ¿Se levantó el veto en esa reunión? ¿Son traspasos difíciles pero no imposibles?

En la reunión, aunque duró algo más de media hora, yo hice planteamientos de peso. Volví a hacer hincapié en las materias que ya habíamos puesto encima de la mesa. Dos de ellas eran migración y litoral. Subrayé que, si hubiera algún problema o argumento jurídico que pudiera cuestionar cualquier traspaso, lo primero que se debería hacer es contrastarlo con nosotros para que nosotros podamos dar los argumentos en contra, más allá de escucharlo en la tribuna del Congreso. Todas las materias tienen su anclaje en el Estatuto. Estoy dispuesta a argumentar jurídicamente que esos problemas son salvables. Ya he escuchado en muchas ocasiones que vamos a seguir hablando. Pido hechos.

El Estado cuestiona que la competencia de litoral esté en el Estatuto, pero usted ha recordado que está en el artículo 10.31. ¿Se intenta rebajar la letra del Estatuto y su contenido?

Sí hay una cierta interpretación unilateral por parte de la Administración del Estado, cosa que no puede ser. La ministra me argumentaba que hay una asimetría en los estatutos, y que algunos tienen un detalle más amplio de la gestión del litoral. El título competencial está en el Estatuto de Gernika, en el 10.31. Es cierto que los estatutos que han sido modificados, como los de Catalunya, Andalucía y Canarias, definen las funciones que entran en la competencia. A nuestro entender, no hay problema en desgranarlo a través de un acuerdo de transferencias.

El Gobierno español se escuda en que Vox podría recurrir ante el Tribunal Constitucional. ¿Se está dejando condicionar por estas ideologías que no creen en las autonomías?

Los recursos son una posibilidad que está ahí siempre, como ha ocurrido con lo previsto sobre el IMV y las instituciones locales. Pero lo que no puede ser es que te pares por pensar que alguien te va a recurrir, si tienes la razón y puedes argumentarlo jurídicamente. Hay que defenderlo.

¿Usted tiene el apoyo de los consejeros del PSE en el Gobierno? ¿Ellos también creen que todas las competencias del calendario se pueden transferir sin reformar el Estatuto?

Yo creo que todos los consejeros del Gobierno vasco están de acuerdo con una premisa esencial de nuestro programa de gobierno: más y mejor autogobierno. En base a ese más y mejor autogobierno, también tenemos un calendario de transferencias que, además, es del propio Gobierno del señor Sánchez, del PSOE.

¿Le consta que, detrás de esta sugerencia del Gobierno español de reformar los estatutos si se quieren esas competencias, se encuentra una voluntad real de reformarlos por parte de Moncloa? ¿O ni una cosa ni la otra: ni transferencia ni reforma?

No creo que la voluntad sea la reforma de los estatutos. Lo que realmente existe es una falta de impulso y de la voluntad necesaria para acometer el Estatuto de Gernika.

El Estado pospuso el diálogo sobre migración mientras redactaba el reglamento de Extranjería, pero se acaba de aprobar en Consejo de Ministros. ¿Se va a acelerar el traspaso?

Más allá de las palabras de la ministra en la reunión, no tengo mayores novedades. Pero, de todas maneras, si hay una reforma por parte del Gobierno español, bien pueden tener presente la singularidad foral y lo que establece la disposición adicional primera del Estatuto.

"No es de recibo que se evite el Concierto Económico con los impuestos a banca y energéticas. Hay que actuar con lealtad institucional"

La ministra se comprometió a cerrar el traspaso de trenes en octubre, pero no le puso un papel sobre la mesa. ¿Le dijo si está dispuesta a que Euskadi gestione la infraestructura?

En una reunión que mantuve hace poco a nivel más técnico, también con el área sectorial del ministerio competente, solicitamos que se incluyan algunas infraestructuras e incluso algún servicio más dentro de los que ellos proponían. Entiendo que el traspaso tiene que ser integral, y creo que nuestra ciudadanía ganaría mucho. A nadie se nos escapa que hay algunas líneas, y ahora me viene a la mente la de Karran-tza, donde las infraestructuras no están en sus mejores condiciones, e incluso los horarios pueden ser mejorados. Una gestión desde Euskadi sería bien vista por la ciudadanía vasca.

¿Cree que el Estado se comporta como el perro del hortelano, que ni invierte en Renfe ni deja que Euskadi la gestione?

No sé cuáles son las razones por las cuales determinadas infraestructuras no están como quizás debieran estar o mejoradas suficientemente, pero la solución es clara: el traspaso y que acometamos desde aquí esa gestión.

El Gobierno español dice que el traspaso llegará antes de la negociación de los Presupuestos del Estado pero, ¿no tiene usted el temor de que al final introduzcan la transferencia en la negociación presupuestaria y solo la cedan si necesitan el apoyo del PNV?

Esa es una de las cuestiones que trasladé a la ministra, que el proceso transferencial tiene que ser absolutamente independiente de otras negociaciones como los Presupuestos porque es el cumplimiento de una norma y, desde luego, no puede estar condicionado a la existencia o no de otros pactos. Se lo pedí a la ministra en la reunión. Por lo tanto, sí espero que pueda estar antes de la aprobación de los Presupuestos.

Dice el Estado que el diálogo de los traspasos no es un partido entre rivales. ¿Ve una intención de silenciar la queja del Gobierno vasco?

Yo no entiendo que haya rivales, lo que sí hay es la necesidad de avanzar conjuntamente hacia un objetivo común: culminar el Estatuto. No existe rivalidad, obviamente, sino que no se está poniendo el esfuerzo y la voluntad suficiente por ambas partes. La nuestra es clara.

¿Usted va a seguir enviando ofertas? Sánchez pareció hacer un reproche a su consejería en el pleno del Congreso, porque aseguró que envía ofertas que sabe que son complicadas. ¿Va a seguir usted con su estrategia?

Por supuesto. Voy a seguir con mi estrategia porque, al parecer, no hay otro camino. Me he obligado a ser proactiva y desarrollar nuestras propuestas porque el tiempo avanza, ya son 43 años, y el Gobierno estatal no avanza.

En el año que queda de legislatura estatal, ¿el Gobierno vasco no se puede ir de manos vacías, sin ninguna otra transferencia?

Yo espero que no nos vayamos sin ninguna otra transferencia. La ciudadanía quiere una administración cercana.

¿Le sorprendió el recurso de ELA a la oferta de empleo para estabilizar los interinos en la Administración General?

La primera interesada en rebajar la interinidad es esta Administración. Llevamos años sin ofertas de empleo por las tasas de reposición (del Estado). Vamos a sacar hasta 3.600 plazas. Son todas las vacantes estructurales ofertables. Otra cosa es que haya agentes que entiendan que contrataciones temporales, para proyectos de dos o tres años ligados a los fondos europeos, acumulación de tareas o sustituciones en plazas que ya tienen titular sean objeto de convocatoria. No son plazas estructurales.