Históricos del PSOE como el expresidente del Senado Juan José Laborda y el exministro de Sanidad y Defensa Julián García Vargas han firmado un manifiesto contra el proyecto de ley de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que “tergiversa” el “gran pacto constitucional” de 1978. El manifiesto difundido es una iniciativa de la Asociación para la defensa de los valores de la Transición, surgida durante el Gobierno de Zapatero en oposición a la Ley de Memoria Histórica de 2007 y a la que pertenecen personas de “distinta procedencia política”.
Entre los firmantes del manifiesto figuran históricos del PSOE como los expresidentes del Senado Juan José Laborda y Javier Rojo, el exministro de Sanidad y Defensa Julián García Vargas, el exdiputado Luis Berenguer y el exministro de Sanidad y actual presidente de la Fundación Gregorio Peces Barba, Julián García Valverde.
También aportan el escrito la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias; José María Múgica, hijo de Fernando Múgica; y los exdiputados de UCD y del PSOE Luis Berenguer y Carmela García Moreno, entre otros.
El escrito denuncia el pacto alcanzado para aprobar la Ley de Memoria Democrática en el Congreso de los Diputados, al ser en opinión de los firmantes una “expresión actualizada de quienes, precisamente en esa época, utilizaban la violencia terrorista como método sistemático de actuación, con consecuencias dramáticas bien recordadas, sin que el citado grupo aún no haya formulado una condena expresa de aquellos crímenes”.
En concreto, el manifiesto critica una de las enmiendas para crear una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 cometidas por personas que “lucharon por la consolidación de la democracia”.
Previamente, el PSOE y Unidas Podemos habían recogido en las enmiendas parciales pactadas de forma conjunta la designación de esta comisión con el espacio algo más acotado en el tiempo, desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1982. Con la ampliación temporal de los trabajos de la comisión se incluye el año de inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la guerra sucia contra ETA, y el primer año de gobierno de Felipe González, que expresó su malestar con la ley, aunque su nombre no figura entre los firmantes.
