"Mi libro sobre el fascismo empieza por la judicatura, porque la conozco bien"

Llama la atención que el primer capítulo lo dedique a la judicatura.

-Sí, porque soy juez y conozco bien la profesión, y sus distintos ámbitos de desarrollo, y puedo profundizar con mayor conocimiento de causa en ámbitos que a lo mejor nunca se reconocen como tales. Evidentemente también relativizo, y digo que la gran mayoría de los jueces son personas y servidores públicos que hacen su trabajo como deben.

Usted ha dicho que "el 80% de los jueces y fiscales en España son ultraconservadores". Un titular tremendo, y un problema de Estado.

-Será un titular o no, pero es una verdad constatable, incluso con algunas estadísticas del propio Consejo General del Poder Judicial o del Ministerio Fiscal. Si vemos cuáles son las líneas políticas de estos organismos corporativos frente a distintos problemas, y cuáles las resoluciones judiciales respecto a esos casos extremadamente delicados, podemos llegar a la conclusión de que esto es así. Es evidente que hay un segmento conservador o ultraconservador muy grande, no equivalente al segmento de población que es progresista, que sobrepasa el 50%. Eso genera un problema de confianza.

¿Con ese panorama ve los indultos a los políticos catalanes en riesgo?

-Llama la atención lo ocurrido. No puedo opinar hasta que no lea con detenimiento la motivación de ese auto, y lo que ocurra en la sentencia. Aparentemente puede haber una instrumentalización por parte de quienes plantean esa demanda. Renovar otra vez los mismos problemas puede ser complicado. Desde luego que una misma Sala con composición diferente le quite la razón a la otra parte llama la atención.

Pedro Sánchez ha anunciado una reforma de la ley de secretos oficiales. Habrá que ver sus términos; la vigente ha sido un tapón.

-Efectivamente, habrá que verla, cuando en 2002 en dicha ley se incluyó el control judicial aparente por parte de un magistrado del Tribunal Supremo, yo ya escribí que me parecía insuficiente y que había que establecer muchas cosas más para garantizar esa transparencia y control. Ha habido mucha opacidad, y creo que en una democracia los servicios de inteligencia tienen que estar para garantizar la seguridad y la defensa de los derechos de los ciudadanos, y no al contrario. De esto trata mi libro también. Bienvenida esa reforma, pero tampoco hay que esperar a que haya un escándalo como el de Pegasus para que se tomen medidas.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, y de la verdad, justicia y reparación, ¿qué mensaje trasladaría hoy a víctimas de violencia del Estado, del GAL, de la tortura?

-Que la Justicia tiene el deber irrevocable e indeleble de investigar, considerar y conocer todos los hechos. La verdad debe ser siempre establecida, y la Justicia en los casos que sea posible penalmente y en los que no, restaurativa, debe reparar a las víctimas. En ningún caso negar los derechos de cualquier víctima. En nuestro país a veces se establecen categorías de víctimas, y eso es muy peligroso.

¿Se investigó lo suficiente? ¿Se creó un ambiente emocional y faltó determinación?

-En lo que pueda yo decir, por mi parte hice todo lo posible, y sufrí las consecuencias. Yo hasta donde pude y me dejaron, llevé las investigaciones estableciendo posibles responsabilidades, unas aceptadas con condenas, y otras no. Evidentemente hubo muchas zonas oscuras en las que no se quiso profundizar, como el de la investigación de la guerra sucia, de las torturas o de otras acciones por parte de los aparatos del Estado.

¿Y ante las denuncias de torturas?

-En los casos que me correspondieron hice todo lo que se pudo hacer con los indicios que había, y además la investigación de los delitos de tortura no era de la competencia de la Audiencia Nacional, estaba expresamente prohibida. Yo fui el primer juez que empezó a recoger en las propias declaraciones las denuncias de torturas, y después, los propios interesados las fueron presentando en los órganos judiciales correspondientes. Y ahí, sí, tengo que reconocer que hubo una respuesta muy escasa. España ha sido después condenada por esta falta de investigación.

Los datos de torturas certificados por el Gobierno Vasco son tremendos para la judicatura de la época.

-La Justicia tiene una deuda muy grande con el tema que se refiere a la investigación de la tortura. Se cuentan con los dedos de las manos los casos. Ha habido condenas hasta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a sentencias del Tribunal Supremo que se han tenido que anular. Hay un déficit importante en la investigación, que no se ha producido salvo excepciones. Esto porque quizás, lo digo también en el libro, siempre ha habido una tendencia a la protección del modus operandi de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que quizás no se tendría que haber producido, pero también en mi caso establecí lo que se conoce en Naciones Unidas como el Protocolo Garzón, para la grabación de la situación durante la detención e incomunicación en los casos de terrorismo, para que por lo menos de alguna forma se concitaran esos hechos, y se hizo y se adelantó bastante.

¿Con perspectiva, en el caso Bateragune, donde comenzó la instrucción, hoy habría obrado así? Vista su evolución sobre el devenir de la prisión de Otegi y su posición sobre los intentos de repetir el juicio.

-Cuando yo investigué e instruí ese caso, como otros, yo jugué con los elementos que había, e hice la interpretación que consideré ajustada a derecho y por tanto no puedo desdecirme. Me ratifico en la instrucción del principio al final. Después hubo una sentencia y una condena, y luego una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por determinados acontecimientos que sucedieron en el juicio oral de la Audiencia Nacional. Lo que sí he dicho es que no se puede seguir estigmatizando, hasta el punto de que parece que se llega a una especie de venganza o fijación contra personas que están haciendo cosas importantes en el mundo de la política y que están perfectamente dentro de la legalidad. Volver a repetir un juicio creo que no es lo más adecuado, porque ¿qué margen va a tener el Tribunal, va a discrepar de lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Lo que se tendría que haber hecho es declarar la nulidad y, en su caso, la indemnización a que hubiera lugar, y ahí acabar la historia.

Cuando se generó el ambiente del 'todo es ETA', sacar un carné de identidad vasco lo contempló como estrategia de desobediencia civil...

-No, como un indicio. En algunos casos en unión con otros.

¿No fue un magma lesivo, de trazos gruesos en la lucha contra ETA?

-No, no es verdad la afirmación que venía del mundo abertzale del todo es ETA. Yo en ningún momento dije que todo es ETA, y por mi parte hubo discriminación de conductas absolutamente. Yo ordené la clausura de un medio por un tiempo, y sin embargo me he mostrado siempre contrario a la de otros, por ejemplo Egunkaria. Cuando tomé una decisión fue con base en unos indicios reconocidos por la resolución judicial del Tribunal Supremo. En cambio ni siquiera instruí el caso Egunkaria. En otros aspectos me puedo haber equivocado. ¿Cómo que no? Claro que sí. Somos humanos, pero no es verdad el todo es ETA, y los abogados que ejercían en estos casos lo saben perfectamente. Cuando tuve que tomar decisiones en otros sentidos, las tomé también, no dudé en hacerlo.

La deuda de 'Egin' la ha tenido que asumir 'Gara'.

-Yo no estoy al tanto ya de lo que ha sucedido, porque ha habido varias resoluciones judiciales. Sería un atrevimiento por mi parte darle opinión sobre algo que ya no conozco. l

"Hubo muchas zonas oscuras en las que no se quiso profundizar, como el de la investigación de la guerra sucia o de la tortura"

"En democracia los servicios de inteligencia tienen que garantizar la seguridad y la defensa de los derechos, y no al contrario"