- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron ayer al subdelegado de Gobierno español en Valencia, Rafael Rubio, y al exvicealcalde de Valencia con Rita Barberá, Alfonso Grau, acusados de formar parte de una presunta trama de corrupción, conocida como caso Azud. Ambos están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. Además de Grau (PP) y Rubio (PSPV), también fueron arrestados la hija del exvicealcalde, un empresario y otras diez personas más en una operación desarrollada en Valencia, Alicante, Madrid y Tomelloso. Entre los detenidos se encontraba el jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia, José Luis Vera.
Tras su detención, Rafael Rubio fue destituido de manera fulminante por parte de la delegada del Gobierno Gloria Calero, al tiempo que era suspendido de militancia en la formación socialista. “En cuanto me he enterado, he procedido a su cese. No podemos consentir que estos hechos afecten a la Delegación del Gobierno”, señaló Calero.
Lo cierto es que la corrupción no es nada nuevo en la Comunidad Valenciana y a tenor de las detenciones de ayer, un vicealcalde popular y un subdelegado de un gobierno socialista y con carné del PSOE, queda claro que es algo endémico y transversal.
Según apuntaba el diario valenciano Levante, Grau habría percibido en torno a un millón de euros en metálico por estas presuntas mordidas urbanísticas, mientras que Rafael Rubio habría recibido 300.000 euros.
El operativo realizado ayer por la UCO se inscribe en la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de Valencia habrían realizado. La causa, que arrancó hace poco más de dos años y permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
La operación Azud tuvo su primera fase en abril de 2019, con la detención del cuñado de Rita Barberá, el abogado José Luis Corbín, y su socio, así como con la imputación en esa causa de su mujer y hermana de la fallecida alcaldesa de Valencia, Asunción Barberá, y de las tres hijas del matrimonio.
Rafael Rubio, hasta ayer subdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado provincial, fue involucrado en otro procedimiento, una de las piezas del caso Imelsa en la que se investigaban contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa. Tras conocerse su procesamiento en este procedimiento, Rubio se desvinculó de los hechos y aseguró que fue “extremadamente escrupuloso” con los contratos que hizo en 2011 a dos asesoras a su cargo en la Diputación, unas plazas que no se crearon a instancia suya. También negó pertenecer a ninguna organización criminal.
Por su parte, Alfonso Grau, concejal entre 1995 y 2015, fue condenado a cuatro años de cárcel -una pena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)- por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.
Las detenciones coincidieron con la comparecencia del ministro del Interior en Sevilla para coordinar el dispositivo policial previsto por la celebración de la Eurocopa de fútbol.
Ante la prensa, Fernando Grande-Marlaska ofreció una “absoluta cooperación máxima” con la autoridad judicial, pero recordó que existe un procedimiento judicial bajo secreto de sumario.
