donostia - Tras un mes de juicio, físicamente ausente pero protagonista de casi todas las declaraciones, hoy llega el turno de la testifical en el Tribunal Supremo del major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, que está pendiente de juicio por hechos muy similares en la Audiencia Nacional (AN), por lo que puede acogerse a su derecho a no declarar, aunque todo apunta a que sí lo hará. Aunque su defensa, la penalista Olga Tubau, evitó aclarar cuál será su posición final, es probable que quien fuera mando de la Policía catalana ofrezca su versión para reforzar su posicionamiento en la otra causa. A nadie se le escapa que, más allá de los delitos a los que se enfrentran los procesados por el 1-O, quien ha acaparado mayor protagonismo en sede judicial estas semanas ha sido la actuación de los Mossos.

Hasta la fecha han pasado por el tribunal dos comisarios, ambos también como testigos, Manuel Castellví y Emilio Quevedo, este último investigado a su vez por un juzgado de Sabadell en relación con la supuesta inactividad de este cuerpo policial el 1-O y declaró, por lo que no sería lógico que su superior jerárquico no lo hiciera. Trapero podrá exhibir su músculo argumentario después de las acusaciones vertidas por el exdelegado del Gobierno Enric Millo, el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto y, en especial, el coronel Diego Pérez de los Cobos, quien se refirió a las continuas desavenencias del major por el encargo que él tenía de coordinar el dispositivo policial. De hecho, le acusó de “alinearse” con la Generalitat, de poner “palos en las ruedas” y de organizar un dispositivo “insuficiente e ineficaz”.

Trapero está pendiente de juicio por rebelión en la AN por la actuación de los Mossos el 20 de septiembre ante la conselleria de Economía y el 1-O. Entre las primeras medidas de la aplicación del artículo 155 estuvo su destitución fulminante, siendo sustituido por Ferran López, quien fue relevado por Miquel Esquius por el Govern de Torra. Toda la cúpula de la época de Trapero tendrá que testificar y la mayoría de sus miembros arrastra el mismo problema de estar investigados en juzgados catalanes por su presunta pasividad en el referéndum. Castellví y Quevedo defendieron el desempeño de su jefe al frente del cuerpo autonómico y afirmaron que pidió a Puigdemont que suspendiera la celebración del 1-O sin conseguirlo.

Trapero se enfrenta a una acusación de rebelión en el juicio en la Audiencia Nacional y la Fiscalía pide para él 11 años de cárcel. “Le conviene anticiparse y contar su verdad, porque los hechos que el Supremo dé por probados van a ser fuente de prueba”, explica uno de los abogados del procés. Otra letrada añade que el factor Trapero demuestra lo absurdo de haber dividido la causa: por un lado, los 12 líderes soberanistas; por el otro, los jefes políticos y policiales de los Mossos. - I. Santamaría