Donostia. El balance de la acción del Gobierno español contra la corrupción es "globalmente insatisfactorio". Esta es la demoledora conclusión a la que ha llegado el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, respecto a una lacra que atenaza especialmente al partido que ocupa La Moncloa, el PP. En el Informe Interino de Cumplimiento publicado ayer, el Greco concluye que el gabinete de Mariano Rajoy sigue sin cumplir cuatro de las once recomendaciones que le trasladaron en 2013 y que las otras siete se han cumplido solo parcialmente en el anterior informe cumplía seis de forma parcial e incumplía cinco. Por ello, a juicio de este organismo los progresos que se han hecho son "limitados" y el grado de cumplimiento de las recomendaciones sigue siendo "en general insatisfactorio".

El Greco lleva desde 2005 haciendo "rondas de evaluación" a más de 40 países para analizar su situación respecto a la lucha contra la corrupción. España se encuentra ahora inmersa en la cuarta ronda, cuyo objeto de estudio son los miembros de los parlamentos estatales y los jueces y fiscales. Dado el retraso que acumula a la hora de implementar estas medidas, el Estado español tiene un plazo de un año, hasta el 31 de diciembre, para informar de las acciones realizadas para mejorar la prevención de la corrupción en el poder legislativo y el judicial.

En su escrito, el Grupo de Estados contra la Corrupción hace cuatro recomendaciones sobre los parlamentarios, de las que España no cumple dos: adoptar un código de conducta público y crear un sistema para constatar que son ciertas las declaraciones de intereses económicos, bienes y actividades complementarias que presentan los diputados y senadores.

Dentro de estas declaraciones que deben presentar cada año, el Consejo de Europa valora que estén obligados a declarar sus actividades y sus bienes, pero echa en falta más detalle. Así, pide que se incluya información sobre las empresas en las que los parlamentarios tienen acciones o participaciones, los regalos que reciben, los viajes a los que son invitados, los tipos de interés que pagan por sus hipotecas y las dietas y compensaciones que reciben.

La otra recomendación parcialmente cumplida es regular la relación de los diputados y senadores con los lobbies. Así, al organismo europeo le parece bien que se pretenda aprobar un registro obligatorio de estos grupos de presión, pero duda que la propuesta sea adoptada durante la legislatura.

De cara a evitar la corrupción en la Fiscalía, el Greco toma nota de que en el Congreso se esté analizando cómo mejorar su autonomía, pero considera que la comunicación entre el fiscal general del Estado y el Gobierno debe realizarse de manera transparente, por escrito y con una publicidad adecuada. Valora que exista un borrador de código ético en caso de posibles conflictos de intereses de fiscales, pero queda a la espera de su aprobación y pide un procedimiento específico para los procesos disciplinarios a los miembros del Ministerio Fiscal.

Respecto a los jueces, reitera que los miembros del Congreso no deberían participar en ninguna etapa del proceso de selección de los vocales del CGPJ y recomienda que se fijen por ley criterios objetivos para el nombramiento de los altos cargos de la judicatura. También pide que se amplíe el periodo de caducidad de los procedimientos disciplinarios contra magistrados.

Un año en funciones El Gobierno español, además de informar de las iniciativas legislativas que se están llevando a cabo para cumplir todas las recomendaciones, recordó al Greco que España ha estado casi un año con un gobierno en funciones. El presidente del Greco respondió que es consciente de la "dificultad de llevar a cabo reformas efectivas durante la situación de bloqueo político", pero subrayó que Rajoy formó su Ejecutivo en noviembre de 2016 y que "se deben emprender acciones decididas, no solo con palabras y planes, sino también con hechos", para impulsar reformas en el poder legislativo.