Donostia - Nuevo conflicto diplomático en ciernes entre Bélgica y España a cuenta del proceso soberanista catalán. Tras el exilio del president cesado, Carles Puigdemont, ahora el motivo de controversia es la actuación de la Policía en la manifestación celebrada el jueves en Bruselas para pedir que Europa se implique en el contencioso. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, exigió ayer una “explicación oficial” de Bélgica ante la presencia de coches patrulla con esteladas durante la manifestación. Se da la circunstancia de que esa misma Policía debía realizar el recuento de asistentes a la manifestación, y el PP insinúa que hubo tongo y se inflaron las cifras porque los agentes eran afines a la causa. En paralelo, el Gobierno español pidió ayer a la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, que se reforme la lista de delitos que hacen posible la extradición automática, con lo que deja al descubierto su descontento porque Bélgica no haya extraditado de manera inmediata a Puigdemont. Las dudas de España y la sensación de que Bélgica iba a rechazar total o parcialmente la extradición provocaron que el Tribunal Supremo diera un paso atrás y retirara la euroorden para evitar un varapalo.

A través de su cuenta de Twitter, González Pons publicó ayer varias fotografías en las que se ven coches de la Policía belga con banderas independentistas y apuntó, en referencia al dato de asistencia a la protesta, que los policías que conducían esos vehículos “pasaron en un minuto de dar 10.000 manifestantes a 45.000”. Asimismo, el eurodiputado criticó que la bandera que llevaban algunos policías belgas en sus vehículos no es la catalana, sino “una ilegal que representa la ruptura de España”. Por ello, tachó de “indignante” una de estas imágenes e instó al Gobierno belga a dar “una explicación oficial”.

“Esta foto es indignante y exige una explicación oficial de Bélgica: 1) Estos policías pasaron en un minuto de dar 10.000 manifestantes a 45.000; 2) Esa ni siquiera es la bandera de Cataluña, sino una ilegal que representa la ruptura de España”, escribió Pons en un mensaje de Twitter publicado en castellano y en otro traducido al francés.

La Policía del distrito de Bruselas-Montgomery rechazó en declaraciones a Efe que hubiera “ninguna connotación política” en estas fotografías. Michaël Jonniau interpretó que “probablemente” algún manifestante “quiso hacerse una foto recuerdo de la manifestación y los agentes no evaluaron que pudiera generar la reacción que ha generado”.

Este no es el primer conflicto entre Bélgica y el Estado español a cuenta del proceso soberanista. Madrid espera una lealtad absoluta en sus socios europeos e interpreta cualquier declaración a favor de una solución dialogada como una enmienda a su posición política. El primer ministro Charles Michel ha tenido que lidiar todas estas semanas con la petición de cuentas de Madrid cada vez que algún miembro nacionalista de su equipo lanzaba un guiño a Catalunya. Michel ha llegado a implorar a sus socios del partido nacionalista flamenco N-VA que se abstengan de realizar declaraciones de apoyo. El momento más crítico se produjo cuando el secretario de Estado de Asilo e Inmigración, Theo Francken, insinuó que Puigdemont podría pedir asilo a Bélgica. Horas después, el president cesado viajaba a Bruselas.

En ese mismo contexto, el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, anunció ayer que planteará una reflexión en la Unión Europea sobre la necesidad de actualizar la lista de delitos por los que se puede cursar una euroorden, que opina se ha quedado obsoleta, aunque trató de desvincular esta reflexión del caso de Puigdemont. “No es problema de un caso puntual, nosotros no tenemos ninguna queja de un caso puntual”, insistió a su llegada al Consejo europeo de Justicia, en el que recalcó que quiere plantear “una reflexión sobre la lista de delitos que forman parte de la orden. La lista es de 2002. Han pasado 15 años”.

La legislación contempla 32 causas por las que se puede extraditar automáticamente a un ciudadano. Catalá aseguró que no tiene “ninguna propuesta concreta” sobre una nueva lista de delitos y que lo que quiere es “trabajar con los socios europeos”, aunque avisó de que “es un tema en que se avanza despacio” porque “la sensibilidad jurídica de los Estados miembros es muy diferente”.

“no se trata de bélgica” La reflexión que quiere lanzar, según el titular español, se enmarca en las evaluaciones que los ministros europeos llevan a cabo de los instrumentos jurídicos para analizar su funcionamiento. El ministro añadió que la justicia belga ha colaborado con la española. “Del Gobierno belga me consta la lealtad, la colaboración. Bélgica en los últimos tres años ha emitido 212 órdenes hacia España y han sido atendidas salvo en dos casos por temas humanitarios”. - N.G./Efe