Euskadi lleva más de 25 años con un sistema de protección social que es ejemplo para el conjunto del Estado”. No es autobombo de político en campaña. Es palabra de quien mira cara a cara a la pobreza, amortiguada en tiempos de crisis por ese colchón tejido entre todos. Al igual que Manu Moreno, también Javier Mariño y Salvia Hierro, representantes todos de organizaciones sin ánimo de lucro, alaban la red que evita caídas al vacío de la exclusión. No obstante, dicen, queda mucho por hacer.

Para Javier Mariño, gerente de Koopera, no hay duda de que “la CAV, junto con Navarra, ha ido y sigue yendo por delante en la puesta en marcha de políticas sociales innovadoras y en la apuesta económica, por ejemplo, la RGI”. Lejos de instalarse en la autocomplacencia, ve “necesario en este momento que sigamos siendo referentes, con un mayor apoyo a las empresas de inserción a través de la incorporación de cláusulas sociales y reservas de mercado en la contratación pública, el apoyo a los talleres ocupacionales para personas en exclusión, el aumento de la cobertura de la RGI a quien no llega y la apuesta por la formación para el sector más vulnerable”.

Pese a que el nivel de protección de la CAV es “en algunos parámetros incluso más alto que la media europea, Salvia Hierro, directora gerente de la Fundación Etorkin-tza, también insta a no darse por satisfechos. “Este análisis no quiere decir que con esto nos valga. Los datos nos dicen que nuestro sistema de protección, si bien es alto comparado con otros, está en retroceso o al menos no avanza como debiera, empeorando significativamente en los últimos años”, afirma.

Por su parte, Manu Moreno, presidente de la Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Euskadi (EAPN Euskadi), considera “muy importante el desarrollo de un conjunto de servicios sociales definidos como derecho subjetivo para la ciudadanía. Todos los informes muestran que este desarrollo ha tenido un impacto muy positivo en comparación con otras regiones”, destaca.

La crisis, con sus cifras de paro imposibles, ha empujado a muchas familias al borde de la vulnerabilidad. En ese contexto, la Renta de Garantía de Ingresos resulta ser “una tabla de salvación a situaciones personales graves o muy graves. Sin esas ayudas, las situaciones de pobreza severa, y todo lo que eso como sociedad implica, se habrían agravado”, advierte el gerente de Koopera, quien recuerda que “el dinero solo no garantiza la integración social, pero qué duda cabe que es una herramienta potente para reducir los problemas de exclusión”.

La directora de Etorkintza se muestra asimismo convencida de que la RGI “ha sido y es vital” en este contexto de crisis, “ha paliado el incremento de las tasas de pobreza y de ausencia de bienestar” y ha permitido que “muchas personas no se descuelguen, no ya temporalmente, sino definitivamente”. Aunque no es “la solución de todos los problemas”, dice, esta renta “es un instrumento fundamental que facilita el derecho a vivir con cierta dignidad”.

El presidente de EAPN Euskadi coincide en que “la RGI, junto con otras estructuras -como la familia y las entidades solidarias-, ha sido esencial para amortiguar los efectos de la crisis” en la CAV, donde, gracias a su “sistema de protección, muchas personas han podido afrontar esta situación de forma más favorable que en otras comunidades”. Además, añade, “la RGI supone un impacto positivo tanto en el consumo, el PIB, como en generar una sociedad más justa y cohesionada”.

La RGI ha sido utilizada como arma arrojadiza en política, esgrimiendo el efecto llamada y el fraude para ponerla en entredicho. “Es una irresponsabilidad que se utilicen esos argumentos para cuestionar la RGI y, en consecuencia, culpabilizar a quienes la perciben. Como cualquier sistema público, debe estar en continua mejora y adaptación a la realidad, pero en algunos casos se pretende encubrir bajo propuestas de mejora una intención de recortar el derecho de las personas más necesitadas”, censura Moreno.

Mariño va más allá y pone nombre y apellido al objeto de sus críticas. “La herramienta de la extrema derecha para aumentar sus apoyos ha sido y es los mensajes simplistas y populares buscando siempre un culpable externo. En su momento lo fueron los judíos, y tristemente hoy lo son los inmigrantes. Buscan poner en duda la ayuda a las personas más débiles de la comunidad”, reprueba.

Poner en tela de juicio la RGI, a juicio de Hierro, no solo perjudica a los beneficiarios, “sino que quiebra una forma de entender la sociedad y de relacionarnos con un acuerdo sin precedentes en la política vasca”. “Mirar con recelo a los últimos es fácil y enfrentar a los últimos con los penúltimos también”, lamenta y advierte de las consecuencias: “Estigmatizar y penalizar a otro para salvarme yo no solo me deja individualmente en el punto de mira de un posible futuro similar, sino que me condena a vivir en una sociedad injusta, descohesionada y excluyente y no debiéramos permitirlo”.

El efecto llamada, uno de los argumentos recurrentes de quienes arremeten contra la RGI, es, a juicio de la directora gerente de Etorkintza, “más una creencia útil que una realidad que se pueda sustentar en datos, ya que el porcentaje de población inmigrante en el País Vasco es uno de los más bajos y el propio endurecimiento de los requisitos, tres años de residencia demostrable en la CAV, desdice este efecto llamada.

Además, está demostrado que la población inmigrante no es la que acapara la mayor parte de los recursos sociales disponibles”, expone. Respecto al cobro indebido de esta renta por algunos ciudadanos, señala que “el que pueda existir fraude no puede convertirse en la razón para invalidar un sistema entero”.

El gerente de Koopera también espanta estos fantasmas. “Durante la crisis muchos inmigrantes han vuelto a sus países y el fraude se ha demostrado que es limitado. Debe haber un control básico, pero cabría preguntarse si no sería más efectivo ampliar otro tipo de controles, por ejemplo fiscales, para evitar el mal uso de dinero público”, plantea.

Asimismo advierte que, “debido al envejecimiento de la población, vamos a necesitar inmigración que nos ayude a sostener las pensiones y a cuidar de un población mayor y con muchas dependencias”, por lo que “tenemos que saber integrarlos para que sean un activo de la sociedad”.

También e presidente de EAPN, desmiente que exista un efecto llamada y asegura que el fraude es un riesgo inherente a todos los sistemas públicos. “Desde las administraciones se deben desarrollar mecanismos que velen por su buen funcionamiento y generar una cultura de buena utilización por parte de la ciudadanía. En el caso de la RGI el índice de fraude no llega al 3%, mientras que en el IVA es del 25% y en el IRPF, del 20%, pero nos han acostumbrado a poner el foco en la RGI y genera un imaginario social de que es mucho mayor”, denuncia.

La CAV tiene uno de los índices de desarrollo humano más altos del mundo, situándose en octava posición, al nivel de Estados Unidos. “Siendo un dato muy positivo, en el caso que nos ocupa es imprescindible trabajar para evitar las desigualdades, porque podemos dar índices de desarrollo humano alto quedándose personas fuera”, alerta Hierro.

Con ella coincide Mariño, para quien “es muy buena noticia que aumente la longevidad y mejore la educación. Quiere decir que estamos haciendo muchas cosas bien”, valora, sin olvidar el trabajo pendiente. “El reto lo tenemos en la tercera dimensión que mide el nivel de vida digno. Se calcula como la renta per cápita y no tiene en cuenta si dentro de la sociedad aumentan las desigualdades”, explica, mientras Moreno considera que el índice de desarrollo humano de la CAV “es un dato gratificante, que nos enorgullece como sociedad, pero no podemos ser autocomplacientes. Debemos afrontar los nuevos desafíos”.

Los datos son los datos y los que maneja el Gobierno Vasco reflejan que, pese a todo, “el 22,7 % de la población está en riesgo de pobreza y exclusión, cerca de 500.000 personas”, calcula el presidente de EAPN Euskadi, quien urge a continuar mejorando. “Hay que fortalecer el sistema de protección aumentando el alcance de las rentas a las personas que lo necesitan y crear empleo digno y de calidad. También es necesario seguir trabajando en la cultura de la solidaridad y el bien común para construir una sociedad justa y cohesionada que vele por los derechos de todos”, reivindica.

La responsable de Etorkintza tiene muy presentes a quienes “no pueden acceder al sistema de protección a tiempo o no se pueden mantener en él por trabas administrativas, por ejemplo, no poder acceder al empadronamiento, alquileres de habitaciones sin regulación?”. Por ello, insta a redoblar esfuerzos. “Es necesaria una relación más directa entre las políticas de garantías de ingresos y las de inclusión para que la RGI no se convierta en un recurso finalista. También es necesaria la participación activa de las entidades del tercer sector en el desarrollo de estas políticas y que como sociedad exijamos que ninguna persona se quede fuera”. En definitiva, concluye, “es fundamental no solo consolidar el sistema desde un punto administrativo, sino hacer un esfuerzo de pedagogía social hacia una sociedad más inclusiva, justa y cohesionada”.

A juicio del gerente de Koopera, “el desarrollo humano supone un entorno en el que se respetan los derechos humanos y aquí creo que lo hacemos cada vez mejor, pero también supone que todas las personas tenemos opción para hacer lo que deseamos. Todavía nos queda mucho trabajo para hacer de la igualdad de oportunidades una realidad. También me pregunto si hacemos lo suficiente para que los países con el índice más bajo del mundo, como Nigeria, Congo o Sierra Leona, lo puedan mejorar”.