Hoy da comienzo el que seguramente sea el juicio más mediático de los últimos años en el Estado español desde el sumario del 11-M. No se trata de un caso de corrupción al uso, sino de un escándalo que ha trastocado la imagen de la Casa Real, una institución que aparentaba una imagen de absoluta limpieza y transparencia hasta el estallido de la investigación en 2010. Ahora, sin embargo, la sociedad española verá en el banquillo de los acusados a la hermana del rey y a su marido. Pero, dejando a un lado el tirón de la monarquía, el alcance del proceso es considerable. Se juzgará a 18 encausados por cargos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude, falsedad documental, estafa, blanqueo y delitos contra Hacienda. Un dato que revela la magnitud del juicio es la cifra de testigos: 363 personas prestarán declaración en la Audiencia de Palma. Sin duda, el año judicial en España estará marcado por el caso Nóos.
El sumario gira en torno a la presunta trama urdida por Iñaki Urdangarin y Diego Torres a través del Instituto Nóos, fundación dedicada a la organización de grandes eventos deportivos, y de sociedades satélite como Aizoon. Urdangarin y Torres malversaron supuestamente seis millones de euros de fondos públicos obtenidos mediante acuerdos y convenios con las instituciones: 3,5 millones de la Comunidad Valenciana, 2,5 de Baleares y 114.000 euros del Ayuntamiento de Madrid. Las pesquisas se iniciaron como una rama más del caso Palma Arena, que investigaba varios asuntos de corrupción relacionados con el Gobierno balear de Jaume Matas, y fueron adquiriendo peso durante 2011 y 2012 hasta llegar al actual proceso.
Ahora se celebra por fin la primera sesión del juicio, en la que los 18 acusados se verán las caras y las partes expondrán las cuestiones previas, aunque el proceso no se retomará hasta el día 9 de febrero, cuando se notifique la resolución de lo expuesto el primer día. Es entonces cuando comparecerán los procesados, empezando por José Luis Ballester, exdirector general de Deportes del Govern balear.
En cualquier caso, está por ver si la infanta Cristina será finalmente juzgada, ya que el tribunal debe decidir en los días posteriores si se le aplica o no la llamada doctrina Botín, que la absolvería en base a que su delito no se sostiene con la sola acusación popular del sindicato Manos Limpias, que pide para ella ocho años de prisión y dos millones de euros de multa por dos delitos contra la Hacienda Pública. El fiscal del caso, Pedro Horrach, ya ha pedido en reiteradas ocasiones el sobreseimiento de su causa. Miquel Roca, uno de los tres abogados que defenderán a la infanta, manifestó esta misma semana su “total y absoluta” confianza en que ese escenario se produzca.
Se trata de un macrojuicio sin precedentes y, por cuestiones de espacio, no se celebrará en los juzgados de Palma, sino en una sala de la Escuela Balear de Administración Pública, con el objetivo de garantizar la seguridad y poder acoger a todas las partes y a la prensa. Los acusados estarán distribuidos en tres filas de seis personas. En la primera de ellas se sentarán cuatro ex altos cargos de instituciones de Baleares, el expresidente del Govern balear, Jaume Matas, y el que fue contable de Nóos, Marco Antonio Tejeiro, cuñado de Diego Torres. Detrás de ellos se ubicarán cinco antiguos gestores de la Comunidad Valenciana y Ana María Tejeiro, esposa de Torres. Finalmente, la tercera fila, la más mediática, corresponderá al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; al asesor fiscal Salvador Trinxet; al exsecretario del Instituto Nóos, Miguel Tejeiro; al propio Diego Torres; y a Urdangarin y la infanta, aunque estos dos últimos no se sentarán al lado.
En la sala también estarán presentes los 18 abogados de la defensa, dos fiscales anticorrupción, dos abogados del Estado, dos del Govern balear y uno de la Generalitat valenciana. Además, 36 ciudadanos podrán acudir al transcurso del sumario. Respecto a los medios, quince periodistas cubrirán la primera jornada in situ, mientras que alrededor de 600 lo harán en una sala anexa habilitada para la ocasión. El tribunal que juzgará a los acusados estará compuesto por tres mujeres, Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín, que acumulan años de experiencia en causas de corrupción. Romero redactará la sentencia y presidirá el juicio, al ser la más antigua en la carrera judicial. Como curiosidad, el juez que iba a presidir el caso, Juan Pedro Yllanes, pidió una excedencia para poder concurrir a las elecciones generales en la lista de Podemos.
De los acusados, ocho son los más relevantes. En primer lugar, la infanta Cristina de Borbón que, aunque no se enfrenta a una de las mayores penas, es el personaje más mediático implicado en el juicio. Acusada por el sindicato anticorrupción Manos Limpias, la hermana del rey procurará por todos los medios no ser juzgada amparándose en los informes del fiscal Pedro Horrach. Su marido, Iñaki Urdangarin, está acusado de ocho delitos y la Fiscalía pide para él una condena de 19,5 años, mientras que Manos Limpias solicita 26,5 años. Urdangarin, máximo responsable junto a Torres del Instituto Nóos, obtenía contratos millonarios con facilidad por ser yerno del rey Juan Carlos y supuestamente los empleaba para saquear fondos de instituciones públicas. Diego Torres, por su parte, se enfrenta a penas de entre 16,5 y 22,5 años de prisión por nueve delitos. Su mujer, Ana María Tejeiro, también se sentará en el banquillo. Manos Limpias le atribuye los mismos cargos que a su marido, pero la Fiscalía solo la acusa de blanqueo de capitales. Sus dos hermanos, Marco Antonio y Miguel, también están imputados en la causa. El fiscal pide once años para el primero de ellos, excontable de Nóos. El segundo solo será juzgado a instancias de Manos Limpias, cuya petición de condena suma también once años.
En el plano político, son dos los nombres más conocidos: Jaume Matas y Alfonso Grau. Matas, expresidente de Baleares y exministro de Medio Ambiente, cometió presuntamente delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias al contratar irregularmente los servicios de Nóos. El exdirigente popular, que se encuentra actualmente en prisión por corrupción, podría ser condenado a once años. Grau, exvicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá, ha sido el último encausado en el proceso, a petición del PSOE valenciano. La acusación popular pide para él otros once años.
Es probable que el proceso judicial se alargue más de medio año, ya que los testigos comenzarán a desfilar en marzo y no terminarán de comparecer hasta el 17 de mayo. Entre ellos hay rostros ilustres de la política española de los últimos años como Rodrigo Rato, Ana Botella, Rita Barberá, Alberto Ruiz-Gallardón y Francisco Camps.
3
Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín serán las encargadas de juzgar el caso. Romero presidirá el juicio por antigüedad en la carrera judicial. Las tres magistradas acumulan años de experiencia en causas de corrupción.
18
Se les juzgará por delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude, falsedad documental, estafa, blanqueo y diversos delitos contra la Hacienda Pública.
363
El elevado número de testigos que prestarán declaración en el proceso provocará que el juicio se demore durante meses. No terminarán de comparecer hasta el 17 de mayo.
600
Solo 15 de ellos podrán seguir en la sala la primera jornada del juicio. Los restantes tendrán que hacerlo en una sala anexa habilitada para la ocasión. Se han acreditado más de 100 medios de comunicación y programas, entre ellos 20 internacionales.