El TSJPV dice que la consulta sobre la desanexión de Igeldo fue legal

donostia - El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha fallado a favor de la legalidad de la consulta que en la pasada legislatura organizó la Diputación de Gipuzkoa en Igeldo sobre su desanexión de Donostia. El tribunal entiende que la institución foral tiene capacidad para organizar consultas ciudadanas e indirectamente respalda la Norma foral 1/2010 de participación ciudadana, que dio cobertura legal al proceso.

Según el TSJPV, la consulta de Igeldo se circunscribió a un asunto relativo al ámbito de competencia foral, a quien corresponde la delimitación de los municipios del territorio. Además, el hecho de que la consulta se circunscribiera a los vecinos de Igeldo mayores de 16 años implica un censo diferente al cuerpo electoral del territorio, por lo que el tribunal considera que no se trata de una “consulta referendaria”, tal y como afirmaba la parte recurrente.

La sentencia remarca que la Diputación es el organismo competente en materia de demarcaciones municipales dentro del territorio, por lo que tiene la potestad de convocar una consulta sobre un asunto que se enmarca en el ámbito de su capacidad de gestión.

La sala argumenta asimismo que la Diputación y las Juntas Generales no son administraciones de régimen local, por lo que no cabe aplicarles las limitaciones que la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) establece en materia de consultas a los municipios.

La sentencia, que es firme, carga sobre la parte recurrente las costas del proceso.

Blindaje de la norma foral Nada más conocer la decisión, el portavoz de la Diputación. Imanol Lasa, se felicitó por el fallo, al entender que supone “un blindaje indiscutible a la capacidad foral para convocar consultas bajo la norma foral”, que fue aprobada en la primera etapa de Markel Olano como diputado general. La consulta de Igeldo, convocada en noviembre de 2013, la impulsó el Gobierno foral de Bildu.

La sentencia es un nuevo varapalo judicial para el delegado del Gobierno español, Carlos Urquijo, que fue el que instó a la Abogacía del Estado a recurrir la consulta argumentando que la Diputación carece de competencias para ello, una atribución que, en su opinión, está reservada al Estado y a la CAV. La víspera, la justicia le quitó la razón también y reconoció el derecho de Gaintza y Amezketa a remitir las actas municipales redactadas solo en euskera

La lupa de Carlos Urquijo también se ha posado sobre el reglamento de consultas de Donostia, que fue aprobado por unanimidad al término de la pasada legislatura. Por ahora, se ha limitado a solicitar el expediente.

En cualquier caso, la sentencia de ayer no aclara el fondo del asunto sobre la legalidad de la desanexión de Igeldo. El recurso del Ayuntamiento de Donostia contra el decreto foral del ejecutivo de Martin Garitano por el que habilitaba la segregación de Igeldo amparado en el resultado de la consulta, está en suspenso a la espera de que resuelva la justicia. Fuentes del TSJPV consultadas en su día por este diario, situaban el fallo como tarde para el mes de junio, plazo ampliamente superado - N.G.