Una delegación del Parlamento Europeo viaja esta semana a Madrid para reunirse con miembros del Gobierno español y de las Cortes Generales con el fin de saber por qué es el único de la Unión Europea que no ha ratificado una reforma de 2018 que, entre otras medidas, impone un umbral mínimo del 3% para lograr escaño en Estrasburgo. Este modelo penaliza a los partidos territoriales cuyo ámbito de actuación es el autonómico, y obliga a forjar coaliciones entre ellos para garantizarse su escaño en la Eurocámara. En concreto complicaría mucho las opciones de las formaciones nacionalistas periféricas como PNV o Junts.
La delegación mantendrá reuniones entre el lunes y el martes y estará presidida por el eurodiputado alemán del Partido Popular Europeo Sven Simon y estará conformada entre otros por europarlamentarios españoles del PSOE, PP y Vox, sin que se haya comunicado la presencia de representantes vascos o catalanes.
La reforma electoral en cuestión data del año 2018 y su objetivo es armonizar las prácticas para las elecciones al Parlamento Europeo en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Debe ser ratificada por todos los parlamentos estatales, pero en el Estado español sigue sin asumirse.
Uno de los puntos de la reforma prevé la introducción de un umbral electoral nacional obligatorio, de entre el 3% y el 5%, para la asignación de escaños en países con una única circunscripción electoral, como es el caso del Estado español
Los eurodiputados son escogidos en una votación por circunscripción única, la del Estado, en lugar de distintas circunscripciones autonómicas, como ocurre con el resto de elecciones, ya sean municipales, forales, autonómicas o generales. Este modelo penaliza a los partidos territoriales cuyo ámbito de actuación es el autonómico, y obliga a forjar coaliciones entre ellos para garantizarse su escaño en la Eurocámara.
El PNV siempre ha planteado que cada comunidad sea una circunscripción y lo justifica en que esta medida permite “adaptarse más adecuadamente a la forma de Estado complejo del Estado autonómico”.
Umbral del 3%
La imposición de un umbral mínimo de porcentaje de voto en el conjunto del Estado, en lugar de solo en la comunidad autónoma en la que se presenta a las elecciones europeas, podría dejar fuera del Parlamento Europeo a Junts, que en 2024 sacó un escaño con el 2,52%, y a la coalición CEUS –en la que se alíaron PNV y Coalición Canaria–, que obtuvo el último escaño en liza con el 1,63% de los votos y aupó a la jeltzale Oihane Agirregoitia al escaño en la Eurocámara. También pondría en aprietos a las opciones de formaciones minoritarias como Podemos, y la coalición de ERC-Bildu-BNG, que cosecharon entre el 3,3 y el 5% de los votos.
Según informa el Parlamento Europeo, la comisión de Asuntos Constitucionales ya celebró en abril una audiencia con académicos invitados para explorar los obstáculos que mantienen bloqueada la reforma electoral de la UE, centrándose especialmente en el retraso de España en ratificar los cambios de 2018.Aquellos debates pusieron de manifiesto la tensión generada por la necesidad de contar con normas uniformes a nivel europeo y las diversas tradiciones constitucionales y sistemas electorales de los Estados miembros. Propuestas como los umbrales estatales mínimos, las listas transnacionales y el papel de los partidos europeos siguen generando interrogantes en torno a su viabilidad jurídica.
En el Estado las comunidades tienen amplias competencias, y donde existe una diversidad lingüística y cultural reconocida en la Constitución. Sin embargo, todo esto quedaría sin reflejo en el Parlamento Europeo si se elevan los umbrales y, de facto, se impediría la representación de partidos autonómicos en la Eurocámara. Esta realidad chocaría con el fin esencial de la Eurocámara de representar a la Europa comunitaria “en toda su variedad de opciones ideológicas, culturales, nacionales y regionales, fomentando la creación de vínculos entre los electores y los elegidos”.
