pamplona- La ONU ha dado un paso adelante por el esclarecimiento de la desaparición del navarro José Miguel Etxeberria, Naparra. El pasado mes de septiembre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias se reunió con el hermano del desaparecido desde 1980 y tras conocer los detalles del caso, no dudaron en considerar “que está desaparecido” y que “fue un hecho forzoso” y por lo tanto un delito “de lesa humanidad cuyos cargos no prescriben”. Una calificación a priori obvia pero que en 34 años ni el Gobierno francés ni el español habían reconocido. Ha sido gracias a la tenacidad de la familia, que no ha abandonado la esperanza de resolver el caso pese a los varapalos de los Estados francés y español que dieron carpetazo al caso en 1982 y 2004, respectivamente, considerando que no había motivos para pensar que la desaparición no fuese voluntaria.
El pamplonés José Miguel Etxeberria, alias Naparra o Bakunin, formaba parte de los Comandos Autónomos Anticapitalistas y se le vio por última vez el 11 de junio de 1980 cuando acudía a una cita que tenía en Ziburu. Estaba refugiado en Iparralde con 22 años y el BVE reivindicó el secuestro y su muerte mediante cinco llamadas a diferentes a medios de comunicación. Los primeros comunicados reivindicativos del Batallón Vasco Español situaban el enterramiento de su cuerpo cerca de Xantako (Donibane Lohizune), donde la familia y amigos realizaron rastreos, incluso unos buzos inspeccionaron el fondo del lago sin suerte. Después se dijo que el cadáver había sido llevado por dos gendarmes a la zona de Dax. Diario 16 hizo sus propias investigaciones en 1985 y concluyó que Naparra había sido asesinado por mercenarios del clan Perret. Esas fueron todas las pistas a las que pudo acceder la familia, a pesar del empeño de todos sus miembros que se reunieron con miembros del Comité de Refugiados Políticos Vascos y posibles testigos para saber más y encontrar al menos el cuerpo para poder descansar. Pero con tan pocos datos era y es como buscar una aguja en un pajar.
En primera instancia, la familia acudió a la justicia francesa que archivó el caso sin avances en 1982. En 1999 se presentó una denuncia en la Audiencia Nacional y la querella fue admitida a trámite para investigar la desaparición. Pese a la esperanza inicial, la familia constató la falta de interés en resolver el caso al no aceptar la llamada a declarar como testigos a mandos policiales como el exgeneral José Antonio Sáenz de Santamaría o el ahora imputado por torturas Billy el Niño. En marzo de 2004 el juez Ismael Moreno dictó un auto de sobreseimiento y archivo de la causa negando incluso en sus conclusiones que hubiese habido hecho delictivo en su desaparición.
Después de esta sentencia, que se recurrió sin éxito, no se han dado muchos más avances, ya que cualquier reclamación ante diferentes órganos fracasaba al basarse las conclusiones en el auto de Moreno que no considera víctima a Naparra.
grupo de trabajo Los años pasaron, no sin conmemorar cada junio en el caserío familiar en Lizartza el aniversario de la desaparición y en septiembre de 2013 dos miembros del Grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzosas o Involuntarias de la ONU visitaron el Estado para ver qué iniciativas estaba llevando a cabo en esta materia. Ariel Dulitzky, miembro del grupo de trabajo, se reunió con varias asociaciones en Vitoria y la familia de Naparra aprovechó para entregarle un informe sobre el caso. Dulitzky, al conocer los detalles de lo sucedido, animó a la familia a presentar una demanda individual sobre el caso. Con la ayuda de la asociación Egiari Zor, hicieron oficial la reclamación, que el grupo aceptó y comenzó a estudiar.
Fue en septiembre cuando Eneko Etxeberria acudió a Ginebra a exponer los detalles del caso a los cinco miembros del grupo de trabajo (de Bosnia-Herzegovina, Líbano, Argentina, Francia y Sudáfrica). Durante 40 minutos, Etxeberria puso de manifiesto el olvido por parte de las instituciones que ha sufrido el caso y la ausencia de medidas reparadoras hacia la familia. La comisión tuvo claro que José Miguel es víctima de desaparición forzosa y que es un delito de lesa humanidad. Las conclusiones se trasladaron a ambos estados y se les solicitó que se lleven adelante las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias de la desaparición y se protejan los derechos de José Miguel.
Ambos gobiernos deberían responder a esta instancia en virtud de las obligaciones adquiridas al firmar los convenios de derechos humanos, pero como las recomendaciones no son vinculantes, solo queda confiar en la voluntad de los estados que, por lo demostrado hasta ahora, ha sido nula. No obstante, con la implicación de la ONU, la familia de Naparra tiene un nuevo argumento con el que luchar para recuperar el cuerpo de José Miguel y conseguir el merecido reconocimiento.
