Pamplona. El ex director general de Caja Navarra (CAN), Enrique Goñi, ha anunciado que pedirá el sobreseimiento de la causa abierta por la jueza que investiga las polémicas dobles y triples dietas de la entidad financiera porque "todo era plenamente legal" y ha tenido a su juicio soporte estatutario.
Tras prestar declaración durante unas tres horas ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, el que fuera principal ejecutivo de Caja Navarra, antes de su integración en Banca Cívica, ha hecho una breve declaración a los medios de comunicación en la que ha enfatizado que no hay "ni causa ni caso" en esta investigación.
Por ello, ha avanzado que en cuanto la jueza reciba los informes que ha pedido al Banco de España sobre la actuación de los órganos de gestión de la caja, pedirá el sobreseimiento de la causa, ya que toda la actuación "en torno a la Caja Navarra ha sido legal, es legal", ha señalado.
Al ser preguntado sobre si, además, lo ocurrido en Caja Navarra ha sido ético, ha contestado: "legal, estamos en el ámbito legal".
El ex director general de Caja Navarra, que ha llegado al juzgado en torno a las 09:20 horas acompañado de su abogada, es el cuarto imputado en la causa de las dietas de Caja Navarra, tras el expresidente de Navarra, Miguel Sanz, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el exconsejero de Economía, Álvaro Miranda, quienes ya han declarado ente la jueza.
Goñi ha sido imputado por la jueza María Paz Benito por haber abonado o consentido que se abonaran dietas carentes de soporte estatutario a quienes ostentaban la presidencia del Gobierno foral, la alcaldía de Pamplona y la consejería de Economía y Hacienda.
Se trata de los cargos que ostentaron Miguel Sanz, Enrique Maya y Álvaro Miranda, los otros tres imputados por la jueza en la misma causa, que investiga el cobro de dobles y triples dietas por asistir a sesiones consecutivas en el mismo día de la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF) de Caja Navarra, un órgano que los testigos llamados a declarar han coincidido en reconocer que desconocían su existencia.
El fiscal ya ha pedido el archivo de la causa abierta contra el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, en este caso, en el que no ha sido imputada la actual presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, aforada por su cargo.
Sanz, Maya y Miranda, destacados miembros de Unión del Pueblo Navarro (UPN), ya han prestado declaración como imputados ante la juez y, al igual que Barcina, han devuelto las dietas que percibieron como miembros de la Comisión Permanente.
Tras la breve comparecencia de Goñi ante los medios, el portavoz de Kontuz Javier Ayestarán ha explicado a los periodistas que el exdirigente de CAN ha respondido a la jueza que todo lo realizado en la entidad financiera "se atenía a los estatutos, todo era correcto, no ha habido ningún problema legal y todo ha estado muy bien".
Ayestarán ha subrayado que a Kontuz "no le han convencido absolutamente nada" las explicaciones de Goñi y, por tanto, van a defender que se siga tramitando la causa.
Respecto al presunto delito de cohecho que la jueza imputa a los cargos políticos, Ayestarán se ha remitido a lo que decida la magistrada, aunque "desde luego, las explicaciones que ha dado (Goñi) no han convencido a Kontuz".
Por su parte, el abogado de UPyD en esta causa, Diego Paños, ha comentado a los periodistas que Goñi ha hecho hoy "una defensa numantina de la honorabilidad de Sanz y sus buenas intenciones", al asegurar ante la jueza que el expresidente navarro "era una persona recta y honrada y no tenía ninguna voluntad de ser oneroso para la Caja de Ahorros de Navarra".
Sin embargo, ha declarado, "a la hora de la verdad lo que ocurre es que todo queda en agua de borrajas", especialmente en la cuestión clave de si era el Gobierno de Navarra o el Banco de España el que debía inspeccionar a la CAN.
En su declaración de hoy, ha indicado Paños, el exdirector de la CAN ha reiterado que la capacidad de inspección estaba delegada en el Banco de España, no solamente la alta inspección, sino también la inspección ordinaria.
Acerca del régimen de protectorado de la CAN, recogido en los estatutos de 2010, que dio al Gobierno de Navarra "las más altas facultades" de vigilar el funcionamiento de la caja, ha destacado que este criterio "ha quedado borrado del mapa por el testimonio del señor Goñi" que ha venido a decir que la actuación inspectora del Gobierno Foral fue "absolutamente nula".
De hecho, ha apuntado, según Goñi los asuntos de la CAN "no se hablaban en el Gobierno de Navarra" y todas las informaciones que se dieron sobre la marcha de la entidad a los cargos políticos en la Junta de Entidades Fundadoras "se quedan allá y no van a ninguna otra parte".
