El 30 de septiembre de 1982, una decena de dirigentes de ETA político-militar VII Asamblea anunciaban en el frontón Euskal-Jai de Biarritz la disolución de esta rama de la organización y el inminente paso de la frontera de los refugiados. Quienes no secundaron la decisión, los octavos, no tardaron en incorporarse a ETA militar, como ya hicieron los berezis de Mujika Garmendia unos años antes.

El anuncio del Euskal Jai era el principal hito en un camino que se había iniciado no mucho tiempo antes. El abogado y miembro de Euskadiko Ezkerra, Juan Mari Bandrés, y Mario Onaindia, dirigente de Eusko Iraultzarako Alderdia y condenado a muerte en el proceso de Burgos, habían iniciado un proceso de diálogo con la propia ETA pm y con el ministro del Interior, Juan José Rosón, para preparar el desembarco de los polimilis refugiados en Francia en la sociedad vasca de principios de los ochenta. El Plan de Reinserción Social, fin último de estos contactos de 1981, perseguía además una salida para los presos de ETA pm sin delitos de sangre, un proceso que concluyó en 1985.

Las claves de aquella apuesta, a diferencia de contactos posteriores entre ETA militar y el Estado español, fue que la negociación política quedaba al margen del proceso. Se trataba sencillamente de abrir una puerta a quienes llevaban años en la clandestinidad y que consideraban, en aquel entonces, que la lucha armada ya no tenía sentido.

Los protagonistas de aquella histórica rueda de prensa del Euskal-Jai regresaron a Euskadi y se integraron en una sociedad que vivía los años más duros de los milis, y que estaba a punto de conocer unas nuevas siglas en el panorama armado vasco, el GAL.

La reinserción se llevó a cabo con más o menos normalidad. Muchos ex militantes siguieron involucrados en la política en diferentes partidos, otros decidieron dedicarse a otras tareas. Entonces las víctimas del terrorismo prácticamente no existían para la sociedad. Su capacidad de presión social era nula y los sucesivos gobiernos, por lo tanto, no las tenían en cuenta a la hora de emprender procesos de este calado. Así, más de 150 personas que vivían presas o en la clandestinidad se reincorporaron a una vida normalizada en el lapso de unos pocos años.

Poco después se experimentaría con una nueva vía que supuso la excarcelación de 43 miembros de ETA militar, político militar y de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Ése fue el número de presos que, con la mediación del entonces senador del PNV y luego consejero del Gobierno Vasco con Eusko Alkartasuna, Joseba Azkarraga, firmó un manifiesto en el que renunciaban a la violencia y solicitaban un indulto que el Gobierno socialista concedió. Fue el 9 de abril de 1984 cuando se suscribió el documento, no exento de riesgos para sus firmantes, pues ETA había amenazado a sus disidentes.

La organización no llegó a cumplir su amenaza hasta 1986. La ex dirigente de ETA María Dolores González Katarain, Yoyes, había regresado de México y empezaba una nueva vida en su Ordizia natal con el visto bueno del Ministerio del Interior. José Antonio López Ruiz, Kubati, la asesinó el 10 de septiembre delante de su hijo.