Donostia. Dos ex presos de ETA vuelven a centrar la nueva polémica entre el PP y el PSOE. Mientras la Audiencia Nacional pide a la Interpol que investigue el paradero de Iñaki De Juana Chaos y a la Policía que mantenga "localizado permanentemente" a Iñaki Gracia, Iñaki de Rentería, populares y socialistas se lanzaron acusaciones sobre la utilización partidista del terrorismo.
Tras la alarma mediática que ha supuesto la puesta en libertad de Iñaki Gracia, la Audiencia Nacional exigió tan solo 24 horas después de su puesta en libertad la vigilancia del ex reo hasta que se le pueda procesar por intentar, supuestamente, matar al rey de España, delito por el que el fiscal solicita 46 años de prisión.
Sin embargo, fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por Europa Press, aseguraban que la Policía desconocía en la tarde de ayer el paradero Gracia Arregi, al que trataron de localizar desde las 15.30, cuando llegó la orden judicial. Esas mismas fuentes advirtieron de la dificultad de localizar a una persona sobre la que no hay ninguna investigación en curso ni mantiene ninguna causa pendiente.
Para la Fiscalía, hay dos vías de procesar a Gracia: o bien se solicita una nueva segunda extradición a Francia (la primera fue denegada) o bien, con base en el artículo 21 de la Ley de Extradición Pasiva, esperar 45 días para ordenar su detención sin atender a las limitaciones galas.
Mientras se resuelven las cuestiones judiciales, el PP, tanto sus representantes en Euskadi como en España, exigió "responsabilidades" por la situación de estos dos ex presos de ETA. El presidente popular, Mariano Rajoy, recuperó el discurso que mantuvo su partido en 2007 y que llevó a organizar una manifestación bajo el lema de España por la libertad. No más cesiones a ETA cuando De Juana logró la libertad atenuada.
El presidente del PP exigió al Gobierno de Rodríguez Zapatero que transmita "tranquilidad al conjunto españoles", investigue "lo que ha pasado" y pida "responsabilidades", al tiempo que confió en que el presidente español "mantenga" su decisión de "no negociar con ETA", en que ni Batasuna "ni ninguna de sus franquicias" se puedan presentar a las municipales de 2011 y en que el ex secretario general de LAB, Rafa Diez Usabiaga, "vuelva a la cárcel".
La portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, instó al ministro Pérez Rubalcaba a que abra una investigación sobre "las circunstancias que rodearon la desaparición" de De Juana, otra "para determinar qué circunstancias han llevado a que no se reclamara Francia que entregaran a la justicia española a [Iñaki de] Renteria por un cargo tan grave como era el atentado contra su majestad el rey" y, como Rajoy, insistió en que Diez Usabiaga "vuelva a donde tiene que estar, que es en la cárcel".
La respuesta socialista la dio la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que defendió la política antiterrorista puesta en duda por el PP: "Es siempre la misma. El objetivo es cumplir la ley, perseguir a los terroristas, ponerlos a disposición judicial con la cooperación internacional".
La vicepresidenta criticó al PP por hacer uso la política antiterrorista "con fines partidistas", algo que pidió que "no vuelva a usar".
También en Euskadi El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, convino con Rajoy al señalar que lo ocurrido con De Juana es una "vergüenza" y "un ejemplo de que "algo no funciona o de que alguien ha hecho algo mal". El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, también exigió que "alguien debe responder" porque "procede cualquier cosa menos el silencio del Gobierno".
En lo que PP y PSOE sí coincidieron fue en criticar, más o menos abiertamente, la Justicia norirlandesa.
