donostia. Ni su candidatura acusa un desgaste ni sufre de "magulladuras en el aspecto personal". El magistrado de la Audiencia Provincial de Araba Jaime Tapia se expresó en clave optimista ayer 24 horas después de que el Consejo General del Poder Judicial cayera por segunda vez en el bloqueo a la hora de tratar de designar al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Una votación que se saldó con un empate entre el director en funciones del órgano, Fernando Ruiz Piñeiro, y el juez Manuel Díaz de Rábago, así como con la plasmación sobre el papel de la caída de Tapia como candidato de consenso pactado entre los miembros progresistas y conservadores del CGPJ. De cara a la tercera convocatoria para presidir el tribunal, el magistrado no descarta nada. Podría volver a presentarse, porque su candidatura, según entiende, no se encuentra quemada.

De esa forma se expresaba ayer en una entrevista en Euskal Telebista en la que no anunció su postura final. "Mi decisión no será tanto definitiva en función de lo que pueda esperar, porque para mí esto es más un ofrecimiento que hago a la Administración de Justicia. Desde mi punto de vista personal y familiar, no lo necesito, entre comillas. Probablemente, hasta que no sea el momento, y yo espero que sea pronto, no lo sabré", zanjó, al tiempo en que confió en una rápida solución del bloqueo.

De esa forma dejaba la puerta abierta a su participación, por tercera vez, en la terna entre la que el CGPJ deba elegir al presidente del tribunal vasco. De hecho, Tapia se postulaba la semana pasada como el candidato a ocupar el puesto, si bien las filtraciones a la prensa terminaron por reducir a agua de borrajas el consenso logrado en torno a su figura, según lamentaban desde el órgano elector. Además, el juez no considera que su postura sobre el caso Ibarretxe le haya pasado factura: "Las críticas que hice a esas decisiones las hice siempre desde el respeto y sobre la base de un principio básico de nuestra asociación, que es la posibilidad de que los ciudadanos, incluso los jueces y las asociaciones, puedan criticar resoluciones judiciales que estiman no se corresponden con los parámetros del Estado de Derecho".