La reforma del Reglamento del Congreso ha afrontado este jueves su penúltimo trámite al aprobarse el dictamen con las recomendaciones de los letrados de la Cámara en cuanto a una mayor concreción de las sanciones previstas para los periodistas que perturben gravemente la convivencia y el derecho a la información de otros compañeros.
El dictamen, que se votará en el pleno del 22 de julio, ha salido adelante por 23 votos a favor y 22 en contra (PP, Vox y UPN) en la comisión del Reglamento, en la que por los mismos votos se ha aprobado el dictamen correspondiente a la incorporación del lenguaje inclusivo en la norma por la que se rige la Cámara.
Las recomendaciones de los letrados, incorporadas a través de una enmienda transaccional entre PSOE, PNV y BNG, señalan, entre otras cosas, una concreción en los comportamientos que son o no admisibles en el Congreso para dar una mayor seguridad jurídica y que haya un régimen de prescripción en las sanciones de manera que las muy graves prescriban a los seis meses, las graves a los tres y las leves al mes.
De nuevo, el PP y Vox han rechazado de plano esta iniciativa que han promovido los partidos de la coalición del Gobierno (PSOE y Sumar) junto a la inmensa mayoría de la investidura con el argumento de que este control que se quiere ejercer convertirá al Congreso en una cámara "de persecución".
Vulnera derechos fundamentales, ha señalado la diputada popular Carmen Navarro, al afirmar que la voluntad de esta reforma es "castigar a la prensa incómoda". Si bien ha reconocido tensiones "crecientes" con algunos periodistas, ha subrayado la presidenta de la Cámara tiene la facultad de salvaguardar el respeto a esta cámara y si no ha actuado "es porque no ha querido", ha señalado ante Francina Armengol, que preside también la comisión del Reglamento.
Navarro también ha criticado los cambios que se incluyen también en esta propuesta de reforma para aumentar los casos en los que los diputados pueden votar telemáticamente (cuidados por motivos de salud y fallecimiento de un familiar) para afirmar que no hay una demanda social para introducir "esta laxitud" de los parlamentarios.
En términos parecidos ha hablado el diputado de Vox, Andrés Rodríguez, tachando la propuesta "de atropello democrático" porque vulnera la Constitución al "restringir" el derecho a recibir una información veraz". Algo parecido ha señalado Alberto Catalán (UPN) al cargar contra "la arbitrariedad y el sectarismo" de la medida.
Por el contrario, entre los que la han promovido, el diputado socialista Joaquín Martínez ha subrayado que no es un instrumento de restricción sino de garantías y Francisco Navarro, de Sumar ha dicho que la reforma llega tarde porque la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) lo viene demandando desde hace tres años.
Y esta reforma llega después de que la APP denunciara episodios de "intimidación" y "faltas de respeto" por parte de personas acreditadas en el Congreso.
Por parte del PNV, Mikel Legarda ha señalado que es "lo mínimo exigible" en cualquier institución pública o privada y la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha dicho que las personas que han provocado estos cambios en el Reglamento "no son periodistas sino agitadores" y esta reforma supone una garantía para que pueda ejercerse la libertad de información. Mientras que Pilar Vallugera (ERC) ha insistido en que era necesario tomar medidas para que "no acosen a la gente y no entren ni graben en espacios no permitidos.
