MADRID. El archivo del caso Faisán por parte de la Fiscalía abrió ayer un nuevo cisma entre PP y PSOE a nivel estatal. Mientras los populares veían segundas intenciones en el cierre de la causa y aludían a la salud del pacto contra ETA, el socialismo, de la mano del Gobierno español, insistía en que "todos los implicados" habían sido juzgados. Quien ofreció su propia explicación fue el vicesecretario de Comunicación del PP estatal Esteban González Pons. En su opinión, la "inteligencia" del chivatazo tiene el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba.
El asunto del supuesto chivatazo a la organización armada para alertarla en mayo de 2006 sobre una operación policial contra su red de extorsión le valió a la portavoz del PP en el Congreso Soraya Sáenz de Santamaría para advertir de que su partido "va a exigir que se depuren responsabilidades políticas". Unas responsabilidades que, a su juicio, existirían porque "no se ha averiguado, por culpa o por omisión, quién avisó al propietario del bar Faisán de Irun que iba a ser detenido". El ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, por su parte, defendía que "absolutamente todos los implicados en la extorsión fueron procesados".
Precisamente el responsable de Interior pasó ayer a engrosar la lista de comparecencias pedidas desde el PP. Si anteayer reclamaban la audiencia del ministro de Justicia Francisco Caamaño y del fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido, la pasada jornada ampliaban la lista exigiendo la comparecencia de Rubalcaba en el Congreso, al objeto de que aclare si entra dentro de sus previsiones adoptar alguna medida para "recabar nuevas pruebas" que permitan identificar al autor de la llamada al propietario del bar Joseba Imanol Elosua. "Si después de tres años la Fiscalía reclama el archivo de la causa, o no se ha investigado todo lo que se debía o alguien quiere ocultar lo que pasó, porque puede haber altos miembros de la Policía Nacional implicados", opinó Sáenz de Santamaría.
Frente a las acusaciones del PP, desde el Ejecutivo de Madrid y desde el PSOE reclamaron "dejar trabajar a lo jueces y fiscales, y respetar sus decisiones". La vicepresidenta española María Teresa Fernández de la Vega, además, consideró que el caso Faisán "en ningún caso debería poner en cuestión la unidad con el PP en la lucha contra el terrorismo".
