LA Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha dado la voz de alarma sobre el ritmo de calentamiento global, que este mismo lustro puede alcanzar los 1,5º C. Su último informe refleja la evolución del clima -Global Annual to Decadal Climate Update- indicando que existe una altísima probabilidad de que entre 2021 y 2025 vivamos el año más cálido desde que se tienen registros, superando las temperaturas del año 2016. Esto conlleva un aumento de los deshielos, mayor nivel del mar, más olas de calor y fenómenos extremos. Atendiendo a las últimas predicciones, en los próximos años la temperatura media mundial superará en 1ºC los niveles preindustriales. Así las cosas, el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, subraya que estos datos no son meras estadísticas, alejándonos de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y señalando que los compromisos nacionales de reducción de emisiones se encuentran muy por debajo de lo necesario para lograr restringir esa subida del 1,5ºC.
Entre la variedad de escenarios que plantean los expertos en el marco de la gobernanza climática, destaca el "Pacto de Pactos" integrado por una serie de pactos verdes interdependientes, en contraposición a una serie de pactos verdes individuales y descoordinados, como el europeo, el recientemente asumido por la Administración Biden o el plan de infraestructuras chino.
El Pacto de Pactos Verdes potenciaría el objetivo de descarbonización, ya que tres cuartas partes de la economía mundial estaría orientada hacia la neutralidad en carbono entre los años 2050 y 2060. Bajo este multilateralismo climático podría concertarse una agenda global de mayor impacto y eficacia articulando medidas para la adaptación y mitigación del cambio climático. Esto impulsaría un modelo de desarrollo sostenible y la descarbonización del sistema energético global, en aras de una mayor protección de la biodiversidad y de nuestra especie.
La naturaleza policéntrica de la gobernanza climática interpela al conjunto de la sociedad, ciudadanía, empresas, gobiernos y ciudades para modificar nuestras formas de hacer en cada ámbito. Porque, mientras mostramos una creciente preocupación por la cuestión climática y la eficiencia, no queremos asumir impuestos verdes, ni consideramos los impactos ambientales de nuestras inversiones.
Así, el 45% de las medianas y pequeñas empresas no conoce la obligatoriedad de presentar una memoria de impacto ambiental, social y ético de su negocio, desconociendo, por ejemplo, lo que es un Estado de Información no Financiera (EINF), regulada por la directiva europea y transpuesta a la legislación española en 2018, que obliga a las empresas con más de 250 empleados. La emisión de gases contaminantes es uno de los indicadores del EINF con menor seguimiento por parte de las empresas (16%). Por lo que este segmento empresarial debe ser fuertemente apoyado en la reducción de estas.
En términos generales, parece faltarnos un discurso más atractivo, reforzado por una participación pública informada científicamente, mediante mecanismos como los existentes en otros países y que tienen por objeto el cambio climático, como las asambleas ciudadanas de Reino Unido, Suecia y Francia. Estos espacios y órganos podrían definir acuerdos de base amplia, minimizando el riesgo de polarización y apropiación política de cuestiones comunes como son la sostenibilidad y su vía de transición ecológica. Hay que considerar lógicas multiactor y acuerdos transversales entre instituciones, pues son cada vez más los grandes inversores institucionales que atienden al riesgo financiero de carácter climático.
Las ciudades están siendo otro actor clave. Oslo, Ámsterdam y París restringirán la circulación de vehículos de combustión interna para 2030. Los Ángeles lo hará hasta un 80% para 2035, al tiempo que San Francisco va a prohibir el uso residencial del gas natural, colocando a California en primera línea. En vista de todo ello, las políticas regionales y locales deberían ser igualmente ambiciosas y valientes para una acción más ágil y decidida. Si bien en Euskadi se están adoptando las medidas correctas, hay que acelerar el cambio para cumplir con los compromisos contenidos en la Declaración Institucional de Emergencia Climática y no sobrepasar el 1,5ºC con todos los riesgos que ello conlleva.
