Tribuna abierta

El derecho a reparar

12.05.2021 | 01:01
El derecho a reparar

Legislar implica hacer que las marcas aumenten la información para los consumidores sobre la reparabilidad del producto y con ello para que tengan los elementos adecuados para comprar de una forma clara en relación con su durabilidad

Se votó en el Parlamento Europeo en noviembre de 2020 y ahora el pasado 1 de marzo está en vigor en la Unión Europea el denominado derecho a la reparación que obliga a las empresas que vendan frigoríficos, lavadoras, secadores de pelo o televisores a garantizar que sus aparatos pueden repararse hasta diez años después de su venta.

La CE ha decidido, además de obligar a manufacturar electrodomésticos más duraderos y eficientes energéticamente, reducir la ingente cantidad de residuos eléctricos que se genera cada año. Con la nueva normativa de la UE los fabricantes tendrán que disponer durante al menos siete o diez años después piezas para reparar sus aparatos, que, asimismo, tendrán que venderse con manuales de reparación y estar fabricados de forma que puedan desmontarse con herramientas convencionales.

Así pues, los fabricantes o importadores ahora estarán obligados a poner a disposición de los reparadores profesionales una gama de piezas esenciales (motores y escobillas de motor, bombas, amortiguadores y resortes, tambores de lavado, etc.). También para los usuarios finales (es decir, los consumidores que no son reparadores profesionales, pero les gusta reparar las cosas ellos mismos) los fabricantes deben poner a disposición ciertas piezas de repuesto durante varios años después de que un producto se retira del mercado: productos como puertas o bisagras y sellos, que son adecuados para la acción de bricolaje. El plazo máximo de entrega de todas estas piezas es de quince días laborables tras realizar el pedido.

Las estadísticas reflejan que cada año las y los ciudadanos de la UE produce más de 16 kilos eléctricos por persona. Aproximadamente la mitad de esa basura se debe a aparatos domésticos rotos; y la UE sólo recicla un 40% de ellos.

Este primer paso hacia la durabilidad de los aparatos electrónicos debería facilitar que en el futuro los teléfonos inteligentes, los ordenadores portátiles y otros pequeños aparatos eléctricos también estén afectados por el derecho a la reparación.

Hace unos días también empezaron a ser obligatorias las nuevas etiquetas energéticas que describen la cantidad de electricidad que consumen los aparatos domésticos. La nueva escala está compuesta de siete letras (de la A a la G) y se completa con un código QR que proporciona a los consumidores información, entre otras cosas, del ruido que hacen los aparatos.

Empezó siendo un mito, una leyenda urbana, y ha acabado siendo tema de debate en el Parlamento Europeo y hasta objetivo de una directiva europea que entra ahora en vigor. Durante muchos años la conocida como obsolescencia programada era un tema del que se hablaba mucho. Se ha comentado hasta que cada aparato eléctrico o electrodoméstico salía del taller con una fecha de utilidad fijada. Los clientes veían como, además, un aparato no se podía reparar de forma sencilla, todo pasaba por el servicio técnico de cada marca.

De todas formas, aunque se trata de un cierto avance, todavía no es suficiente. Se trata de una iniciativa más, aunque con mayor entidad, que la que se creó en 2019 que obligaba a los fabricantes de algunos electrodomésticos a tener piezas de recambio durante dos años más.

Parecen cuestiones de puro sentido común, más aún en la Europa Verde de la que tanto se habla ahora, del Green Deal, que debe de guiar la recuperación poscovid-19, y que, en el caso de la reparación, deberían ser extensibles a otros muchos productos. Sin embargo, existen, sectores económicos que no están por la labor, y sus intereses son los que mandan.

Hoy por hoy todavía la reparación y la reutilización siguen siendo la hermana pobre de la gestión de política de residuos, aunque en la jerarquía comunitaria en materia de gestión de residuos figure en el primer lugar junto a la prevención. A diferencia del reciclaje, la reparación permite la recuperación del producto con una relativamente baja aportación de materia prima. Teniendo en cuenta que el reciclaje se basa en la destrucción de los productos, muchas veces mediante agresivos procesos industriales, para la recuperación de materia y la creación de nuevos productos, debería de plantearse la reparación y la reutilización como alternativa.

Pero volviendo a la entrada en vigor en la UE el pasado 1 de marzo del derecho a la reparación que obliga a las empresas que vendan frigoríficos, lavadoras, secadores de pelo o televisores a garantizar que sus aparatos pueden repararse hasta diez años después de su venta, hay que recibir con satisfacción pasos que se den en favor de la reparación, pero habría que hacerlo de forma más amplia a muchos más aparatos y artículos. Así qué esperanzados sí, pero con reservas.

A día de hoy en el Estado español no hay ninguna ley respecto a la obsolescencia programada. Existen ciertas leyes a nivel europeo que legislan en esa línea, pero no son de obligado cumplimiento. En 2013 se creó un dictamen en la UE respecto a la obsolescencia programada con el que algunos países van avanzando, como es el caso de Francia e Italia. En el caso de Francia, es el país europeo que cuenta con una cierta legislación, la más dura de Europa en la lucha contra la obsolescencia programada. La aprobó en 2015. Las marcas que incurran en estas prácticas pueden llegar a pagar multas de hasta 300.000 euros.

Sin duda, la solución a esta problemática está en el ecodiseño ecológico y en la economía circular. De esta forma se trata de conseguir algo muy sencillo: que al fabricar un bien tengamos en cuenta el residuo que va a generar para que este sea reutilizable, si es posible, al 100%. De este modo, en vez de seguir el paradigma de la economía lineal (produzco, uso, tiro) se pasaría al produzco, uso, reutilizo. Y si se puede, reparo.

Legislar, pues, en este sentido implicaría hacer que las marcas aumenten la información para los consumidores sobre la reparabilidad del producto y con ello para que tengan los elementos adecuados para comprar de una forma clara en relación con su durabilidad; extender la vida útil del producto a través del apoyo a la reutilización y la reparación; incentivar que los productos se puedan reparar en cualquier tienda y no solo en servicios oficiales, y por tanto incrementar la puesta en marcha en el mercado de objetos de segunda mano reparados; que las marcas diseñen artefactos que permitan la extracción de piezas, componentes, baterías; rebajar impuestos a las marcas que lo hagan, como ya se hace en países como Suecia –en este país se ha reducido el IVA del 25% al 12% en la reparación de productos como bicicletas, ropas y zapatos–, y a la que van a seguir otros como Bélgica, Países Bajos y Polonia, y a los artesanos que a ello se dediquen; y perseguir y multar la obsolescencia programada intencionada.

La reparación de los bienes materiales favorece a un modelo de economía circular con el que además de reducir la generación de residuos también se reduce el consumo de materia prima para su producción, en un planeta, y no olvidemos, cuyos recursos son finitos.

Experto en temas ambientales, Premio Nacional de Medio Ambiente y Premio Periodismo Ambiental 2019 de Euskadi

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