Tribuna abierta

Madrid, paraíso fiscal

06.10.2020 | 00:24
Madrid, paraíso fiscal

Todo está en Madrid y todo pasa, todo debe pasar, por Madrid. No es algo casual. Es una estructura pensada y fomentada para frenar la tensión centrífuga de las regiones periféricas. La apuesta centralista se ha sustentado sobre un paulatino debilitamiento de las comunidades colindantes, cada vez más despobladas y más dependientes de la relación económica que les ofrece Madrid

Caso paradigmático de obnubilación constituyen las palabras de Díaz Ayuso con ocasión de la alarmante situación sanitaria de Madrid, pidiendo la colaboración de los españoles: "Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España? No es de nadie porque es de todos. Todo el mundo utiliza Madrid, todo el mundo pasa por aquí. Tratar a Madrid como al resto de comunidades es muy injusto a mi juicio".

Es la cita completa de la presidenta de la Comunidad de Madrid para reclamar que el Estado no trate a su comunidad "igual que al resto" y le aporte más "recursos", porque tras años de políticas fiscales regresivas para absorber el capital y el talento del resto de comunidades, el territorio más rico no tiene medios para hacer frente a la pandemia.

Esto es, Madrid es España y España es Madrid. Sería interesante que Díaz Ayuso se leyera el informe del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) para enterarse del Paraíso Fiscal que preside.

El informe Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal, documento de 150 páginas, incluido en el programa IvieLAB, describe las ventajas que obtiene Madrid en su desarrollo económico por los efectos de la aglomeración, por su condición de capital del país y por las importantes rebajas fiscales de la Comunidad Autónoma de Madrid y sus consecuencias en detrimento de la igualdad entre regiones. Breve resumen del informe presento a continuación.

El sector privado es un motor de la actividad económica en Madrid y el sector público contribuye a reforzarlo y atraerlo hacia la capital, en razón de la concentración de centros de decisión públicos y de la mayoría de las unidades de contratación del Estado. La actividad privada ha funcionado como motor y el sector público como palanca de ese cambio. Pero ese formidable impulso tiene efectos secundarios negativos en otras comunidades porque para su despegue, Madrid se ha beneficiado del efecto de la capitalidad y de la competencia fiscal.

El 44,5% de las 1.000 mayores empresas españolas tiene su sede en la Comunidad de Madrid y representan el 56% de los ingresos de este grupo. Además, en Madrid se ubican los ministerios, el poder legislativo y judicial, los organismos reguladores, y muchas de las mayores instituciones culturales y centros de investigación públicos. Buena parte de esos organismos y entidades podrían descentralizarse si se siguiera el criterio de Alemania o de la UE con sus sedes, pero en España están concentrados, renunciándose al papel dinamizador que podrían desempeñar, como núcleos de actividades basadas en el conocimiento en otros lugares del país.

Actualmente, el 29% de los empleados del sector público estatal se concentran en la capital, lo que supone un porcentaje de empleados públicos del Estado en Madrid que duplica el peso de la población de la región en España. 150.000 funcionarios que con sus familias suman unas 400.000 personas; Madrid capital concentra el 21% de las ocupaciones cualificadas de España y 45 de cada 100 empleados de la ciudad desempeñan ocupaciones altamente cualificadas; su porcentaje de población con estudios universitarios es del 40,9%, 10 puntos más que la media española; la renta per cápita de la Comunidad se sitúa en 35.000 euros, un 36% por encima del promedio nacional y un 16% del europeo. La concentración en la ciudad de los empleados de los servicios centrales de los ministerios se eleva hasta casi el 80%.

Casi el 60% de las licitaciones de los órganos del Sector Público Estatal ubicados en Madrid que se adjudican a empresas españolas se dirigen a empresas con sede social en la capital, un porcentaje que alcanza el 64,4% si se considera el importe de los contratos. La cifra supera el 70% entre los contratos adjudicados a grandes empresas. Que las empresas del resto de España solo consigan un tercio de las adjudicaciones revela un sesgo territorial muy importante, que cuestiona la unidad de mercado como consecuencia de decisiones de instituciones que deberían velar por ella especialmente.

La Comunidad madrileña representa solo el 1,6% del territorio español pero concentra ya el 19,2% de su PIB.

Los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros son el 7% del total pero se benefician del 42% de las minoraciones de las cuotas líquidas en el IRPF. La mayoría de ese grupo se beneficia también de las bonificaciones en el Impuesto del Patrimonio y en el de Sucesiones y Donaciones, esos contribuyentes son los más favorecidos por esas rebajas fiscales que disminuyen los ingresos impositivos anuales en unos 4.500 millones de euros anuales, unos 636 euros menos por madrileño.

Según datos de la propia comunidad, las ventajas fiscales aprobadas los últimos quince años han supuesto una merma de la recaudación de cerca de 50.000 millones. Cada año Madrid deja de recaudar 1.000 millones por el Impuesto del Patrimonio; 2.600 por el de Sucesiones y 900 por el IRPF. En total, 4.500 millones en impuestos que equivalen a todo el presupuesto anual del Gobierno de Navarra, y que en buena parte han dejado de recaudar los territorios limítrofes.

Se reducen los ingresos públicos por habitante de Madrid y su capacidad de gasto en servicios públicos fundamentales, lo que repercute más sobre los grupos de población con menores niveles de renta, que son los que menos se benefician de las bajadas de impuestos y utilizan más los servicios públicos educativos y sanitarios.

Por otra parte, suponen una competencia fiscal para las bases imponibles de otras comunidades, al incidir sobre bases tributarias como las patrimoniales, que son más móviles, en especial las de los contribuyentes con mayores niveles de renta y patrimonio.

En su apartado de conclusiones, el estudio, se muestra partidario de "imitar ejemplos de Alemania con un elevado número de agencias estatales, el banco central alemán, tribunales federales y algunos ministerios ubicados fuera de la capital y de la UE", que también reparte instituciones fuera de Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo.

El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, esgrimió este estudio para cargar contra la vertebración centralista y radial de España y el efecto capitalidad que funciona como una "gran aspiradora".

Resulta difícil analizar la realidad española, en cualquiera de sus ámbitos, sin mirar a Madrid. Es el centro a partir del cual se ha organizado un modelo de Estado radial. Todo está en Madrid y todo pasa, todo debe pasar, por Madrid. No es algo casual. Es una estructura pensada y fomentada para frenar la tensión centrífuga de las regiones periféricas. La apuesta centralista se ha sustentado sobre un paulatino debilitamiento de las comunidades colindantes, cada vez más despobladas y más dependientes de la relación económica que les ofrece Madrid.

Dr. Ciencias Económicas. Sarriko (UPV/EHU)