Colaboración

Ridículo continuado de España

02.01.2020 | 06:22

Solía repetir el president Tarradellas, más recordado y elogiado en la meseta que en la periferia, que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Pues bien, las instituciones españolas del sistema parecen obstinadas en la ridiculez, además de en los fracasos, en sus medidas para (por no decir contra) Catalunya.

Por no ir más lejos en el tiempo, muchos recordarán las afirmaciones taxativas de Mariano Rajoy y sus colaboradores negando toda posibilidad de votaciones en la consulta del 1 de octubre de 2017, porque no habría ni urnas ni papeletas. Y las hubo para más de dos millones de participantes, pese al despliegue de la ocupación policial y sus garrotazos.

Siguieron las absoluciones que de hecho fueron los rechazos a las demandas de extradición del president Puigdemont y sus consellers en Bélgica, Alemania, Escocia? tantas veces como se presentaron. Y se acabaron retirando.

La penúltima llegaba en vísperas de las fiestas navideñas, el 19 de diciembre, con la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, según la cual el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, tenía inmunidad europea desde el momento en que fue proclamado europalamentario electo... y aún más, que el Tribunal Supremo español debió autorizar la suspensión de su prisión provisional para que acudiese a Estrasburgo a tomar posesión de su escaño en la Eurocámara.

La decisión ya había tenido un precedente en el informe del abogado general (equialente a fiscal general) de la misma instancia en idéntico sentido. Puede que la justicia española deje sin efecto práctico la sentencia, porque Junqueras ya no es preso preventivo, sino condenado, pero el dictamen de la UE añade que, para procesarle, Madrid tenía que haber pedido la autorización expresa de la Eurocámara.

El fallo puede tener consecuencias colaterales importantes para los electos exiliados, Carles Puigdemont y su ex conseller Toni Comín, igualmente elegidos en las últimas europeas. En estos otros casos no hay obstáculo para que acudan a ejercer sus cargos continentales, puesto que otro de los detalles de la decisión luxemburguesa es que no les resulta necesario pasar por el trámite previo de jurar la Constitución española en la capital del (todavía) Reino.

O sea que, investidos en la Eurocámara, quedarían en libertad absoluta para circular por todo el territorio de la Unión Europea, Catalunya incluida, además de ejercer los cargos para los que fueron legítima y democráticamente elegidos; al menos mientras dure la legislatura.

Pero es que además, la injusta sentencia del Tribunal Supremo español (según reconocía en nombre de todos los colegiados la decana de los abogados, Eugenia Gay) tiene máximas probabilidades de ser objeto de anulación y de una nueva condena al Estado español en el Tribunal de los Derechos Humanos cuando llegue el momento, pasados los años, como fueron las dictadas contra la mesa del Parlamento Vasco en su día. Muy especialmente las condenas de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de los dirigentes de Òmnium y la Assemblea, los Jordis, objeto de rechazo y de petición de libertad inmediata por parte de Amnistía Internacional.

Mientras llegan los desenlaces previstos y esperados en las instancias continentales, que trabajan a ritmo vaticano o poco menos, el Tribunal Superior mal llamado de Catalunya ha inhabilitado al president actual Quim Torra, durante año y medio por no retirar tan diligentemente como se lo pidió la Junta Electoral (central, por supuesto) la pancarta en petición de libertad de los presos que colgaba en el balcón de Palau. El recurso ya está presentado ante el Tribunal Supremo, más por ganar tiempo ante unas elecciones catalanas que se prevén próximas, que por la esperanza de que se cambie la resolución.

Y, mientras, las maniobras de Sánchez y Esquerra bien podrían conducir a un nuevo tripartito, como el de Maragall, ahora con los republicanos, el PSC y los comunes. Pero esa es otra historia y otro proyecto que dependerá ya, y exclusivamente, de los electores del Principat.