El bochornoso, lamentable y esperpéntico espectáculo que pudimos ver el pasado viernes en el palacio de Pedralbes de Barcelona, en la celebración de la XXVIII Conferencia de Presidentes, pone de relieve hasta qué punto en el Estado español algunas instituciones son correa de transmisión de particulares intereses partidarios, en vez de ser instrumentos que persigan el bien común y defiendan el bienestar de los ciudadanos.

Viendo el bajo nivel político existente en la reunión y la indisimulada acritud y falta de respeto institucional que demostraron algunos presidentes autonómicos, todos ellos del PP, la conclusión que hay que extraer es que no tiene ningún sentido y es una pérdida de tiempo participar en unos foros en los que se escenifica la confrontación irredenta y la violencia en la que está establecida la actividad política en Madrid. Si se trata de defender los intereses de Euskadi frente a Madrid, la única vía que se presenta como posible es la de la bilateralidad con el Gobierno español y apurar al máximo los tiempos, que, por lo que parece, pueden empezar a escasear.

Lo único positivo que se trajo de Barcelona el lehendakari Imanol Pradales fue el apoyo de Navarra, Catalunya, Cantabria y Asturias –tres gobernadas por el PSOE y una por el PP–, a su propuesta de mejorar la red eléctrica y ampliar su capacidad instalada para dar respuesta al mayor aumento de energía que se está produciendo por parte de las empresas, sobre todo aquellas electrointensivas, en su proceso de descarbonización para reducir su dependencia de los combustibles fósiles y a la puesta en marcha de nuevos proyectos industriales que están en stand by, precisamente, por esa circunstancia.

Al margen de estas cuatro comunidades que cuentan con una economía donde el componente industrial es muy importante, otras mostraron su interés en profundizar en esta cuestión. Una de ellas, Aragón, que se ve vilipendiada por Pradales al no incluirla dentro de las cinco comunidades para las que el lehendakari solicitaba una discriminación positiva por el gran peso de la industria en su PIB. El presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), lamentó que este asunto tenga “un precio político”, y mostró su preocupación por esta exclusión, ya que la industria supone el 20% del PIB regional y tiene necesidades de mejorar la capacidad de la red eléctrica para responder a las inversiones en centros de datos que se van a instalar en esta región, así como otros proyectos.

La propuesta de Pradales se basa en tres pilares. Por un lado, reducir los plazos de planificación de las redes eléctricas de cinco a dos años, tal y como establece la normativa europea; el segundo pasa por priorizar la inversión en redes sobre criterios objetivos, como el peso real de la industria electrointensiva con una discriminación positiva hacia economías industriales como la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), Navarra, Catalunya, Andalucía y Galicia; y el tercero propone elevar los límites de inversión en redes, mediante un instrumento de excepcionalidad, como el aprobado para paliar los efectos de la dana en Valencia, que permita activar de manera urgente proyectos industriales ligados a la descarbonización.

Y en este escenario es donde se contempla la utilización de ese gran instrumento de autogobierno que tenemos los vascos que es el Concierto Económico, a través del establecimiento de una encomienda de gestión que permita realizar las inversiones necesarias en la red eléctrica y descontar esos importes al Estado, a través del Cupo, al ser una competencia de Madrid. Evidentemente, con el establecimiento de un mecanismo acordado y pactado con el Estado.

Curiosamente, la propuesta de este Cupo Eléctrico lanzada por Pradales en el pleno monográfico de política industrial celebrado esta semana en el Parlamento Vasco, coincide con la conmemoración de una fecha histórica como es la que en estos días se cumplen 45 años de la recuperación del Concierto Económico por parte de Gipuzkoa y Bizkaia y la actualización de Araba.

La idea es buena –en cuanto significa utilizar una figura que ya se conoce desde el año 2006, cuando el Gobierno Vasco asumió la encomienda de gestión de las obras del TAV en Gipuzkoa, cuyos tramos, curiosamente, ya están concluidos y se ha extendido a otros trazados en Bizkaia–, para romper ese cuello de botella estructural que significa que la industria vasca y los nuevos proyectos empresariales previstos no puedan disponer de 6.000 megavatios más de potencia y capacidad instalada que necesitan, frente a los 12.000 actuales que tiene la red eléctrica vasca.

El colapso que presenta la red eléctrica vasca está afectando a día de hoy, según datos del departamento de Industria, a un total de 117 empresas vascas, de las que 46 son guipuzcoanas, fundamentalmente, de sectores como fundición y forja, metal, automoción, vidrio, etc., con la consiguiente repercusión en el empleo, ya que, de continuar la situación, supondría poner en riesgo a un total de 70.000 empleos directos e indirectos, que en el caso del territorio guipuzcoano alcanzarían los 25.000. Hay que tener en cuenta que la demanda eléctrica se ha multiplicado por ocho en los últimos años. El trabajo que hay por delante es ingente y podría durar diez años, es decir, hasta 2035, para tener una red eléctrica vasca preparada y con una mayor potencia y más capacidad instalada para responder de manera eficaz y sin alteraciones a la demanda que se producirá en la siguiente década, dentro de un marco de reducción de los costes energéticos.

En primer lugar, es necesario hacer un plan de actuación y trabajar en paralelo con un gran número de agentes como Redeia, la empresa que gestiona la red eléctrica española, las distribuidoras, los gestores de las fuentes de electricidad desde las renovables hasta las de ciclo combinado, los promotores de nuevos proyectos de generación eléctrica, a lo que hay que sumar la mejora de las conexiones con otras redes exteriores, más el autoconsumo y la cogeneración. Y todo ello, planteando la prioridad en zonas ya saturadas como el centro de Gipuzkoa y la comprendida entre Bilbao y Durango.

Esta actuación va a suponer un impulso importante a la actividad económica vasca, sobre todo en el sector eléctrico, ya que va a significar modernizar una red que se instaló para una situación y demanda concreta en media y baja tensión –y que, hasta hace unos años, fue un soporte vital para la industrialización de país–, por otra que requerirá de nuevas estaciones distribuidoras, transformadores de mayor potencia, nuevas torres, etc.

La actuación merece carácter de urgencia, si tenemos en cuenta que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2025-2030), que contempla las inversiones necesarias para actualizar la red y que iba a entrar en vigor en los próximos meses, va a sufrir un retraso del que se desconoce su fin, teniendo en cuenta el clima enrarecido en la que se mueve la política en Madrid más pendiente de intereses partidistas que los de los generales ciudadanos.

Aunque la propuesta de Pradales es positiva, sin embargo, hay que destacar que la utilización de la vía de la encomienda de gestión para realizar las inversiones necesarias en la red eléctrica vasca se podría haber planteado en anteriores legislaturas por parte de los entonces responsables del Gobierno Vasco, cuando se empezaron a detectar por parte de algunas empresas, sobre todo, las electrointensivas, problemas de acceso a la red eléctrica por falta de potencia y capacidad. Hay casos, como el de una empresa de una localidad de Donostialdea, que tuvo que realizar una inversión pagada con sus propios recursos para aumentar la potencia del suministro eléctrico desde una subestación próxima a sus instalaciones. El problema ya existía con anterioridad y, por no encararlo con prontitud, parece que hemos llegado tarde. Ahora toca actuar con decisión y urgencia.