La reforma fiscal pactada entre el PNV, PSOE y Podemos ha dejado algunos pelos en la gatera con unas consecuencias, de momento, imprevisibles, al poner en evidencia una falta de solidez de las alianzas políticas que abona situaciones frágiles en la búsqueda de aliados coyunturales, así como una cierta ausencia de liderazgos consolidados, lo que provoca la aparición de unos agravios de difícil respuesta en el corto plazo.
Las distancias entre el PNV y el Gobierno Vasco y la patronal vasca se han evidenciado aún más con el acuerdo suscrito entre los dos partidos, que sustentan el entramado institucional vasco de primer nivel, y Podemos al venderse como un avance desde planteamientos ideológicos de izquierda y donde solamente ha sido aceptada una propuesta de las quince presentadas por los empresarios.
Los empresarios están descontentos con una cierta imagen negativa de su figura que parece se está instalando en la sociedad vasca, en un relato donde se cuestionan las grandes empresas y la creencia de que las compañías son “la vaca a la que hay que extraer más leche”. Esta situación está provocando un “desánimo total” entre los empresarios, en palabras de la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, que ha considerado este acuerdo como “un castigo al mundo empresarial”.
A pesar de que la letra pequeña de la nueva normativa fiscal y su aplicación en el día a día puede dejar sin efecto gran parte de su contenido, lo que sí es cierto es que el distanciamiento entre el PNV y el Gobierno Vasco y los empresarios es latente, aún más desde que Confebask se ha desmarcado de algunas iniciativas apoyadas desde el ámbito institucional, como la negociación de un salario mínimo interprofesional vasco.
Mientras el pasado lunes, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, (PNV), trataba de templar los ánimos de los empresarios y llevar las aguas a su cauce en una reunión con la cúpula empresarial, cuatro días después, el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres (PSOE), desde la tribuna del Parlamento Vasco, volvió a interpelar a la patronal a que negocie el salario mínimo interprofesional. Torres considera que los salarios tienen que subir de manera general porque “el reparto de la riqueza está siendo injusto. Las empresas tienen beneficios récord y no están acompañados del suficiente aumento de los salarios”.
No solo las aguas bajan revueltas en la patronal, que, curiosamente, no fue convocada inicialmente –aunque luego se subsanó el error–, en la primera reunión del Grupo de Defensa Industrial, que volverá a encontrarse este próximo jueves, sino también en los socios de las EPSV individuales, que han visto cómo el acuerdo de la reforma fiscal contempla un endurecimiento fiscal del rescate del capital, al pasar del 60% al 70% el gravamen de la base imponible general del IRPF. En el fondo subyace la idea de promover el cobro en renta en detrimento del rescate del capital, con el fin de impulsar las EPSV de empleo.
Este aumento del 10% de imposición fiscal ha provocado el rechazo entre los socios de estos instrumentos de ahorro que son considerados más como producto financiero por las entidades bancarias que los comercializan que como una herramienta que, en forma de renta, proporciona un complemento a la pensión pública –el verdadero leitmotiv de las EPSV–, al considerar que les “han cambiado las reglas de juego en mitad del partido”.
La medida puede provocar un aumento de las peticiones por parte de los socios para recuperar el capital de estos ahorros a lo largo de todo este año, ya que la modificación será efectiva a partir de 2026. Es decir, el capital acumulado hasta finales de 2025 tributará al 60% y las aportaciones que se realicen a partir de 2026, lo harán al 70%.
La cuestión no es baladí porque Baskepensiones, que es la gestora con la que Kutxabank administra estos planes de previsión individuales, cuenta con un patrimonio de 6.500 millones de euros, liderando la actividad de este negocio entre las entidades financieras del país. El impulso que van a tener las EPSV de empleo al mejorar la tributación del cobro en forma de renta, al quedar exentos de tributar los rendimientos, y de considerarlas como un complemento a la pensión pública y no como un instrumento financiero, puede afectar de manera negativa a este segmento de negocio, muy rentable para las entidades bancarias ya que se trata de un producto que proporciona muchos recursos financieros, depositados durante un largo periodo de tiempo y con poca remuneración si nos atenemos a los plazos.
Por otra parte, el presidente de la Federación de EPSV de Euskadi, Ignacio Etxebarria, ha tenido que matizar su entusiasta firma en la Alianza Financiera por la que el Gobierno Vasco quiere movilizar 3.000 millones de euros, a partir de los 1.000 millones que dispondrá el Instituto Vasco de Finanzas (IVF), para invertir en empresas vascas, y en la que participan las entidades bancarias con sede social en la CAV, las fundaciones accionistas de Kutxabank, el clúster BasqueFik y Elkargi, al asegurar que cada entidad de previsión tiene su política de inversión desde el objetivo prioritario de “pagar las pensiones”.
La participación de la Federación de EPSV de Euskadi en esa iniciativa liderada por el Gobierno Vasco no parece que haya sido un ejercicio de conocimiento de la realidad institucional, ya que los órganos de gobierno de algunas entidades no fueron comunicados de la puesta en marcha de este proyecto, teniendo en cuenta que se trata de disponer de unos recursos financieros para su posterior inversión empresarial, de los que, como es obvio, carece el organismo presidido por Ignacio Etxebarria.
El hecho de que el Gobierno Vasco no haya contactado con algunas EPSV para la puesta en marcha de la Alianza Financiera y haya centrado la interlocución solo en la Federación parece que no ha gustado en algunos sectores, a pesar de que en el fondo pueden estar de acuerdo con la iniciativa, al margen de ciertos aspectos y detalles que deberían subsanarse en el tiempo.
Lo que está claro es que cada EPSV valorará las propuestas que ponga el Gobierno Vasco encima de la mesa de esta Alianza Financiera, teniendo en cuenta que más de la mitad de los 30.000 millones de euros en los que se calcula el patrimonio de las entidades de previsión vascas está gestionado por Lagun Aro EPSV, la entidad de previsión de la Corporación Mondragon, con 7.500 millones, y Kutxabank, a través de Baskepensiones EPSV, con 6.500 millones, respectivamente.
El hecho de que, de manera directa o indirecta, a través de otras EPSV, esas dos entidades controlen casi dos tercios de esos 30.000 millones de euros de patrimonio hace que jueguen un papel decisivo a la hora de la inversión. Y ello, sin contar con las prioridades de cada uno de ellos que, como el caso de Lagun Aro, se centran en el mundo cooperativo, o Kutxabank, que ha hecho de la inversión en el tejido empresarial uno de sus objetivos de su plan estratégico 2025-2027, con la constitución de Indar, que cuenta con una dotación de 500 millones de euros.
Se trata de recuperar el ADN de inversión en empresas industriales que contaba Kutxa antes de su fusión con BBK y Caja Vital y la posterior creación de Kutxabank en 2012, al optar por favorecer la actividad de particulares muy arraigada en la caja vizcaina. No en vano, la sede de Indar estará en Donostia.
En aquel tiempo, la cartera de las cajas vascas alcanzaba los 3.000 millones de euros, con participaciones en empresas estratégicas importantes en Euskadi como Euskaltel o Ibermática. De aquella, época solo queda la presencia de Kutxabank en CAF, Iberdrola, Petronor e Ingeteam. La razón es que desde Bruselas se penalizaban las inversiones de los bancos en empresas. Otros también con el mismo escenario siguieron con su holding de empresas participadas hasta el punto de ser hoy un actor fundamental en las compañías estratégicas del Estado español. Visión de futuro y compromiso de país.
