Vuelve el “cuponazo”
Hay políticos en el Estado español contumaces en vivir en la falsedad, por mucho que tengan enfrente la Constitución, a la que tanto dicen defender y proteger, y una realidad que sigue siendo tan tozuda, a pesar de que repitan una y otra vez el mismo discurso, probablemente, para tratar de justificar y echar la culpa a los demás de su mala gestión en las instituciones que controlan.
Ahora, cuando hace tiempo nos habíamos olvidado de aquellas invectivas de políticos del PP, del PSOE y de Ciudadanos llamándonos a los vascos “privilegiados” por tener el Concierto Económico, sale la consellera de Hacienda de la Generalitat Valenciana, -la misma que tiene como primer vicepresidente y conseller de Cultura a un torero de Vox-, Ruth Merino, para recordarnos que, a pesar de que el régimen foral de la CAV y de Navarra están en la Constitución y, por lo tanto, hay que respetarlo, sin embargo, el cálculo del Cupo, -es decir lo que pagamos los vascos al Estado por las competencias no transferidas,- hay que mejorarlo, pero al alza.
“Se pueden hacer mejor los cálculos, tanto del Cupo vasco como el navarro. Lamentablemente, aquí entramos en una dinámica entre el Gobierno central y determinadas autonomías que ha consistido muchas veces en privilegios a cambio de votos”, ha dicho esta semana, la consellera de Hacienda valenciana en unas declaraciones al diario económico Expansión.
La ocurrencia podría ser aceptable dentro de las coordenadas ideológicas de aquellos que tienen en el frontis de su discurso político “la igualdad de los españoles”, en la que esta exdirigente de Ciudadanos y reciente fichaje del PP puede encajar, en línea con lo que hemos oído estos días en el Congreso. Sin embargo, difícilmente se puede sostener semejante argumento cuando la Comunidad Valenciana es la segunda autonomía más endeudada del Estado con 57.246 millones de euros, según datos del Banco de España.
Por si fuera poco, en términos de PIB regional, la deuda de la Comunidad Valenciana supone el 43,5%, que es la más alta del conjunto de las comunidades autónomas, según el Banco de España, en donde, la Comunidad Autónoma Vasca se sitúa en el nivel más bajo con el 13%, mientras que Navarra registra un 13,3%.
La deuda que las 15 comunidades autónomas de régimen común tienen con el Estado asciende a 187.028 millones de euros, según datos del pasado mes de marzo, mientras que la de la CAV y Navarra, en virtud del Concierto Económico y del Convenio, no presentan ningún saldo negativo, porque su financiación depende de la gestión y administración de los recursos que recaudan. En este sentido, es interesante constatar que la Comunidad Valenciana lidera, por detrás de Cataluña, la deuda más alta con el Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas por un importe de 48.344 millones de euros.
La consellera de Hacienda valenciana debería de saber que la metodología actual de cálculo del Cupo está vigente hasta el año 2027, tras su renovación el pasado mes de febrero, en la que se incluyeron nuevos impuestos concertados como el de las Grandes Fortunas, que las Haciendas vascas pretenden aprobar antes de fin de año, o el de plásticos no recuperables, gases fluorados con efecto invernadero y el de incineración y vertederos.
El Congreso de los Diputados también aprobó, con un bronco debate protagonizado, precisamente, por Ciudadanos y Vox, persistiendo en su discurso del “privilegio” de los vascos, la aportación que Euskadi pagará al Estado como compensación por las competencias no asumidas y que se mantiene en 6,24%. Un índice de imputación que permanece invariable desde que se puso en marcha el Concierto Económico hace 42 años.
A pesar de que todos los partidos estatales consideran que el cálculo del Cupo está a la baja y que la CAV debería de aportar más que ese 6,24%, lo cierto es que ese porcentaje está calculado sobre el peso de la economía vasca en el conjunto del PIB estatal y de su población tenían hace ya más de cuatro décadas, cuando la realidad a día de hoy, es bien distinta. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2020, el peso de la economía vasca sobre el PIB estatal era del 5,9%, mientras que, en términos de población, los vascos representamos el 4,6% de los habitantes del Estado.
Ante esta realidad a la que hay que añadir aspectos como los gastos correspondientes al Estado que el Gobierno Vasco ha asumido, tras un acuerdo entre ambos Ejecutivos, como es la ejecución de las obras del AVE, mediante encomiendas de gestión que se descontarán del pago del Cupo, más la recaudación que las Haciendas vascas hacen de impuestos del Estado, sorprende que haya políticos con cargos de responsabilidad institucional que sigan anclados en la tozuda ignorancia y el desinterés de conocer el régimen de autogobierno vasco.
Sobre todo, cuando tienen la desfachatez de, a pesar de gestionar una administración sobreendeudada y en permanente reivindicación al Estado para que les ayude a paliar su situación económica, seguir empeñados en su política de rebajar los impuestos que, en la Comunidad Valenciana, significará dejar de recaudar un total de 1.700 millones de euros.
De momento, a los cuatro meses de llegar a la Generalitat Valenciana, el PP y Vox ya han aprobado una bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, además de una parte de la rebaja del IRPF y de Transmisiones Patrimoniales que suman 360 millones de euros. A lo que hay que añadir una ínfima aplicación del impuesto a las Grandes Fortunas
Y todo ello, desde la creencia demagógica que nos transmiten el PP y Vox de que bajando los impuestos se dinamiza la economía y se incrementa la recaudación, a pesar de que desde posiciones liberales, -probablemente, más moderadas de las que plantean en este momento, los políticos de la derecha-, se alzan voces que defienden que la economía de mercado no funciona sin la democracia, sin un Estado de derecho, sin igualdad de los ciudadanos ante las leyes y sin unas infraestructuras esenciales como la sanidad, educación y servicios públicos. Y la herramienta clave para conseguir todo ello es la subida de los impuestos.
Estos denominados anarco-capitalistas que plantean la rebaja de impuestos, como lo están haciendo ya todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, sin llevar a cabo el mínimo análisis del coste que supone aplicar esa política, olvidan que los impuestos sirven para mantener y profundizar las mejoras sociales y económicas en favor de amplios sectores de la sociedad. Algo que está comprobado históricamente con el devenir de los años. Lo otro no tiene fundamento empírico y solo sirve en beneficio e interés de unos pocos: aquellos que tienen las rentas más altas. l