Arraigo empresarial

Un estudio realizado por Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad hace dos años sobre los grupos empresariales vascos, revelaba que el peso de los grupos controlados por matrices de origen vasco se había reducido en seis puntos en una década, pasando del 74% al 68%. Este dato pone de relieve el creciente protagonismo de los grupos empresariales de capital español y extranjero en la CAV en los últimos años, a pesar de la prominencia de las empresas familiares, cooperativas y grupos empresariales con sede en la CAV que muestran un notable nivel de arraigo.

Parece que llevamos una temporada larga en la que las adquisiciones de empresas vascas, particularmente, familiares, por fondos o por corporaciones foráneas ha perdido intensidad no porque no haya liquidez en el mercado, sino porque la situación geopolítica y económica mundial atraviesa tal nivel de incertidumbre que aguas abajo aconseja actuar con mucha prudencia y cautela.

Y en este contexto, a pesar de que el arraigo territorial de nuestras empresas está en la agenda política y empresarial vasca y que se han puesto en marcha instrumentos y herramientas financieras para contar con un ecosistema financiero propio que actúe de amortiguador y paralizador de procesos de adquisición de compañías consideradas estratégicas en nuestro tejido económico, sin embargo, todavía es necesario implementar otras medidas más allá de ese ámbito.

En este sentido, se hace necesario poner en marcha iniciativas que pongan en valor el importante papel que la empresa tiene en términos de redistribución de la riqueza y de bienestar social en los entornos donde se ubican y desarrollan su actividad, en paralelo a una mayor aproximación de esos valores en el mundo de los jóvenes, no solo para evitar que el talento generado en este país se traslade al exterior por la falta de oportunidades aquí, sino como un elemento crucial a la hora de garantizar ese legado a las futuras generaciones y, con ello, asegurar el arraigo de las empresas en el territorio.

Existen dos modelos de empresas, sobre todo en Gipuzkoa, como son la familiar y la de economía social que llevan intrínseco en su ADN el compromiso con el arraigo y el desarrollo económico y social del territorio, hasta el punto de que han sido punta de lanza en el progreso económico, industrial y social de este país. Por eso, la composición de la propiedad de una empresa es clave para mantener su arraigo en el territorio, ya que al mantener sus centros de decisión aquí, ponen en marcha iniciativas empresariales que contribuyen al desarrollo económico y social del territorio.

En los últimos días, se han producido dos ejemplos que ilustran de manera clara el claro compromiso con el territorio de dos cooperativas como Ulma y Fagor Arrasate, –un modelo de empresa del que se puede decir sin ningún género de dudas que su capital es eminentemente vasco–, que han anunciado sendas inversiones de 45 y 20 millones de euros, respectivamente, para la construcción de nuevas plantas productivas, con el fin de acometer la fabricación de nuevos materiales sostenibles para la construcción, en el primer caso, y para ampliar su capacidad y acometer nuevos proyectos y sectores de actividad, en el segundo. Ni que decir tiene que esas dos plantas productivas se construirán en las localidades donde están asentadas estas dos cooperativas, es decir, Oñati y Arrasate, respectivamente, con todo lo que ello va a suponer para su desarrollo económico y social.

Otro ejemplo de arraigo y compromiso con el progreso y desarrollo del territorio es el empresario José Antonio Jainaga que, a pesar de no pertenecer al modelo de empresa familiar o cooperativa, sin embargo, ha demostrado una auténtica vocación industrial a la hora de contribuir a que este país no pierda su capacidad manufacturera e impulsar nuevos proyectos empresariales para que ese ADN industrial vasco permanezca y continúe en las generaciones venideras.

Precisamente, el arraigo industrial, la innovación y la creación de empleo han sido las razones por las que José Antonio Jainaga ha sido galardonado este año, con el Premio Korta, la mayor condecoración que cada año otorga el Gobierno Vasco a un empresario, en memoria del que fuera presidente de Adegi, Joxe Mari Korta, asesinado por ETA hace ahora 25 años.

Hay que recordar como en el año 2016, casi sin apoyos institucionales de ningún tipo y con la total confianza y entrega de su equipo directivo, Jainaga lanzó una apuesta basada en la idea de que Euskadi no podía perder una empresa como Sidenor, con todo lo que ello representaba, y decidió adquirirla a sus propietarios, el grupo siderúrgico brasileño Gerdau. El gran conocimiento que Jainaga tenía de la empresa, ya que durante once años había sido su consejero delegado, hizo que diera un paso al frente y presentara una oferta de adquisición. Hoy, Sidenor es un grupo industrial líder en la producción de aceros largos especiales con plantas productivas en Euskadi, Cantabria y Cataluña.

Tres años después, Jainaga puso en marcha, junto con otros ejecutivos, la corporación industrial Mirai Investements que ha supuesto la adquisición de 18 empresas, la mayoría vascas, en las que trabajan más de 1.150 personas. El objetivo es salvar a empresas familiares y anclarlas en el territorio, como consecuencia de la falta de relevo y de tamaño, así como dotarles de los instrumentos necesarios para profesionalizar su gestión, desarrollar procesos de innovación y acometer su internacionalización.

Esta filosofía es la que está detrás de la operación Talgo, en la que Jainaga lidera el consorcio público-privado para hacerse con el fabricante ferroviario, y que en los últimos días, parece que se encuentra en una situación de bloqueo ante la negativa de la SEPI de movilizar un préstamo convertible de 150 millones de euros para refinanciar la compañía que se encuentra en una situación financiera y de capacidad industrial graves para atender la cartera de pedidos pendiente valorada en 4.000 millones de euros. Los últimos movimientos han rebajado esa cifra a la mitad, ya que el consorcio vasco ha movilizado 75 millones de euros con destino a la refinanciación de la deuda, que se eleva a 403 millones de euros, de los que 140 millones vencen este año, así como la multa de 114 millones impuesta por Renfe.

En este oscuro panorama también se vislumbra la posibilidad de que Deutsche Bahn, la operadora ferroviaria alemana, pueda multar también a Talgo por la falta de entrega de 23 trenes que debería producirse el próximo mes y que sufre ya varios retrasos, a no ser que el fabricante renuncie a parte del pedido, a lo que hay que añadir que la cotización de la acción de la compañía ferroviaria está a 2,97 euros, un 22% por debajo del precio que acordó Jainaga para entrar en la operación.

El origen de este problema está probablemente, en la alegría con la que algunos políticos estatales toman decisiones sin conocer con exactitud el fondo de la cuestión y cuando se trata de materializar lo prometido aparecen los técnicos que ponen encima de la mesa las dudas de tipo jurídico existentes para ejecutar una operación de este tipo. Una de ellas, es que la UE entienda que la participación del Gobierno Vasco y de la SEPI en el préstamo a Talgo puedan ser consideradas ayudas de estado, una cuestión que hay que obviarla si se quiere que esta operación tenga éxito, y la otra, es que, a diferencia del ICO o CESCE, la SEPI no presta dinero, sino que dispone de una vía para ayudar a empresas, a través de SEPIDES. La actual situación política española y las necesidades parlamentarias de Sánchez para poder seguir gobernando pueden ser determinantes para que esta operación se desencalle y pueda tener un final feliz. La solución dentro de dos días, tras la reunión del lehendakari Pradales con Sánchez.