El sorprendente adelanto de las elecciones generales previstas para el próximo 23 de julio, va a suponer la ruptura abrupta no solo de leyes de tipo social en tramitación, sino también la paralización de la mecánica parlamentaria en el Congreso y en el Senado que, a través de la negociación de enmiendas permite la mejora de los proyectos de ley y decretos-ley presentadas por el Gobierno y la inclusión de realidades no contempladas por los autores de esas iniciativas. En este empeño estaba trabajando el exdiputado del PNV, Iñigo Barandiaran, con los ministerios de Inclusión, Migración y Seguridad Social, así como de Trabajo, hasta que Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones el pasado 29 de mayo. Una decisión que abre una situación de gran incertidumbre.
Este es el caso, de la Reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), impulsado por el ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, cuyo titular es José Luis Escrivá, que tiene por objeto que los trabajadores por cuenta propia coticen a la Seguridad Social por sus ingresos reales, obviando de manera flagrante la figura del socio cooperativista.
El Gobierno español -no se sabe si por obra u omisión- trata de meter en el mismo saco de los autónomos a los cooperativistas, que representan en Euskadi a unas 135.000 personas, cuando ni son trabajadores por cuenta propia, ni tampoco por cuenta ajena, al ser socios propietarios de las empresas de economía social donde trabajan.
Esta negación de la importante realidad cooperativa existente en Euskadi y que es uno de los principales motores de la economía vasca puede suponer un cambio drástico en el estatus especial de la EPSV Lagun Aro, -la mutua de los cooperativistas basada en un sistema de reparto y solidaridad-, reconocido específicamente por la Seguridad Social, precisamente, para preservar los derechos de estas personas que no se encuadran en los modelos al uso.
De esta forma, los cooperativistas pertenecientes a la Corporación Mondragon destinan desde 2011, el 60% de su cotización al sistema de Seguridad Social, mientras el 40% restante se dirige a Lagun Aro. Al contrario de lo que ocurre con la mayoría de los autónomos, que cotizan por la base mínima o por lo que quieran aportar, en el caso de los cooperativistas la cotización está ligada a su índice salarial, con lo que la base media de cotización mensual se sitúa en torno a los 1.700 euros, muy por encima de la media de los trabajadores por cuenta propia.
Los cooperativistas, al margen de la pensión del sistema público de la Seguridad Social, cuentan también con una pensión complementaria por parte de Lagun Aro, que tiene carácter vitalicio y cuya financiación procede de un sistema de capitalización colectiva, con lo que el fin de mejorar la protección de los autónomos en el momento de la jubilación, que es el objetivo de la reforma emprendida por el Gobierno central, se cumple.
Tratar de cotizar dentro del RETA por los rendimientos netos totales de los cooperativistas y hacer desaparecer su aportación a Lagun Aro, no solo significa romper con el modelo público-mutualista, sino que pondría en cuestión la propia continuidad de la EPSV y su desaparición en un breve periodo de tiempo. Sería una decisión letal de difícil reparación para Lagun Aro, el sistema de previsión social que se dieron los cooperativistas en 1959, cuando la propia Seguridad Social no los reconocía y, por lo tanto, no les ofrecía ningún tipo de cobertura
La cuestión no es baladí, ya que Lagun Aro es una entidad singular, que cuenta con el reconocimiento específico de la Seguridad Social, ya que no solo es una EPSV que gestiona las pensiones complementarias de los socios cooperativistas, sino que colabora en la gestión de las incapacidades temporales, tanto por contingencias comunes como profesionales así como todo lo que se refiere al cese de actividad, que en el caso de la mutua de Mondragon, cuenta con una cobertura de mayor alcance como es la Ayuda al Empleo.
La intencionalidad del exministro Escrivá, -ya que es difícil hablar de desconocimiento cuando la propia Seguridad Social, organismo que depende de su propio ministerio reconoce el modelo cooperativo vasco, a través de Lagun Aro-, va más allá cuando dentro de la filosofía de la reforma incorpora no solo los rendimientos de trabajo de los cooperativistas, sino también los retornos, que es lo que en una sociedad de capital correspondería a los dividendos, es decir, los recursos obtenidos por los resultados positivos logrados por la cooperativa en la que trabajan y son socios propietarios, más los intereses.
Los cooperativistas reciben cada mes los anticipos laborales o societarios por la prestación del trabajo que realizan en la cooperativa en la que son socios y que son considerados fiscalmente como rendimientos de trabajo. Mientras que los retornos son consecuencia de los resultados de la empresa y no se corresponden con la participación en el capital, sino se atribuyen en proporción a las actividades de cada socio en la cooperativa. Habitualmente, se destinan a reservas para junto a los recursos de la propia cooperativa, garantizar su viabilidad y desarrollo futuro, teniendo en cuenta las dificultades de financiación externa que tienen las empresas de economía social. En el caso de que los retornos se abonen a los socios a efectos fiscales se consideran rendimiento de capital mobiliario.
Está claro que si en la próxima legislatura desde Madrid se sigue pretendiendo igualar a los cooperativistas con los autónomos, a la hora de cotizar la Seguridad Social por sus ingresos reales sin atender a sus especifidades singulares, no solo se estará cometiendo un agravio comparativo al confundir rendimientos de trabajo con los de capital mobiliario, sino que se habrá contribuido a dinamitar de manera importante una estructura de previsión social complementaria a la pública.
La singularidad del movimiento cooperativo no es tenida en cuenta por parte del Gobierno español, quizás por desconocimiento, falta de interés o intencionalidad política para obviar una realidad de éxito que solo se da en Euskadi. Esto ha ocurrido con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, donde nuevamente las cooperativas, al no ser empresas al uso, es decir, con un empresario y unos trabajadores reconocidos, habían quedado apartadas de los planes de igualdad.
Gracias a una enmienda presentada por el PNV y aprobada por el Senado el pasado mes de mayo, las cooperativas pueden elaborar sus planes de igualdad de aplicación entre sus socios y socias trabajadoras en el ámbito laboral, así como su inscripción en el correspondiente registro.
Pero lo más importante de esta enmienda radica en que las cooperativas estarán en igualdad de condiciones que las empresas de capital en los concursos públicos para la contratación por parte de la Administración General del Estado, así como podrán recibir subvenciones y ayudas para el impulso de los planes de igualdad. Después del jarro de agua fría de Sánchez, algo es algo.
