a confusa, opaca, intempestiva y, probablemente, no sujeta a derecho detención del expresident y eurodiputado en ejercicio Carles Puigdemont en Cerdeña por parte de la policía italiana, presuntamente en virtud de la euroorden dictada por el Tribunal Supremo español el 14 de octubre de 2019, es una aberración desde el punto de vista jurídico y un gran error en el aspecto político, además de constituir un posible fraude legal perpetrado por una autoridad del Reino de España al sistema judicial de la UE. La sucesión de hechos acaecidos desde el arresto de Puigdemont -huido de la justicia española desde hace cuatro años- y su puesta en libertad ayer mismo sin medida cautelar ni de movilidad alguna apuntan a un enredo posiblemente inducido desde España, impropio de países que presumen de constituir estados de derecho. Es una conclusión objetiva que la euroorden dictada por el magistrado Pablo Llarena hace dos años contra el expresident de Catalunya está legalmente "suspendida" según certificó el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en el auto en el que retiró la inmunidad a Puigdemont, tras haberlo confirmado de forma expresa la Abogacía del Estado, y que no puede reactivarse hasta que la justicia de la UE resuelva la cuestión prejudicial que planteó el Supremo respecto a la extradición. Es más, el tribunal europeo retiró la inmunidad parlamentaria al dirigente independentista bajo la premisa de que no corría riesgo de ser detenido. El empeño del juez Llarena -como ya intentó en otras ocasiones mediante subterfugios- por lograr la detención y entrega de Puigdemont parece estar detrás de lo que la defensa cree una "suerte de engaño" de la justicia española al tribunal europeo. De hecho, el magistrado remitió ayer a Italia la orden de detención en la que afirma que está "actualmente en vigor" y que el procedimiento "está activo y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía". La puesta en libertad de Puigdemont apunta a un nuevo fracaso de esta estrategia y a otro capítulo vergonzante de Llarena y, por extensión, de la justicia española. En cualquier caso, este episodio pone a prueba la frágil mesa de diálogo político en Catalunya, aunque no debería interferir ni condicionarla, por cuanto vuelve a demostrar la necesidad de la negociación y la política real frente a la estéril judicialización del conflicto.
