uskadi se encuentra en una situación grave y preocupante desde el punto de vista sanitario y hospitalario debido a la incidencia de la pandemia del covid-19. Aunque la tasa de positividad se ha ido moderando y ralentizando en los últimos días, el número de contagios diarios sigue siendo muy alto y sería precipitado hablar de un cambio de tendencia a la baja. Los próximos días y semanas serán, por tanto, claves para comprobar la evolución de la pandemia del coronavirus, que ya ha causado más de 4.000 víctimas mortales en la CAV. El hecho de que Osakidetza haya tenido que aplazar durante dos semanas gran parte de las operaciones quirúrgicas no urgentes da la medida de la fuerte presión que están padeciendo los hospitales vascos y, en mayor medida aún, las UCI y también las urgencias. No es un problema de que las restricciones que se han puesto en marcha para tratar de frenar al virus no estén surtiendo efecto. Al contrario, es evidente que están impidiendo que la situación sea insostenible. Las medidas, unidas a la vacunación -proceso en el que estos días habrá un fuerte acelerón- están salvando vidas e impiden el colapso sociosanitario. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en su unilateral planteamiento de hacer decaer el estado de alarma el próximo 9 de mayo. Una decisión cada vez más incomprensible. Siguen sin ofrecerse argumentos sanitarios ni epidemiológicos que sustenten lo que a todas luces es una decisión a espaldas de la excepcionalidad del momento. La expectativa de vacunación a finales del verano, que pretende extender la inmunidad al 70% de la población, no explica la suspensión del marco jurídico que permite adoptar medidas de control -toda vez que no se ha querido propiciar uno alternativo- desde cuatro meses antes, cuando estamos a años luz de todo atisbo de inmunidad comunitaria. La sugerencia de la vicelehendakari, Idoia Mendia, de un formato de estado de alarma aplicable por comunidades sería aparentemente viable, pero la tentación del ejecutivo de Pedro Sánchez parece ser no impedir la judicialización de las medidas autonómicas trasladando la resolución de los recursos de los Tribunales Superiores autonómicos al Tribunal Supremo. Más tramoya judicial que ya se ha mostrado inoperante frente a la amenaza explícita y letal de la pandemia.
