a nefasta gestión política que se está realizando en el Estado en relación a la pandemia de COVID-19 tiene, en primer lugar, un impacto evidente sobre la calidad de vida de las personas. Pero tiene, además, un efecto secundario que no debería ser minimizado y que afecta a la credibilidad de los partidos, a la de su voluntad de servicio a la ciudadanía por encima de los intereses particulares y, lo que es tanto o más grave, a la calidad de los principios que rigen la democracia y el uso que hacen de ella. El marco legal que define el estado de derecho democrático que rige la actividad política en el Estado español encomienda a los partidos políticos la labor de representar a la ciudadanía y trasladar su voluntad tanto al ejercicio del gobierno como al control del mismo por la oposición. Ambas encomiendas exigen de los liderazgos políticos la lealtad al modelo de democracia representativa. El deterioro de esa lealtad es un riesgo tangible a tenor de las actitudes mantenidas en el discurso político. La tentación populista de utilizar el estado de opinión en interés propio se está imponiendo gravemente. El pulso político en torno a la situación de la pandemia en la comunidad de Madrid solo es un episodio más en el que la falsedad y manipulación de los hechos han sustituido a la eficiencia. Se dedica más tiempo a justificar los fracasos propios en la responsabilidad ajena que en asumir las funciones que corresponden al ejercicio del poder delegado por la ciudadanía para garantizar su seguridad, su salud, su libertad y el resto de derechos amenazados. Bajo el pulso entre el gobierno de Ayuso y el de Sánchez late un fracaso en la gestión de la seguridad ciudadana y en la suficiencia de las estructuras sanitarias. Un fracaso que se disfraza, se entierra y se esparce para minimizarlo. Pablo Casado trata de tapar una mortalidad sin equivalente en el resto del Estado en un mero ejercicio de retórica. Señala a Nafarroa y a Euskadi, eludiendo en el primer caso el esfuerzo de su administración en la realización de pruebas, rastreos y controles, y mintiendo directamente en los datos difundidos sobre el segundo hasta provocar una reacción de justa indignación del lehendakari Urkullu. Con la connivencia y el silencio cómplice de su sucursal vasca, laminada hasta reducirse a mero sostén de estrategias populistas que deterioran la democracia.