a condena a 133 años de cárcel al coronel y viceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Orlando Montano por el asesinato del jesuita vasco Ignacio Ellacuría y cuatro de sus compañeros en 1989 es, por varios motivos, una sentencia histórica que acaba con casi 31 años de impunidad sobre una masacre que conmovió al mundo. En primer lugar, porque el fallo dictado por la Audiencia Nacional tras la vista oral que tuvo lugar en junio supone una conquista de la justicia universal mediante la que el tribunal de un país puede juzgar crímenes de derecho internacional cometidos en cualquier lugar del mundo. Un sistema garantista frente a la impunidad y los procesos amañados en diferentes países cuyo alcance en el Estado español, lamentablemente, fue recortado tras la reforma legal llevada a cabo por el PP de Mariano Rajoy en 2014. De hecho, el caso Ellacuría es el único, al menos de momento, de los que figuraban entonces ante la justicia española que pudieron salvarse tras aquella reforma sobre la que ha habido varios intentos infructuosos de revertir. Una situación que se debería abordar con celeridad y en la que este fallo judicial debería ser el detonante para un amplio consenso que devuelva la justicia universal a su verdadero y genuino espíritu. La sentencia del crimen que tuvo lugar en la UCA (Universidad Centroamericana Juan Simeón Cañas) durante la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 -y en el que, además del rector de la misma, Ignacio Ellacuría, y otros cuatro jesuitas españoles fueron asesinadas también otras tres personas solo por haber sido testigos de la masacre- es, además, extraordinariamente explícita al establecer la verdad jurídica de lo ocurrido frente a las mentiras oficiales de la dictadura salvadoreña. Más aún cuando establece sin género de dudas que se trató de un crimen de "terrorismo desde el Estado" en el que estaban implicadas altas instancias, incluido el propio entonces presidente del país, Alfredo Cristiani. La sentencia del caso Ellacuría es ahora, sin duda, un gran desafío para El Salvador, ya que en realidad reescribe parte de su historia, como en esta masacre que desgarró al país, y abre la puerta, tras la anulación de la ley de amnistía, a la reapertura del proceso ya que quedan altos cargos políticos y militares implicados que, con la complicidad de los jueces, no han sido investigados ni aún menos encausados.
