a transparencia es uno de los mínimos exigibles a cualquier institución democrática. Un sistema político se prestigia de forma directamente proporcional a los niveles de claridad que ofrece a los ciudadanos sobre sus gestiones pasadas, presentes y en sus proyectos a futuro. Es evidente que la transparencia no es una cualidad que haya caracterizado en el pasado a la monarquía española, y a la vista de cómo se ha gestionado el affaire del rey emérito Juan Carlos I, tampoco parece que el propósito de enmienda, si lo hubiera y si fuese sincero, se haya instalado en el presente. Lo que ocurra en el futuro sigue siendo una incógnita, tanto en lo que atañe a la transparencia, como en lo que toca a la pervivencia de la institución. Hablar de transparencia en política es hablar de honestidad. Los movimientos realizados por la Casa Real española cuando han visto la luz pública los escándalos que se ciernen sobre la figura del casi hasta ayer reverenciado monarca, han sido todo menos ejemplares. En el fondo y en la forma: valerse de situaciones traumáticas para una sociedad como la existencia de una galopante pandemia para intentar amortiguar el efecto de ciertas vergüenzas no se corresponde con una forma de proceder transparente ni honesta. Y si preocupante es que una institución cuya principal función a día de hoy es intentar autoprestigiarse, como es el caso de la monarquía española, utilice cortinas de humo para minimizar los espacios ya de por sí nebulosos que han marcado su presencia pública en los últimos tiempos, más inquietante aún es que las instituciones de representación ciudadana caigan en el mismo juego oscurantista. El Congreso de los Diputados rechazó el viernes la petición de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Carmen Calvo comparezcan en sede parlamentaria para explicar los pormenores de la salida del rey emérito y su establecimiento en Emiratos Árabes Unidos. La Mesa de la Cámara Baja ha argumentado, con el respaldo de PSOE, PP y Vox, que las citadas comparecencias entrarían en “una materia ajena a la competencia” del Gobierno, es decir, en el ámbito de la Jefatura del Estado. Si el Gobierno de Sánchez no puede informar sobre asuntos de la Casa Real y la Casa Real lleva una política informativa ajena al control de las instituciones elegidas por los ciudadanos, el empeño de unos y otros por prestigiar la Monarquía tiene muy poco futuro.
