o niego que existan ocupaciones de viviendas, pero en este tema se acumulan demasiadas medias verdades, leyendas urbanas y el “yo tengo un amigo que le pasó”. Para empezar, cuesta dar con datos fiables, y los que hay, nos dicen que aumentaron en 2018, pero no precisamente ahora. Por otro lado, muchos jueces han confirmado que no se requieren más cambios legales, pues en aquel 2018 ya se aprobaron los desalojos exprés y, por lo tanto, las ocupaciones que se complican son la excepción y no la norma. No parece tampoco que estas ocupaciones sean en viviendas en las que habitualmente vive una familia, sino en los miles de pisos vacíos que tienen los bancos o fondos de inversión, a los que se los vendieron, para quitarse ese marrón de sus cuentas. Bien sabe el okupa que quedarse con tu casa es allanamiento (dos años de cárcel), mientras que hacerlo con una vacía es usurpación (seis meses de cárcel). Otra cosa es que aquel cambio de 2018 dejara a estos pisos fuera y que, eterno problema, los juzgados están colapsados.
Tengo claro que la ocupación no es una reacción social lógica ante lo difícil que es tener una casa. Es un delito y como tal debe ser tratado, sin las medias tintas, ni los paños calientes que le ofrecen algunos rojos de salón aunque reconociendo, que las ocupaciones más conflictivas se dan en familias que requieren no solo de medidas penales, sino también sociales.
Es la política de vivienda la que pide a gritos un cambio para apoyar a la juventud, a los mayores sin ascensor y las muchas familias que tienen graves problemas para pagar unos alquileres que se han disparado, no solo por los bancos, sino por lo goloso que es para muchos pequeños propietarios. Que tener un techo en condiciones sea una carrera de obstáculos o una lotería tendría que ser motivo de mayor preocupación social y política que la propia ocupación.
