parece que el efecto llamada que está provocando la Comunidad de Madrid en aquellos contribuyentes con mayores ingresos que han trasladado su domicilio fiscal a la capital del Estado, acogiéndose a las grandes ventajas que ofrece en el pago de impuestos, ha encendido las luces de alarma no solo en Euskadi, sino también en el Gobierno central, por lo que supone de insolidaridad y deslealtad respecto a otros territorios.
La fuga de contribuyentes con mayores ingresos, principalmente, a Madrid, en donde la factura fiscal anual puede suponer una diferencia de veinte puntos sobre sus ingresos anuales por tener un IRPF más moderado en las rentas altas, un inexistente Impuesto de Patrimonio y una bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los familiares directos, así como reducciones en los de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y de Actos Jurídicos Documentados, ha puesto encima de la mesa la necesidad de acometer cuanto antes la reforma fiscal en Euskadi prevista para el próximo año.
Se calcula que alrededor de 18.000 contribuyentes se han visto eximidos de pagar 950 millones de euros por el Impuesto de Patrimonio en Madrid, gracias a que está bonificado al 100%, con lo que en los últimos años de la crisis han pagado menos impuestos que si hubieran tributado en otros territorios del Estado.
Esta situación de dumping fiscal que de manera unilateral está protagonizando la Comunidad de Madrid en un alarde de insolidaridad requiere una contestación no ya en el terreno de la necesidad de afrontar una reforma fiscal en Euskadi para tratar de paliar sus efectos, sino de respuesta institucional por parte de las Haciendas forales ante semejante política fiscal que se acepta con total normalidad cuando la hacen unos y se descalificaría hasta la extenuación si hubiera sido el caso de las Haciendas vascas, solamente con solo haberlo planteado.
Porque hay que tener en cuenta que si Madrid se permite el lujo de bajar los impuestos es porque cuenta con el beneficio de ser la capital del Estado y cuenta con las sedes sociales de las grandes empresas. El efecto de la capitalidad va mucho más allá porque se traduce en más y mejores infraestructuras desde una concepción centrípeta del Estado, que nada tiene que ver con la descentralización, a lo que hay que sumar la actividad económica que genera el aparato del Estado, la concentración de empresas, lobbies, profesionales y servicios asociados.
Precisamente, desde algunos sectores económicos del Estado ya se está planteando la necesidad de calcular el beneficio de la capitalidad y considerarlo un ingreso a descontar para evitar esa situación de agravio y desigualdad que se está produciendo. El problema radica en que plantear esta cuestión es algo que se presenta complicado cuando en Madrid ha calado la idea, subrepticiamente muy calculada por el PP e instalada en amplios sectores sociales, de que su oasis fiscal es el resultado de unas virtudes que nada tienen que ver con su condición de ser la capital del Estado.
En esta coyuntura, la manera de responder al dumping fiscal que está realizando Madrid no es la de eliminar o no el Impuesto de Patrimonio, como ha planteado el diputado general de Araba, Ramiro González, o ha insinuado el de Bizkaia, Unai Rementeria, en su decisión de “repescar” a los contribuyentes fugados, -lo que afectaría a todo el entramado impositivo vasco-, sino la de acometer una reforma del sistema fiscal vasco más acorde a las necesidades que en este momento tiene el conjunto de la sociedad vasca.
Y en este sentido, como bien ha apuntado el diputado de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, Jabier Larrañaga, la cuestión de fondo no está en eliminar o no el Impuesto de Patrimonio o el de Sucesiones, sino cómo mantener el estado de bienestar con el que nos hemos dotado en una situación económica cambiante y con un panorama demográfico que está ya planteando grandes problemas de futuro al generar un aumento imparable del gasto social.
Al margen de otras consideraciones de carácter económico, esa reforma no solo debería dar respuesta a una sociedad cada vez más envejecida, sino también a como estimular el aumento de la natalidad en un país con la segunda tasa más baja de toda Europa, con 7,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes, que irremediablemente va a tener consecuencia en nuestra economía por una disminución de la población activa. Y en este terreno, es necesario poner el foco en la inmigración y establecer procesos de formación que faciliten la adaptación de las cualidades y capacidades de la población inmigrante a las demandas del tejido productivo y social vasco. La inmigración en los cuatro territorios a este lado de la muga supone ya el 27% de su población, de la que el 16,5% procede del Estado español y el 10,5% del extranjero, según datos del Observatorio para el Desarrollo Socioeconómico de Euskal Herria, Gaindegia.
Una realidad que debe ser tenida en cuenta a la hora de plantear un nuevo marco fiscal en el que la desaparición de algunos impuestos no debe suponer una rebaja en la recaudación cuando existen figuras impositivas que pueden paliar con creces esa merma. Lo que sí está claro es que iniciativas como la de tratar de eliminar el tope exento de las rentas irregulares, -aquellas que se reciben en un ejercicio, pero que se ha gestado en periodos de tiempo más largos-, como pretendía hacer la Hacienda vizcaina con los jugadores del Athletic de Bilbao, parece que no parten de un buen diagnóstico a la hora de analizar la realidad, ni es la mejor forma para encarar de manera resuelta los grandes retos que tiene la sociedad vasca a futuro.
