Oposición empresarial
Pocas veces se produce en un sector económico tanta unanimidad en contra de una medida impulsada por las instituciones como la que han expresado los representantes de las asociaciones de todos los modelos de alojamientos turísticos que operan en Gipuzkoa al mostrar sus recelos y divergencias a la implantación de la mal llamada tasa turística.
La primera reunión de la comisión que la Diputación de Gipuzkoa, por medio del departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes cuyo titular es el socialista Denis Itxaso, ha creado para poner en marcha un plan de trabajo con el fin de diseñar un futuro impuesto turístico y en la que han estado presentes los representantes de todos los modelos de alojamientos turísticos del territorio, desde los hoteles a los establecimientos rurales, pasando por las pensiones, campings y pisos turísticos, ha servido de escenario para este rechazo. Prácticamente todo el sector turístico de Gipuzkoa se muestra en contra, en principio, de colaborar en el cobro de ese tributo.
Las discrepancias surgen desde el principio al utilizar un eufemismo para no llamar a las cosas por su nombre y evitar la mala imagen de tener que reconocer que nos encontramos ante un nuevo impuesto a los turistas que se alojen en los establecimientos de Gipuzkoa, si lo recaudado no tiene como fin favorecer la actividad turística y fortalecer la competitividad del territorio. Conceptualmente, las tasas se pagan como contraprestación de recibir un servicio por parte de una entidad pública, algo que parece que no está, de momento, en la filosofía de los promotores de la iniciativa.
El afán recaudatorio está claro, dada la indefinición que a día de hoy existe sobre el destino que las instituciones van a dar a esos recursos, partiendo de la panoplia de objetivos que se plantea desde el departamento de Cultura y Turismo que van desde la financiación de los servicios públicos que utilizan los turistas como seguridad y limpieza, avanzar en las infraestructuras de turismo sostenible o destinarlo a la rehabilitación del patrimonio histórico y cultural de interés turístico.
La Diputación de Gipuzkoa ya ha hecho sus cuentas y atendiendo al número de turistas que utilizaron algún alojamiento en Gipuzkoa durante el año pasado la institución recaudadora, -que a la espera de un informe del Gobierno Vasco no se sabe si serán los ayuntamientos o las propias diputaciones-, ingresaría en sus arcas un total de 1,9 millones de euros con la aplicación de una tasa de 0,50 céntimos y dos euros en función de la categoría del establecimiento donde se haya hospedado el turista.
Al margen de conocer la técnica jurídica para la implantación de este nuevo impuesto y la definición del marco competencial, lo que está claro es que no parece razonable que el 20% de los turistas que pernoctan deban pagar por el uso de los servicios públicos que hacen el 80% de los visitantes de un día que proceden de otros lugares turísticos de Gipuzkoa, de Iparralde o de otros territorios vecinos y limítrofes y que son los causantes de las aglomeraciones que sufre Donostia, sobre todo en el mes de agosto. Parece que esos problemas estructurales no se pueden derivar de aquellos turistas que pernoctan en la ciudad y que también pagan sus impuestos, sino de aquellos que nos visitan sin alojarse en el municipio.
Por otro lado, la experiencia que se tiene de lo que en las Islas Baleares y Catalunya, en concreto Barcelona, que son las dos regiones del Estado que aplican el impuesto turístico, han hecho con los recursos recaudados tampoco genera mucha confianza. En el caso de la región balear, cuya actividad turística está a años luz de la que se registra en Gipuzkoa, gran parte de los recursos obtenidos en el primer año de la aplicación del impuesto se destinaron a la construcción de una planta de saneamiento de aguas, mientras que en lo que se refiere a Barcelona, el ayuntamiento dirigido por Ada Colau ha decidido dedicar los fondos conseguidos a paliar los gastos de las políticas de asistencia social. Por eso se estima que sería necesaria la creación de un ente que garantice que lo recaudado se destine a fortalecer el sector y el destino turístico del territorio.
La puesta en marcha de este debate sobre la implantación de este impuesto turístico se generó hace un año de manera improvisada como respuesta al malestar ciudadano que se registró por la irrupción de los pisos turísticos, los problemas de aparcamiento, etc., o la sensación de colapso en algunas zonas de Donostia, sin tener en cuenta la realidad de un sector que supone el 7,7% del PIB de Gipuzkoa y el 12,3% de la capital guipuzcoana. Una iniciativa que puede tener un efecto boomerang al lanzar un mensaje negativo de un mercado saturado y de la existencia de una turismofobia que reduzcan la competitividad al destino.
Una imagen que la propia realidad lo desmiente a tenor de la importante inversión privada que en los últimos años se está produciendo en Donostia y Gipuzkoa con la construcción de nuevos alojamientos turísticos. En 2017, se pusieron en marcha en Donostia un total de cinco hoteles con 385 plazas, cuatro pensiones con 44 camas y un albergue con una oferta de 152 plazas. En lo que vamos de año, la apertura de hoteles en la capital guipuzcoana se ha fijado en tres con 240 plazas y un albergue con 64. En los próximos meses se abrirán en Donostia once hoteles que ampliarán en 540 la oferta total de camas.
Por eso desde el sector también se está pidiendo que se establezca una especie de moratoria de cuatro o cinco años para la aplicación de este nuevo impuesto, con el fin de ver cómo se comporta el mercado y se va digiriendo el aumento de la oferta hotelera, a lo que hay que sumar la reordenación de los pisos turísticos que han quedado en, aproximadamente, 900 reglados, tras desaparecer unos 400 por no reunir las condiciones requeridas.
También se pide un tiempo de espera ante la necesidad de acometer mejoras en las infraestructuras de acceso al territorio, sobre todo las aeroportuarias, donde Hondarribia sigue siendo la gran asignatura pendiente que no acaba de despegar. En lo que se refiere a las infraestructuras ferroviarias, la llegada del AVE a Gipuzkoa se coloca como un elemento referencial en el cambio que puede registrar el destino turístico, ya que este medio de transporte va a hacer posible la llegada de nuevos turistas, al reducir a la mitad el tiempo que se necesita para trasladarse desde Madrid o Barcelona. No hay que olvidar que estas dos ciudades cuentan con instalaciones aeroportuarias que disponen de unas muy buenas conexiones internacionales.
En medios del sector se estima que la llegada del AVE a Gipuzkoa puede tener un efecto parecido al que se ha producido en Burdeos, donde al acortar a la mitad el tiempo de viaje desde París, ha hecho que muchos parisinos se desplacen a la capital bordelesa para disfrutar de las playas de su entorno, en vez de ir a las de Normandía como lo hacían hasta ahora.
De la misma forma estos años de espera pueden servir también para evaluar de manera más precisa el efecto que los turistas, por un lado, y los visitantes de un día, por otro, tiene sobre los servicios y recursos municipales, que parece que solo tiene incidencia en Donostia, ya que los ayuntamientos de Hondarribia y Zarautz, -los otros grandes destinos turísticos de Gipuzkoa-, todavía no se han posicionado sobre la aplicación del impuesto turístico.
En paralelo, frente a esta gran capacidad inversora que se está produciendo en el turismo de Donostia y Gipuzkoa, -que supone ya el primer sector económico en la capital guipuzcoana y el sexto en el territorio-, se echa en falta también una mayor apuesta por parte de las instituciones a la hora de impulsar el destino turístico como la necesidad de aumentar las conexiones áreas desde Hondarribia y hacer posible una mejora de las ferroviarias, por no hablar de los problemas de tráfico que cada verano se producen en la muga de Biriatu, etc.
Esta apatía choca con las grandes inversiones que desde el sector público se están haciendo tanto en Bizkaia como en Araba para la celebración de grandes eventos, en el caso de la primera, como el impulso de tráfico aéreo en Foronda, en el segundo. Curiosamente, en estos dos territorios no se está planteando la implantación del impuesto turístico, a pesar de la gran apuesta que están haciendo en este terreno. El turismo es una actividad económica que, al igual que otras, necesita contar con escenarios claros de certeza y futuro.